Publicado: junio 1, 2025, 10:07 pm
Desde su creación, en 2003, hasta su desaparición, sepultada por los escándalos en 2011, la Fundación Pública Fondo de Formación y Empleo, más conocida por sus siglas, Faffe, fue una auténtica agencia de colocación en la que encontraron un hueco, y una nómina con cargo a fondos públicos, decenas y decenas de ex cargos, militantes y familiares del PSOE andaluz. Hasta 85 ha llegado a identificar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el último atestado remitido al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que investiga los enchufes en esta entidad de carácter público que se creó, en teoría, para formar a los parados andaluces y que se nutría, fundamentalmente, de subvenciones de la Junta de Andalucía, entonces controlada por los socialistas.
Entre esos 85 supuestos enchufados había ex alcaldes, ex candidatos, hijos de altos cargos… pero destaca el nombre de Carmen Ibanco, la esposa del actual portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, que era viceconsejero de Medio Ambiente cuando ella fue contratada en 2007 en un proceso que los especialistas en corrupción de la Guardia Civil no dudan en calificar de irregular tras constatar que no se respetaron los «principios generales de publicidad, objetividad, imparcialidad e igualdad de oportunidades», a lo que hay que sumar el carácter «arbitrario» del ascenso del que se benefició al cabo de un año, con un aumento de sueldo de alrededor de 3.500 euros anuales.
El caso de la mujer del ex secretario general del PSOE andaluz es solo uno de esos 85, pero la forma en la que se llevó a cabo lo convierte en un paradigma de una forma de actuar, de un modus operandi que se repetía en la mayor parte de las contrataciones, con un patrón muy parecido y unas pautas que los investigadores de la UCO han identificado en su investigación.
Así, señala la Guardia Civil que en muchos casos las contrataciones se hacían, directamente, sin llevar a cabo proceso de selección alguno y, cuando lo había, éste estaba plagado de irregularidades. Para empezar, no se daba publicidad a la mayor parte de las ofertas laborales, a pesar de que la norma interna exigía la publicación de los anuncios en medios de comunicación.
En la fase posterior al «reclutamiento», precisa este último atestado de la UCO, los responsables de Recursos Humanos de la Faffe procedían a una preselección que, en teoría, se hacía en base a una baremación de los currículos «acorde con unos criterios y puntuaciones preestablecidas», pero, sin embargo, no se ha hallado documentación alguna de dichas baremaciones ni mención alguna a este trámite. En los casos en los que hay alguna referencia, se observa «sin justificación objetiva» cómo se decide llamar a la siguiente prueba, la entrevista personal, a la persona que a la postre resultaría contratada.
A esto hay que sumar que todas las personas que entraban en el proceso cumplían los requisitos para el puesto, pero los responsables de la Faffe se decidían por una de ellas «sin que consten los criterios previos ni el cotejo de los currículos».
La entrevista personal era, de hecho y salvo en contadas ocasiones, la única prueba a la que se sometía al futuro empleado de la fundación y a la que solo era llamado el elegido para el puesto. Y en todos los casos se incumplía la obligación de contar con el visto bueno de las consejerías de Economía y Hacienda y de Justicia y Administración pública.
Más allá del procedimiento de contratación, la UCO también ha confirmado que algunos de los contratados no llegaban a trabajar en la Faffe, sino como asesores del consejero de Empleo de turno y otros se beneficiaban de un suplemento salarial que no estaba recogido en los convenios colectivos ni justificado de ninguna forma.
Además del caso de Carmen Ibanco, hay otros fichajes que llaman la atención, como el de Mustapha El Karkri El Hamdouni, a quien se le hizo la entrevista personal el día anterior a reclutar a los posibles candidatos, que es el primer paso para seleccionar y contratar personal. «Resulta completamente ilógica la sucesión de fechas que se muestra en el expediente. Todo ello podría apuntar a la existencia de un proceso selectivo creado ad hoc, para dotar de legalidad la contratación del investigado», concluyen los investigadores. Según la denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios sobre el enchufismo en la Faffe, El Hamdouni fue secretario de Inmigración en la Comisión Ejecutiva de la Agrupación del PSOE-A Julián Besteiro de Sevilla.
La sobrina de Cándido Méndez
Entre los enchufados está también Candela Aparicio Méndez, sobrina del ex líder sindical de UGT Cándido Méndez, que fue contratada en la Faffe precisamente por sus vínculos familiares, como ha revelado una testigo a los investigadores. Así, una trabajadora de la fundación recibió una llamada de un directivo, que le pidió que la fichara: «¿Te imaginas el porqué?». La empleada respondió que sabía que es sobrina del ex secretario general de UGT.
«A esta persona se le hizo una entrevista de trámite porque ya se sabía que iba a ser contratada. Este contrato, como todos, se hizo en Sevilla», contó la testigo a la UCO.
También trabajaba en la Faffe el dirigente de UGT en Sevilla Alberto Eduardo Márquez Rodríguez. En su expediente laboral se hace constar que se analizaron los diferentes currículos de las personas que optaron a su puesto, si bien el representante sindical fue el elegido porque se adaptaba mejor al «perfil».
Sin embargo, entre la documentación analizada, «no se ha encontrado información alguna que acredite dicho análisis y su motivación, ni de la existencia de los diferentes currículos para así poner en contraste unos con otros», detalla el atestado de la UCO.
Otro elemento llamativo es que Márquez fue contratado en la Faffe el 7 de mayo de 2010, justo un año antes de su extinción, mediante un contrato de obra o servicio de duración determinada por un periodo de 5 meses, si bien su vinculación en la fundación se alargó hasta la extinción de esta para, posteriormente, pasar subrogado al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
La extinción de la Faffe y el trasvase de su personal al SAE, donde sigue trabajando, se hizo a través de la conocida como Ley del Enchufismo, la Ley de Reordenación del Sector Público que impulsó el Gobierno presidido por el socialista José Antonio Griñán justo antes de que se celebraran las elecciones andaluzas de 2012 que, según vaticinaban las encuestas, iba a ganar el PP. Los populares lograron la victoria, pero la alianza del PSOE e Izquierda Unida les arrebató el poder.
