Publicado: marzo 13, 2025, 5:07 am
Parece haber un patrón en el comportamiento de quienes hace hoy un año estuvieron relacionados con la filtración de datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso: borraron los mensajes de sus teléfonos móviles y cambiaron de terminal, una actuación que está dificultando enormemente la tarea del magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, a la hora de aclarar cómo salió a la luz pública el mail en el que Alberto González Amador reconocía dos delitos fiscales.
Ayer compareció ante el instructor la secretaria de Organización de los socialistas madrileños, Pilar Sánchez Acera. No pudo aportar al juez Hurtado ningún dato de utilidad, porque o los había olvidado o los había borrado.
Lo sucedido con su teléfono se corresponde con la actuación del principal sospechoso, Álvaro García Ortiz. El fiscal general del Estado declaró en el Supremo que había borrado todos su mensajes y cambiado de teléfono por razones de seguridad. También lo hizo su directora de Comunicación, Mar Hedo, quien admitió el cambio cuando declaró como testigo ante el magistrado. Además, la acusación ejercida por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) informó a Hurtado de que el teniente fiscal de la Secretaria Técnica, Diego Villafañe, mano derecha de García Ortiz, que llegó a estar investigado, también lo hizo. Asimismo, tal y como ha podido saber EL MUNDO otros miembros del núcleo de confianza del fiscal general en Fortuny, que no han declarado en la causa, también cambiaron de terminal coincidiendo con la apertura de la investigación por revelación de secretos en el Alto Tribunal.
Ayer, Sánchez Acera declaró que cuando abandonó su puesto en La Moncloa devolvió el teléfono oficial y un técnico borró sus datos. Añadió que el pasado noviembre, cuando su nombre -y según ella su número de teléfono- se asoció públicamente al caso, decidió cambiar también de número.
El ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés.EFE
En su día, el fiscal general también dijo que había borrado su correo particular de Gmail a raíz de que la investigación lo sacara a la luz.
Hace un año, Sánchez Acera era la mano derecha en Moncloa del actual ministro y líder del PSM Óscar López cuando este ejercía de jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo simultaneaba con tareas de dirección en el PSM y en los días de la filtración abordó el asunto con Juan Lobato, entonces líder de la formación socialista en Madrid.
La asesora ha acabado testificando ante el juez porque Lobato fue una excepción a la regla del borrado masivo de mensajes de teléfono relacionados con los datos del empresario Alberto González Amador. Él no solo no eliminó los mensajes sobre el asunto, sino que tras comprobar que la Justicia estaba investigando garantizó su existencia llevándolos ante notario.
En ellos figuraba Sánchez Acera como la persona que a primera hora del día 14 le proporcionó el documento completo de la defensa de González Amador y le incitó a exhibirlo contra Ayuso en el Pleno de la Asamblea que iba a tener lugar ese mismo día. Los mensajes reflejaban la entidad que la dirigente socialista daba al documento filtrado. «La imagen de la carta es potente», le escribió a Lobato. Pese a ser desde ese momento el arma principal contra Ayuso, la testigo declaró al juez que no podía decirle quién se lo había proporcionado. «No lo recuerdo», aseguró. Sin llegar a decirlo con claridad, dio a entender que provino de alguno de los periodistas con los que trataba habitualmente, según fuentes conocedoras de la declaración. Cuando envió el documento a Lobato, el dirigente socialista mostró sus reticencias y le preguntó cómo es que disponían de algo tan reservado. «Porque llega. La tienen los medios», dijo Sánchez Acera en unos términos vagos como los que ayer empleó ante el juez del TS. Las repreguntas de las acusaciones (el propio González Amador, el Colegio de la Abogacía de Madrid, Foro Justicia y Libertad, la APIF y Manos Limpias) no extrajeron más detalle.
La versión de Sánchez Acera es que llegó a sus manos, a través de WhatsApp, una «fotografía de un documento», no un correo electrónico. No obstante, Lobato exhibió en el Pleno de la Asamblea de Madrid el día 14 de marzo de 2024 el mail donde González Amador reconocía que «ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública».
A continuación, ayer estaba citado como testigo el ex secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés. También él había cambiado de teléfono al dejar el puesto. Su salida del cargo coincidió con la comparecencia de Lobato en el TS, quien autorizó que se examinara su teléfono móvil. Tras el análisis del terminal, la Guardia Civil atribuyó a Vallés «un rol superior de coordinación respecto a la información que se maneja sobre la pareja de Díaz Ayuso».
En sentido contrario, este afirmó al juez que intervino solo tangencialmente en el asunto y que no era cierto que le hubiera pedido a un colaborador de Lobato que el entonces líder del PSOE madrileño mostrara en el Pleno el correo filtrado. Vallès aseguró que nunca tuvo el correo a su disposición y que sólo compartió con Lobato y otros dirigentes socialistas ese 14 de marzo informaciones de los medios de comunicación relacionadas con el asunto.
