Publicado: octubre 21, 2025, 1:07 am
La autopista de 78 kilómetros que conecta Asturias con el resto de España por el sur ha provocado un choque frontal entre el Principado y el Gobierno central. El presidente autonómico, Adrián Barbón, se ha puesto a la cabeza de la exigencia de eliminación del peaje de la AP-66, que atraviesa la Cordillera Cantábrica por el valle del Huerna, a lo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se opone a través de su ministro de Transportes, Óscar Puente, que esgrime como argumento las «consecuencias económicas y jurídicas» que tendría adelantar el fin de una concesión con vigencia hasta 2050.
Precisamente en la prolongación de esa adjudicación para la explotación del tramo de carretera de pago que discurre entre la localidad asturiana de Campomanes y la leonesa de Valverde de la Virgen radica discrepancia entre representantes del PSOE que defienden intereses contrapuestos. Barbón se aferra al dictamen de la Comisión Europea que concluye que el cobro «es ilegal» porque debería haberse realizado un nuevo procedimiento de licitación en vez de aplicar una prórroga. Puente aduce, a su vez, que la resolución «no es vinculante» y que la rescisión antes de tiempo del derecho de explotación que posee la sociedad Aucalsa conllevaría «unas indemnizaciones con cuantías disparatadas».
Alrededor de 5.000 personas se manifestaron el viernes por las calles de Oviedo convocadas por la Unión Independiente de Transportistas Autónomos (Uita) y cooperativas del sector, la Plataforma Ciudadana Peaje del Huerna No y el ex diputado autonómico Daniel Ripa (Podemos), impulsor de la denuncia ante Bruselas para exigir que la autopista deje de ser de pago. La protesta fue secundada por el Ejecutivo asturiano, con el presidente en la fila por detrás de la pancarta, y -salvo por Vox– apoyada también por el resto de partidos con representación en la Junta General del Principado. «Incluido el FAC [partido fundado por Francisco Álvarez-Cascos, ahora Foro Asturias ya sin él]», precisa el ministro de Transportes, lo cual, añade, es «una cosa loquísima».
La argumentación de Puente es que la adjudicación de la explotación de la AP-66 fue prorrogada hasta 2050 en 2000 -21 años antes de que llegara su vencimiento- por el Gobierno de José María Aznar, del que formaba parte Álvarez-Cascos. «Igual la agenda de los políticos asturianos está un poco desenfocada. Igual creen que esto es un asunto muy importante, pero se ve que para Cascos no lo fue porque, después de fundar el FAC, le dieron el Gobierno de Asturias [2011-2012] a pesar de que fue él quien amplió la concesión», subrayó el ex alcalde de Valladolid la semana pasada en Onda Cero.
Barbón ha dicho no darse por «aludido» por las declaraciones de su compañero de partido, que llegó a decir que «no está justificado que Asturias esté con este tema en el centro del debate». El presidente del Principado -uno de los cuatro ejecutivos autonómicos en manos del PSOE- no oculta su malestar con la posición mantenida sobre este tema desde La Moncloa, aunque trata de sacar partido a la situación poniendo el foco en el responsable del PP en su comunidad, Álvaro Queipo, quien, a su vez, le reclama que «deje la sumisión» y negocie en Madrid la supresión del peaje. El barón socialista le ha llegado a recriminar en sede parlamentaria: «Mientras discrepo de un Gobierno de mi mismo signo político en el presente, usted es incapaz de discrepar de un Gobierno de su mismo signo de hace 25 años».
Dictamen de la Comisión Europea
«Asturias tiene todas las de ganar», ha incidido Barbón en múltiples declaraciones públicas en las últimas semanas. «Esa prórroga es ilegal. No lo digo sólo yo, lo dicen nuestros servicios jurídicos en base al dictamen de la Comisión Europea (…), que fue muy clara y contundente. Y eso, para nosotros, es el elemento clave y nuclear», añade.
La Comisión Europea requirió el pasado mes de julio a España que «respete las normas de la UE en materia de contratación pública» respecto a la ampliación del peaje de la AP-66 y también del de la AP-9, que discurre entre Ferrol y la frontera portuguesa. El organismo que preside Ursula von der Leyen sostiene que estas prórrogas «constituyen modificaciones sustanciales equivalentes a la adjudicación de nuevos contratos de concesión y, por lo tanto, requieren un procedimiento de licitación» y amenaza con llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
«Si alguien nos dice de dónde sacamos los 20.000-30.000 millones de euros para rescatar las autopistas…», se defiende, a su vez, Puente, que sostiene que aplicar una medida de este tipo «arrastraría al resto de las concesiones». Asimismo, apunta que cuando llegó Sánchez al Gobierno había 2.400 kilómetros de vías de peaje y que ahora son 1.400, que 1.000 «se han liberado» pero a medida que las adjudicaciones han ido venciendo.
