Camino del banquillo

Una de las cuestiones más sorprendentes del azaroso discurrir del fiscal general en su camino hacia el banquillo es la capacidad del sanchismo para coger el rábano por las hojas, dar la vuelta a los asuntos y poner el foco en el tema más irrelevante para despreciar lo mollar de los acontecimientos.

A cualquier observador desapasionado le llevaría no más de un minuto de cavilación llegar a la conclusión de que el aspecto más grave de este lío es que la cabeza de la Fiscalía infrinja el Código Penal por el delito de revelación de secretos (arts. 197 y sig.) y que alterar los términos de una negociación de conformidad entre un presunto y la Fiscalía, con el argumento de que la propuesta partió del abogado de González Amador y no de la Fiscalía era un asunto más bien intrascendente.

«Desmentía un bulo», dijo el inmarcesible Félix Bolaños; «lo único que hizo fue desmentir un bulo» repitió Ángel Víctor Torres. «El fiscal general del Estado ha hecho su trabajo, lo que debía hacer, perseguir al delincuente y combatir la desinformación y el bulo», argumentó el marido de Bego Pillafondos. «Era un bulo», dijo el compareciente de ayer ante el Senado, Álvaro García Ortiz. Un bulo no es un delito, la revelación de secretos sí. Lo del ofrecimiento de la Fiscalía que publicó EL MUNDO el 13 de marzo a las 21.34 no era un bulo después de todo: estaba en un correo del fiscal Salto al abogado de González Amador: «Alcanzar un acuerdo si usted y su cliente lo consideran posible».

He aquí la paradoja: todos los citados apuntan a la cuestión inane del posible bulo para hacerse los distraídos ante la comisión de un delito, presunto, que no se me olvide el presunto, por parte de quien tiene por oficio perseguirlo. Hay una segunda paradoja y es la contradicción de quien ha sustituido la calificación del hecho, revelación de secretos, por la noble actividad de combatir el bulo, la desinformación y la mentira. Hay en ello un blanqueamiento de los hechos y cierta contradicción con la comparecencia de don Alvarone ante el Supremo el 29 de enero pasado. En dicha comparecencia empezó declarando que solo pensaba responder a las preguntas de la fiscal, una subordinada, y el abogado del Estado, un allegado y cómplice. No iba a responder a los letrados de las acusaciones ni a las preguntas del juez instructor, Ángel Hurtado.

Era el suyo un derecho constitucional, tal como él mismo afirmó ayer en su comparecencia en el Senado. Algo de esto ya pasó con el mutismo del presidente y de aquí su señora ante el juez Peinado. ¿Tenían derecho constitucional a no declarar? Indudablemente. Su silencio no les incrimina, pero en modo alguno contribuye a avalar su inocencia. Su subordinada en la Fiscalía no formuló preguntas y a las que planteó el abogado del Estado sobre si había divulgado el expediente o los correos de González Amador, respondió «rotundamente no» , ni lo había enviado a la Moncloa, ni a Pilar Rodríguez, fiscal de Madrid con la que bromeaba sobre el añadido de cianuro a la nota informativa del novio de Ayuso. ¿Cabe pensar que no combatió el bulo con energía? Lo del cianuro era broma, a ver si la falta de sentido del humor de la derecha nos va a joder el relato.