Publicado: noviembre 3, 2025, 12:07 am
La foto es inédita. Un fiscal general sentado en el banquillo. Lo extraordinario de la situación, sin embargo, no ha hecho mella en el apoyo que el Gobierno muestra a Álvaro García Ortiz. El propio Pedro Sánchez se ha puesto a la cabeza de ese cierre de filas, al no tener cortapisas en expresar públicamente «la confianza del Gobierno en su fiscal general». Ni siquiera durante el último año -el Tribunal Supremo abrió causa contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos el 16 de octubre de 2024- se han permitido titubeos públicos. «En este país eres inocente hasta que se demuestre lo contrario», sostienen fuentes gubernamentales. «Lo importante es que estamos en el proceso judicial, pero aún no ha habido fallo».
La investigación judicial al fiscal general es un asunto con varias aristas para el Gobierno. La primera, porque es una persona de confianza designada por La Moncloa. Lo segundo, porque la presunta revelación de secretos ha puesto el foco en el complejo presidencial, teniendo que declarar dos ex altos cargos de Moncloa –Pilar Sánchez Acera, asesora del entonces jefe de Gabinete, y Francesc Vallés, ex secretario de Estado de Comunicación- en las indagaciones para determinar la procedencia de la filtración del correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que reconocía al fiscal la comisión de «dos delitos contra la Hacienda Pública».
La tercera arista es, precisamente, la involucración de la presidenta de la Comunidad de Madrid en este asunto, que ha propiciado una escalada en el choque entre el ejecutivo madrileño y el central, con un cruce constante de acusaciones y en el que ninguna de las dos partes está dispuesta a ceder. Porque si trascendente es el frente judicial, no lo es menos el político. Y ahí, La Moncloa y la Puerta del Sol no dejan de echar carbón a la caldera.
«Hemos defendido siempre que la situación del fiscal general es sostenible y lo seguimos haciendo», explican distintos miembros del Gobierno. Pero en esa defensa cerrada se colaron algunos matices. Primero fue la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien en medio del cierre de filas sin fisuras impuesto por La Moncloa puso la pelota en el tejado de García Ortiz. «La ley no prevé expresamente un supuesto de dimisión en este caso concreto. Por tanto, es una decisión personal que tiene que tomar el fiscal general», dijo ya en verano.
«Este asunto nos ha salpicado mucho», es el resumen que hacen distintos cargos socialistas. En el seno del PSOE hay personas con responsabilidades nacionales y autonómicas que consideran que ese apoyo cerrado a un fiscal general sentado en el banquillo les está generando un desgaste. Que igual habría que haber marcado más distancia. Y son varios los que abogan porque el camino tendría que haber sido una dimisión de García Ortiz, para evitar el daño institucional a la Fiscalía y al propio Gobierno, empeñado en su defensa. «Está claro que ya no hay más camino si es condenado. Hay un límite legal al apoyo», relatan fuentes socialistas. El borrado del móvil por parte de García Ortiz fue un hecho que provocó desconfianza y desaprobación dentro del PSOE y del Gobierno.
En La Moncloa no ven problema en que García Ortiz mantenga su cargo pese a que esté sentado en el banquillo. «Se le puede sostener, aunque afronte un juicio oral», dicen en el Ejecutivo. Eso sí, si es condenado, todo el mundo admite que el escenario cambia y no hay más alternativa que su salida. «Con las pruebas que hay, le defendemos hasta el final. Creemos que es inocente y por eso no tiene que dimitir», insisten fuentes gubernamentales. «Es perfectamente sostenible en un Estado de Derecho con presunción de inocencia».
«Nosotros confiamos en su palabra, en que él no cometió ningún hecho que fuera irregular y, sobre todo, creemos que es una persona comprometida con el servicio público», expuso el viernes Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y Justicia. «Estoy convencido de que va a tener un juicio donde se va a poder demostrar todo y estoy convencido de que el Tribunal Supremo va a dictar una sentencia que va a ser justa y que, por cierto, va a terminar con este proceso».
La máxima sigue siendo en el complejo presidencial que «no es un delito desmentir un bulo», porque, dicen, eso fue lo que quiso hacer García Ortiz. El argumentario que todos estos meses han empleado los ministros ha sido: «Lo que se ha visto desde el primer momento es que la Fiscalía lo único que hizo fue desmentir un bulo que se había lanzado desde Puerta del Sol».
