Publicado: febrero 27, 2025, 9:07 pm
El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado ante la comisión de Justicia del Congreso su compromiso con la «reforma» de la acusación popular tal y como recoge la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista en la Cámara. En su opinión, es imperativo hacerlo porque tal figura «es un nido de filtraciones, denigración, denuncias falsas basadas en noticias también falsas y persecuciones».
Con esta contundencia, Bolaños ha dado por hecho que en los próximos meses se procederá a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un proyecto que, ha asegurado, llegará al Congreso antes de finales de abril, y que contemplará la revisión de la acusación popular, figura establecida en el artículo 125 de la Constitución como el derecho que asiste a cualquier ciudadano español para personarse en un procedimiento penal aun sin ser el ofendido en el delito.
La acusación popular está recogida también en el artículo 202 de la LeCrim según el cual la acción penal es pública y todos los ciudadanos españoles pueden ejercitarla conforme a las prescripciones que contiene la ley en sus artículos 101 y 102.
La reforma de esta figura, de hecho, se ha anticipado al proyecto de ley que el Gobierno pretende presentar para revisar la LeCrim, con el registro de la proposición socialista que, de facto, supondría a base de limitaciones y cortapisas la anulación de la misma.
La propuesta del PSOE ha sido denostada por parte de todas las asociaciones judiciales, ha sido tachada de inconstitucional y ha extendido la sospecha de que la pretensión de la misma no es otra que la de conseguir cortocircuitar los procedimientos judiciales que afectan a la esposa y al hermano del presidente del Gobierno, a miembros del Partido Socialista y al propio fiscal general del Estado.
Precisamente en este terreno, el ministro también ha denunciado la «instrumentalización» que en estos momentos, en su opinión, se está produciendo en la Justicia a fin de «intimidar» a los rivales políticos y a sus «familiares». Bolaños se ha referido así, aunque no los ha citado expresamente, a los casos de Begoña Gómez, David Sánchez y Álvaro García Ortiz. Esto es, ha dicho, «lamentable» y ha asegurado que estas «polémicas» se mantendrán durante unos meses pero finalmente «se agotarán» y lo que permanecerá será «la mayor transformación de la justicia en décadas» que el Gobierno está impulsando. El ministro también ha asegurado que en la próxima reforma de la LeCrim, la instrucción pasará a la Fiscalía.
Bolaños en su intervención ha afirmado igualmente que, ante las dos fórmulas de renovación de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, planteadas por el propio Consejo General del Poder Judicial, su posición es claramente favorable a la de que la elección tenga base parlamentaria. «El Poder Judicial ha de tener base democrática y no corporativa. Lo debe elegir el Congreso y el Senado. No se puede elegir en un despacho. No hay otra opción», ha recalcado.
En el curso del debate con los portavoces de las formaciones parlamentarias, Bolaños se ha enfrentado a los representantes de Junts y ERC que han hablado de «dictadura de las togas» y de «funcionamiento antidemocrático de la administración de Justicia». «No les permito que hablen en esos términos», ha dicho antes de urgirles a rectificar, algo que ninguno de los dos diputados independentistas ha hecho.
