Chivite dio 76 millones a la empresa de Santos Cerdán gracias a un informe irregular del Ministerio de Transportes

El Gobierno navarro de María Chivite otorgó en 2024 a la empresa Servinabar 2000 SL, de cuyo accionariado poseía un 45% el ex número 3 del PSOE Santos Cerdán, un contrato público de 76 millones gracias a un informe solicitado de forma irregular al Ministerio de Transportes y adosado al expediente de adjudicación fuera de plazo, según ha podido comprobar EL MUNDO documentalmente y por medio de testigos directos de los hechos.

La empresa no había acreditado solvencia técnica suficiente para poder realizar la obra y el presidente de la mesa, en lugar de solicitarle más información, se lanzó por sí mismo a arreglarlo. Al final apareció como por ensalmo un informe del Ministerio de Transportes que subsanó la deficiencia, pero dos meses después de cerrada la propuesta de adjudicación.

Según el interventor, el informe de Transportes, pedido para salvar la adjudicación a la firma de Cerdán, fue solicitado por la propia dirección general de Obras Públicas, pero el Gobierno regional sostiene que el presidente del órgano instó verbalmente a Acciona, que concurría junto a Servinabar por el contrato, a que lo pidiera a Transportes. Un trance que no queda claro -el interventor ha llegado a denunciarlo ante la oficina anticorrupción navarra-, pero lo que nadie pone en duda es que el papel se presentó dos meses fuera de plazo.

El contrato de Belate es investigado ahora junto con otros cinco por el Gobierno de Chivite por la posible comisión de trato de favor hacia la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Acciona y Servinabar, y más en concreto hacia esta última, la firma que según lo investigado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) era en un 45% propiedad de Cerdán, padrino político de Chivite y factótum en la sombra del socialismo navarro hasta su expulsión del PSOE hace 10 días, por presuntamente cobrar mordidas a cambio de adjudicar contratos públicos.

Otra de las instituciones investigadas por la Guardia Civil es precisamente el Ministerio de Transportes, a cuya dirección general de Carreteras acudieron los agentes la semana pasada para recabar datos solicitados por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. El contrato del túnel de Belate es el más importante y también el más sospechoso de los seis logrados por Servinabar desde que Chivite llegó al poder, que suman entre todos ellos un total de 100 millones de euros públicos.

Para miembros de la mesa consultados por este diario, su aprobación -con tres votos particulares en contra- supuso un evidente trato de favor hacia Servinabar, además de que suscitó preguntas en el parlamento navarro -despejadas por la mayoría de Gobierno que apoya a Chivite- y finalmente fue censurado por el órgano fiscalizador foral, la Cámara de Comptos. Miembros de la mesa de contratación consultados por este diario afirman que, en ella, «prácticamente todo lo que se pudo torcer se torció» para que la pequeña firma, que no ha llegado a tener más de 10 empleados, se llevara el megacontrato.

El presidente esperó a que los demás miembros de la mesa calificaran para desnivelar todo con su votación (y se negó a ser relevado por un suplente cuando se le afeó la maniobra), y las calificaciones de la mayoría no fueron valorativas, sino «apenas descriptivas», según estas fuentes: «Todos sabíamos que [Servinabar] era una empresa ñapa, que estaba ahí no se sabía muy bien por qué, y hasta cinco miembros de la mesa habíamos escuchado, antes del inicio de las deliberaciones y por distintos cauces, que ese contrato se lo tenía que llevar necesariamente esa UTE».

La ausencia de prueba suficiente de solvencia técnica de las firmas provocó un agrio cruce de emails entre el presidente , Jesús Polo, y varios miembros de la mesa preocupados por estar prevaricando al permitir que ganara el contrato una UTEque no cumplía las condiciones para concursar. Las firmas debían probar que habían realizado túneles por valor superior a 62 millones de euros -el inicialmente calculado en Belate- en los cinco años anteriores, pero en realidad, mostrando su trabajo en el túnel de Monrepós (Huesca), sólo llegaban a 1,5 millones.

En lugar de solicitar a la UTE más datos, Polo comenzó a realizar interpretaciones de lo aportado por la UTE «a cual más extraña». El tira y afloja devino incluso en acusaciones de falta de respeto, y finalmente apareció el informe de Transportes, que aseguraba que los trabajos de Acciona en el túnel de Monrepós se cifraban en 77 millones. Pero apareció fuera de plazo, el 20 de diciembre de 2023. La propuesta de adjudicación era del 23 de octubre.

La Cámara de Comptos censuró ese desfase, y señaló: «Todos los intervinientes deben disponer de la misma información que garantice la imparcialidad de sus puntuaciones». Diciendo, sin decirlo, que no se había respetado dicha imparcialidad -el actual secretario de la Cámara de Comptos fue secretario de pasadas mesas de adjudicaciones a Servinabar, por ejemplo en la obra de Archivo General, donde la firma se llevó contratos sin siquiera cumplir con el objeto social para poder concurrir-.

De remate, como represalia y en un lance ya lamentablemente surrealista, el díscolo secretario de la mesa fue incluso desterrado a desarrollar su labor a una nave suburbial, denunció los hechos y ha sido reintegrado en su ubicación anterior.