Choque total entre Clavijo y Sánchez por incumplir la sentencia del Supremo que obliga al Gobierno a acoger a 1.200 menores

Publicado: julio 17, 2025, 1:07 am

El 26 de marzo, el Tribunal Supremo dio 10 días al Gobierno para hacerse cargo de los 1.200 menores malienses y senegaleses que han pedido asilo político en España y que actualmente están hacinados en los centros de acogida de las Islas Canarias. Han pasado 113 días y el Ejecutivo no ha acogido a ni uno solo. Y no sólo eso: le está dando largas al Gobierno de Canarias, que va a acudir de nuevo al Tribunal Supremo.

El Ministerio de Migraciones sólo se compromete por ahora a habilitar 250 plazas en las islas en un edificio que no serviría de residencia para esos niños y adolescentes, sino como lugar de «evaluación» y «derivación». Y no acaba de impulsar el alojamiento de 400, un tercio del total, en un centro de Pozuelo de Alarcón (Madrid), como había prometido al Ejecutivo canario. Lo decidirá más adelante.

Así lo acredita la documentación a la que ha accedido EL MUNDO. En un oficio fechado el 11 de julio, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, asegura que «se han iniciado los trabajos para habilitar un centro en Canarias en el que poder realizar la evaluación» de «los perfiles de las personas solicitantes para asignar la plaza que más se adapte a sus necesidades». Ese centro, que se llama Canarias 50 y hasta ahora se destinaba a acoger a mujeres y familias, sigue inmerso en «obras de adecuación», al menos hasta la semana que viene. Y «será el espacio» en el que se centralizará a los menores, pero no para que vivan allí, sino «para, en su caso, la posterior derivación a otro recurso disponible del sistema de acogida de protección internacional».

Y ése es el problema, que ahora mismo no hay ni un solo edificio estatal «disponible» para este propósito.

En la última semana de julio, como pronto, se comenzará a cribar a los menores que tiene que acoger el Estado, pero sólo 250 de los 1.200. Y será el Ejecutivo canario el que recopile toda la información y elija quiénes serán los primeros acogidos. Todo ello, sólo como paso previo.

Por eso el «choque» con el Ministerio es frontal, reconocen en Canarias. Esta «excusa» de las obras del centro Canarias 50 es algo que en el Gobierno insular ven como «una patada hacia adelante» para «ganar tiempo». ¿Por qué? Porque ni siquiera debería ser Canarias el primer destino de esos 250 primeros jóvenes acogidos, entienden en el equipo de Clavijo. El Supremo apunta a derivarlos a otras comunidades, porque hay una situación de «hacinamiento» en Canarias y hay que corregirla.

Se da la circunstancia de que el Gobierno nacional se queja de que las autonomías no acogen a menores migrantes de Canarias mientras él hace lo mismo. El Supremo, de hecho, ya ha amenazado con sanciones por incumplir claramente su fallo. El Alto Tribunal «ha ordenado al Gobierno la urgente adopción de medidas», y «en caso de incumplimiento de lo ordenado, advierte sobre la imposición de medidas coercitivas a quienes sean responsables de la adopción de las medidas», apuntó.

El Consejo de Ministros de la próxima semana tiene previsto aprobar una declaración de emergencia y una partida de 40 millones para derivar a los menores solicitantes de asilo. Pero Clavijo no se fía y ya se ha cansado de esperar. Por eso el Ejecutivo canario presentará este viernes una queja ante el Tribunal Supremo por «la nula colaboración» que percibe en el Gobierno de España para cumplir sus autos.

«Lo que sabemos es lo que nos han dicho. Después de dos autos del Supremo, el Gobierno de España, que está en las batallitas políticas de Madrid, lo que está demostrando es que no quiere sacar a los menores migrantes de Canarias y no quiere atenderlos. Si los ha dado de alta en el sistema de protección internacional, ha sido obligado por dos autos del Supremo, porque ya le apercibían con multas», aseguró ayer el presidente del Gobierno de Canarias. Clavijo sostiene que el Estado emplea «tácticas dilatorias» para no hacerse cargo de esos niños y adolescentes.

El 7 de julio y el 10 de julio, el Ejecutivo de Fernando Clavijo requirió al Ministerio que determinara los recursos de acogida los menores, pero la secretaria de Estado de Migraciones le ha contestado requiriéndole más información.

En concreto, «enfermedades graves o contagiosas que pudiesen sufrir las personas menores con el fin de tomar las medidas adecuadas para su tratamiento y prevenir su transmisión», así como la «edad exacta de los menores para organizar asuntos como la atención médica y la organización del centro», y la «remisión del expediente completo de cada persona con información de su itinerario de integración, tiempo de acogida, fecha de llegada, arraigo, formación, escolarización, etcétera».

Pero todo eso, sin fecha, porque el oficio de Pilar Cancela en poder de este diario «reitera» que en cuanto finalicen las «obras» se «comunicará al Gobierno de Canarias para la derivación, en su caso, de los primeros 250 menores». Pero sin poner plazos.