Publicado: mayo 15, 2025, 2:07 am
La asesora de La Moncloa que asiste a Begoña Gómez estuvo en numerosas reuniones relacionadas con la cátedra de la esposa del presidente del Gobierno en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y abordó gestiones sobre pagos.
El juez Juan Carlos Peinado citó ayer como testigos a representantes de empresas tecnológicas que colaboraron con Gómez en la elaboración de un plataforma vinculada al máster que dirigía. El primero en declarar fue el jefe de Proyecto de Google, que explicó que mantuvo decenas de reuniones con Begoña Gómez y precisó que la asesora, Cristina Álvarez, estuvo presente en entre 10 y 15 de los encuentros. Añadió que con Álvarez mantuvo, ya individualmente, llamadas relacionadas con los pagos a algunos socios de Google en el proyecto.
También testificaron Miguel Escassi, responsable institucional de Google; Luis Abril Mazuelas, responsable de Minsait y director general de Indra; y Rosauro Varo, del Consejo Asesor de Telefónica. Las preguntas del magistrado se dirigieron a certificar que los trabajos de sus compañías eran para la Complutense, no para Begoña Gómez.
Al margen de la posible apropiación indebida de esos trabajos por parte de Gómez, el juez Peinado indaga específicamente si la asesora ejercía tareas eminentemente privadas para la esposa del presidente, relacionadas con su vida profesional. A juicio del instructor, podría suponer un delito de malversación.
Las reuniones y las llamadas referidas a ciertos pagos se sumarían a correos incorporados a la causa referidos al máster en los que la asesora era destinatarias. También consta en las diligencias un correo en el que, a petición de Begoña Gómez, la Álvarez plantea a Reale Seguros que siga adelante con el patrocinio de la cátedra, de la que se había desvinculado. La defensa de la asesora sostiene que estas actuaciones encajan en las tareas de acompañamiento y asistencia de la asesora y no son irregulares.
Sobre la contratación, el juez había citado ayer a dos cargos de La Moncloa, uno como testigo y otro como investigado. Este último, el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Su paso ante el instructor fue fugaz: le hizo saber que ha recurrido su imputación y que solo iba a responder a su defensa, que ejerce la Abogacía del Estado. En apenas un minuto, indicó que no había tenido relación con la contratación y que tampoco disponía de elementos para cuestionar su legalidad o considerar que había ejercido funciones ajenas a su cargo. Y precisó que él llegó a La Moncloa en 2021, tres años después de a contratación de la asesora.
Antes había comparecido Raúl Díaz Silva, coordinador de Personal de La Moncloa. Aunque como testigo él si estaba obligado a responder a todas las partes y todas las preguntas, su declaración no fue más fructífera que la del delegado del Gobierno. De hecho, el juez suspendió la diligencia y volvió a convocarle para el día 28, dándole tiempo así para buscar la información que le reclamaba: quién había redactado la respuesta al juzgado que recogía las funciones de la asesora. El documento lo firmaba el testigo, pero no lo había redactado él materialmente, ni ayer sabía quién lo había hecho.
Ese documento en el que se centró el juez establecía que «la empleada pública de Presidencia de Gobierno, Dña. María Cristina Álvarez Rodríguez, desempeña tareas de colaboración inmediata, de carácter logístico y organizativo en el marco de la atención a la esposa del Presidente del Gobierno, en las que predominan las notas de afinidad inherentes a la confianza».
