Publicado: marzo 19, 2025, 7:07 pm
El ‘modelo penitenciario vasco’ liderado por el PNV y que ahora gestiona el PSOE vasco ha recurrido a 136.488 horas extras de sus funcionarios desde octubre de 2021. El descontrol llega hasta tal punto que el director de Servicios Penitenciarios Pablo Martínez ha tenido que rectificar una información oficial remitida el pasado 25 de febrero que aseguraba un gasto de 1,4 millones de euros. Esta misma mañana y tras comparecer en el Parlamento Vasco, Martínez ha comunicado que el gasto asciende a 2.047.330 euros con los que se han abonado 136.488 horas extra. La falta de personal en las tres cárceles fue asumida sin reparo por el Gobierno de Urkullu que recibió la transferencia sin negociación porque, como confesó el presidente del PNV Andoni Ortuzar, fue una concesión de Pedro Sánchez a Bildu. Tres años y cinco meses después, hay 1.762 presos que saturan los centros de Zaballa, Basauri y Martutene. Con la marcha de 87 funcionarios la pasada semana, el Gobierno vasco recurrirá a 200 interinos; la mayoría jóvenes que sin formación ya vigilan los atestados módulos vascos.
El nuevo director general del Servicio Penitenciario vasco Pablo Martínez ha intentado minimizar el caos organizativo que envuelve a las tres prisiones vascas. La primera comparecencia de un responsable de prisiones del Departamento liderado por María Jesús San José ha mostrado sin tapujos las condiciones del traspaso de las prisiones. Martínez ha reconocido que faltaban funcionarios en Zaballa desde el primer momento y que se abrieron módulos «con menos personal de un servicio normalizado».
El Gobierno vasco remitió el pasado 25 de febrero al parlamentario del PP vasco Santiago López el pago de las horas extra de los años 2021, 2022, 2023 y 2024. En esta información oficial se establecía que en 2024 el coste había sido de 64.443,7 euros. Una cantidad significativamente menor a los 529.461 euros de 2022 y a los 828.568 euros de 2023. En los apenas tres meses de 2021 se pagaron 6.656 euros en extra.
Pero la respuesta parlamentaria incurría en un «error» que Martínez no había comunicado antes de su comparecencia ni durante la misma aunque ha sido confesado tras abandonar la sala parlamentaria. El «error» es que en 2024 se destinaron 682.665 euros y no los 64.443,7 reconocidos inicialmente.
Los datos del propio Gobierno vasco no dejan lugar a dudas, como ha recalcado el parlamentario del PP vasco Santiago López. El Departamento de Justicia ha destinado desde octubre de 2021 casi más de 2 millones de euros para pagar estas horas extra. El número total de las mismas asciene a 136.488 horas, una cifra estratosférica inadmisible en cualquier administración y, por supuesto, en las empresas privadas.
Para paliar el déficit de funcionarios se ha recurrido a la contratación de interinos que ascenderán a un total de 200 (ya hay 105 en los módulos carcelarios) para compensar la marcha de 87 funcionarios que optaron a otros puestos de trabajo en cárceles españolas en el último concurso de traslados. Los interinos vascos cuentan con una formación exprés de diez días y una tutorización por otros compañeros ya en sus puestos de trabajo. Martínez ha anunciado que en las próximas semanas se anunciará una nueva bolsa de trabajo para vigilantes penitenciarios a los que el ‘modelo vasco’ denomina en su Relación de Puestos de Trabajo (RPT) «agentes de convivencia». El encargado por la consejera San José de solucionar el caso organizativo carcelario ha puesto en entredicho el cursillo exprés de díez días que se imparte. «Lo que te da la experiencia es el patio, el cuerpo a cuerpo», ha manifestado uno de los responsables de la incorporación acelerada de interinos. En su explicación sobre los perfiles interesados en ser funcionarios de prisiones ha descartado «al cajero o a la cajera de Eroski que va a probar [a la bolsa]» y que «no tiene claro» su trabajo en una prisión y abandona antes de entrar en un centro penitenciario.
El desbarajuste organizativo en las prisiones vascas tendrá un nuevo capítulo el próximo mes de mayo cuando vence la contratación de 50 interinos que desempeñaban las tareas de administración central del ‘modelo penitenciario vasco’. Martínez ha reconocido que no continuarán en sus puestos pero se ha mostrado convencido de que con «los puntos» de experiencia acumulada podrán optar a ser funcionarios cuando se convoque una futura Oferta Pública de Empleo. El plazo más breve previsto para esta OPE es finales de 2026.
Los centros de Zaballa, Basauri y Martutene cuentan con 447 presos más que el límite de la «capacidad operativa» calculada por el propio Gobierno vasco. El exceso de reclusos es especialmente preocupante en la prisión vizcaína de Basauri con 276 internos por encima del número máximo admitido en las estimaciones de capacidad del Departamento de Justicia. La explicación ofrecida por Martínez a este saturamiento se basa en que desde 2021 se ha incrementado en 300 personas el número de presos. Parte de ellos han sido por traslados desde otras prisiones españolas. El 100% de los presos de ETA que solicitaron ser acercados a las prisiones vascas lograron su objetivo. Pero solo el 24% de los ‘comunes’ fueron aceptados.
«Todos los presos de ETA tienen arraigo», ha advertido Martínez que atesora una amplia experiencia de más de tres décadas en las prisiones de Euskadi. El nuevo director de instituciones penitenciarias ha admitido el uso «más que puntuales» de las horas extras desde octubre de 2021. Los funcionarios de prisiones y sus representantes sindicales han denunciado el recurso a las ‘peonadas’ en las prisiones vascas y el ex director de Zaballa Benito Aguirre manifestó públicamente que recurría sistemáticamente a ellas para asegurar la prestación de los servicios penitenciarios a la población reclusa.
