Publicado: octubre 19, 2025, 2:08 am
Que «la nacionalidad española no se regala, se merece» y que «no se pueden convertir barrios enteros en lugares irreconocibles de nuestro país» fueron dos de las consignas que proclamó el pasado martes Alberto Núñez Feijóo en la presentación del nuevo plan migratorio de su partido. Hace meses, la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, defendió que «la nacionalidad no puede ser en ningún caso un regalo» y Santiago Abascal dijo querer «que nuestras calles sigan siendo y pareciendo calles de España». Por eso, en Vox acusan al PP de hacer «Ctrl-C + Ctrl-V [copia y pega]» de sus planes.
El endurecimiento de la postura migratoria del PP, que venían avanzando sus dirigentes en los últimos meses, ha quedado ratificado en un documento que acerca sus planteamientos a los que tradicionalmente ha abanderado la formación de Abascal. No por casualidad, el giro popular se produce en un momento en que los partidos de la derecha pugnan por un voto que cada vez se muestra más preocupado por este asunto: según el último barómetro del CIS, el 50,5% de quienes votaron a Vox en julio de 2023 y el 26,4% de los que apostaron por el PP apuntan a la inmigración como uno de los tres «principales problemas que existen actualmente en España» -en julio eran el 37,3% y el 22,9%, respectivamente-. De ahí que Feijóo se reposicione ahora sobre este asunto, acercándose a las tesis de Abascal. Pero todavía mantiene ciertas distancias clave.
Es en términos discursivos donde más patente se hace el endurecimiento de los planteamientos migratorios del PP, como puso de manifiesto Feijóo en su intervención del martes. Así, los populares han asumido las tesis que venía defendiendo Vox sobre la necesidad de que quienes vienen de fuera se «integren», «para garantizar el compromiso con nuestra democracia y valores comunes». «La nacionalidad debe ser el reflejo de un compromiso profundo con España: con su historia, su lengua y sus valores», dicen los de Feijóo, y en paralelo afirman los de Abascal: «La concesión de la nacionalidad debe ser fruto del esfuerzo por integrarse».
«EXPULSIONES»
Es en la letra pequeña del resto de propuestas que trasladan unos y otros donde afloran las diferencias. La primera, en lo relativo a quién quiere cada partido «expulsar». Los populares piden abiertamente el «retorno» a sus países de origen de aquellos inmigrantes, ya sean irregulares o regulares, condenados por «delitos especialmente graves» o reincidencia en infracciones leves. Es un giro en su postura, pero no alcanza al planteamiento de Vox. El PP no habla de «deportaciones masivas» ni usa el concepto de «remigración», algo que sí hacen los de Abascal. Y, a la lista de personas que los populares abogan por «expulsar», el partido a su derecha añade varios colectivos más: todos los irregulares -delincan o no-, todo aquel «que decida no integrarse en la cultura de la nación que lo acoge» y quienes «hayan venido a vivir del esfuerzo de los demás». La defensa de la expulsión de los migrantes irregulares o que cometan delitos viene respaldada por el 70% de la población española, según la encuesta de Sigma Dos.
MENORES NO ACOMPAÑADOS
Hay un colectivo más al que Vox quiere echar: «todos» los menores migrantes no acompañados. Y este, que motivó la ruptura de los gobiernos autonómicos que compartían PP y Vox, es otro de los puntos que, pese al endurecimiento de Feijóo, sigue generando una brecha con Abascal. Los populares piden que la «gestión» de estos jóvenes «no sea fruto de un reparto arbitrario» y reclaman que el Gobierno central aporte los fondos para atenderlos. Y, aunque ya hablan de «reclamar» a los países de origen que «encuentren a sus familias», aún distan del planteamiento de Vox: quiere «repatriar» a todos los menores que llegan irregularmente a España y rechaza dar financiación, estatal o autonómica, a atenderlos. En lo que coinciden Feijóo y Abascal es en solicitar «pruebas» para comprobar la edad de los jóvenes que llegan.
REGULARIZAR MIGRANTES
También se ha acercado Feijóo a Abascal en lo relativo a qué sucede con los extranjeros que llevan tiempo en España: pide poner fin a las «regularizaciones generalizadas» y «recuperar el carácter excepcional del arraigo». Sin embargo, y aquí llega la diferencia, Vox tiene una postura más extrema: «¡Ni uno más!», reza una de sus campañas, que pide que no haya «ni una» regularización más. Sobre el arraigo, propone «realizar las modificaciones legales oportunas a fin de suprimir» esta figura como herramienta para «permitir la residencia legal de personas que hayan accedido de forma ilegal».
Feijóo y Abascal sí coinciden en reclamar que la concesión de ayudas económicas se vincule a la residencia legal, y no al empadronamiento, y también en lo relativo a qué inmigrantes consideran que pueden quedarse en España. Ambos son partidarios de permitir la estancia a quienes entran de forma regular y vienen a trabajar: los populares proponen un «visado por puntos» para valorar positivamente la «formación, experiencia, idioma e integración» de quienes llegan, y Vox, aunque no ha puesto sobre la mesa la fórmula del «visado», coincide en esos criterios. Ambos, además, abogan por dar prioridad a los inmigrantes hispanos. Esa visión es denunciada desde la izquierda como «islamofobia» o «racismo».
FRONTERAS
Hay un punto clave que aún marca las distancias entre PP y Vox: si los populares piden «impulsar el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo«, los de Abascal quieren «abandonarlo». Sin embargo, sí comparten ambos partidos de la derecha sus propuestas para mejorar el control fronterizo: piden reforzar el número de efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional e intensificar la actividad de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). Vox llega a hablar de impulsar un «bloqueo naval» para «proteger las costas», extremo que no alcanza el PP.
AYUDAS A ONG
Por último, sobre el papel, las derechas discrepan sobre las ONG que ayudan a migrantes. El PP no recoge nada al respecto en su nuevo plan, mientras que Vox es radical: «Eliminaremos las subvenciones a ONG, asociaciones o cualquier entidad que destine sus fondos a promover o ayudar a la inmigración ilegal». Ese planteamiento alcanza incluso a las vinculadas a la Iglesia, como Caritas. No obstante, esta propuesta la han asumido los populares en algunas de las CCAA donde requerían el apoyo de Vox para aprobar presupuestos, lo que deja la puerta abierta a que su postura pueda endurecerse aún más.
