Publicado: junio 3, 2026, 2:08 pm
La Comisión Europea pide a España que actúe con decisión frente a la crisis de vivienda y advierte de cómo el aumento de precios está agravando los problemas de accesibilidad ya existentes, lo que afecta «de manera desproporcionada» a los grupos de bajos ingresos y vulnerables. En el marco del paquete de primavera del Semestre Europeo, que incluye recomendaciones específicas para cada Estado miembro, Bruselas reclama al Gobierno eliminar trabas burocráticas, reconvertir edificios y aumentar el alquiler social.
El documento señala que la situación del mercado inmobiliario requiere de «medidas de gran alcance» destinadas a ampliar la oferta y aumentar el parque de viviendas sociales. Para ello, el Ejecutivo comunitario llama a facilitar la disponibilidad de suelo, agilizar los procesos de concesión de licencias y reducir los cuellos de botella administrativos, lo que permitiría superar algunas de las limitaciones que han frenado la promoción inmobiliaria. También recomienda aprovechar las viviendas desocupadas y convertir edificios no residenciales en viviendas para aumentar aún más el parque residencial.
En el ámbito de la vivienda social y, a falta de una oferta adicional, la Comisión ve necesario preservar la finalidad social de estas en caso de transferencia de la propiedad. Esto es esencial «para ayudar a los hogares con ingresos bajos y medios a acceder a la vivienda, reduciendo las disparidades regionales y promoviendo al mismo tiempo la inclusión social», señala el informe. Por último, la Comisión se decanta por emplear nuevos modelos de negocio para la promoción y el mantenimiento del parque de viviendas sociales, lo que podría ayudar a mejorar la sostenibilidad financiera del sistema.
«El alquiler social ofrece acceso directo e inmediato a viviendas asequibles sin exigir compromisos a largo plazo, costes de entrada adicionales ni restricciones de elegibilidad, en comparación con los planes de compra», señala el documento. Este apuesta, a la vez, por favorecer las opciones de alquiler social, «mejor adaptadas a las necesidades territoriales» y por ampliar el número de unidades en las zonas más deprimidas económicamente para «promover políticas de bienestar social».
