Publicado: agosto 6, 2025, 10:07 pm
En China anunciaron al comienzo del verano que su fiscal general, Ying Yong, visitaría a mediados de julio Cuba, un régimen aliado, donde sería recibido por el presidente Miguel Díaz-Canel. Lo que en un principio no aparecía en la agenda era que este veterano político del Partido Comunista Chino (PCCh), antes de regresar a su país, haría una parada de dos días en Madrid. Aquello ocurrió el pasado 21 de julio.
No es casualidad que haya sido España el único país europeo que ha visitado el fiscal chino en los dos años y medio que lleva en el cargo. Desde que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) paralizara en 2022 la extradición a China desde Polonia de un ciudadano taiwanés arrestado por fraude, entre las potencias de la Unión Europea que tienen acuerdos de extradición con el gigante asiático, sólo España ha continuando entregando detenidos de nacionalidad china y taiwanesa a las autoridades de la República Popular a pesar de que muchas organizaciones humanitarias y tribunales internacionales recuerdan a menudo que Pekín no respeta los derechos más fundamentales en sus centros penitenciarios.
Ying (67 años) aterrizó en Madrid en visita oficial acompañado por un séquito formado por los jefes de la Fiscalía de varias provincias chinas. La primera reunión la tuvo con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, antes de que Tribunal Supremo confirmara su procesamiento por un delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Ying se reunió después con Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional.
Era la primera vez desde 2009, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno español, que un fiscal general chino visitaba España. Ahora, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, inmerso en un acercamiento a Pekín, con hasta tres viajes del presidente y con la figura de Zapatero como relaciones públicas, sigue estrechando los vínculos, incluso en el ámbito judicial.
Ying firmó con García Ortiz y Conde-Pumpido dos memorandos de cooperación, sobre todo a la hora de compartir material e información jurídica pertinente para reforzar la lucha contra el crimen transfronterizo. Este era el resumen que hacía la nota publicada por el Ministerio Fiscal español. El comunicado del lado chino fue más amplio: «La Fiscalía Popular Suprema de China está dispuesta a trabajar con el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de España para implementar conjuntamente el plan de acción bilateral bajo la guía estratégica de los líderes de ambos países. Como componente crucial de la asociación estratégica integral, la cooperación en el campo de la aplicación de la ley y la administración de justicia ha seguido fortaleciéndose».
Imagen de Yin Yong y Cándido Conde-Pumpido
Antes de ser el mandamás en la Fiscalía de la segunda potencia mundial, Ying hizo carrera en la prospera provincia de Zhejiang, donde fue subdirector de policía, jefe anticorrupción y presidente del Tribunal Superior provincial, coincidiendo en la etapa en la que el líder del PCCh en esa región era el actual presidente Xi Jinping. También llegó a ser alcalde de Shanghai, pero no ganó notoriedad nacional hasta la pandemia, cuando gestionó con éxito los primeros cierres y confinamientos como secretario del partido en Hubei, la provincia donde se encuentra Wuhan, el epicentro de los primeros contagios.
La visita de Ying a España coincidía con la polémica con Huawei por los contratos firmados del Ministerio del Interior que han sido criticados en Estados Unidos y en la Unión Europea, donde advierten de los «peligros» de poner los sistemas críticos en manos de la compañía china. Este último viaje para estrechar aún más los lazos entre las dos administraciones no ha hecho ninguna gracia especialmente en Taiwan, la isla con una joven democracia que Pekín considera parte de su territorio. Allí no olvidan que a los tribunales españoles no les tiembla el pulso a la hora de extraditar a taiwaneses a China.
Desde la sentencia sin precedentes del TEDH, que bloqueaba la extradición desde Polonia del taiwanés Hung Tao Liu, las grandes economías de la UE no han entregado a ninguna persona reclamada por Pekín. Pero los últimos dos años, entre las nueve extradiciones autorizadas por el Gobierno español, al menos se habría ejecutado la de un detenido por un delito de estafa que se encontraba en la cárcel de Soto Del Real, quien fue enviado el año pasado a China.
El caso más sonado de taiwaneses extraditados se remonta a 2016, cuando en Madrid, en el marco de una operación policial contra una macro estafa telefónica, la Policía Nacional detuvo a más de 200 personas, la gran mayoría ciudadanos taiwaneses que vivían en una veintena de chalés reconvertidos en centralitas telefónicas. Trabajaban de madrugada para llamar en horario diurno a China y estafar a sus víctimas haciéndose pasar por policías chinos. En esta trama también se encontrada Hung Tao Liu, quien huyó de Polonia antes de que lo arrestaran.
Desde Taipei pidieron al Gobierno español, entonces presidido por Mariano Rajoy, que los detenidos fueran extraditados a Taiwan y no a China, donde se enfrentaban a cadena perpetua y no tendrían ninguna garantía legal dentro de un sistema judicial nada transparente y controlado por el gobernante Partido Comunista. Pero las autoridades chinas reclamaron la vuelta de los estafadores a su territorio y la Audiencia Nacional no puso ningún impedimento.
Durante los siguientes tres años, más de un centenar de taiwaneses fueron extraditados a China. Sus familias no han vuelto a saber nada de ellos. «No sé si mi hijo está vivo. El historial de torturas y desapariciones que tienen las autoridades chinas hace que nos pongamos en lo peor», contaba a este periódico Zhuo, padre de un chico llamado Teo que fue detenido y deportado en una operación antifraude.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dio entonces un tirón de orejas a España citando su compromiso declarado de evitar las deportaciones a países con una alta probabilidad de tortura o pena capital.
