Publicado: abril 5, 2025, 12:07 pm
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha tachado de «gamberrismo institucional» la decisión de las siete comunidades con competencias transferidas de Justicia en las que gobierna el PP de abandonar este viernes la Conferencia Sectorial de Justicia -el órgano de cooperación entre el Estado y las CCAA en esta materia- el órgano de cooperación entre el Estado y las CCAA en esta materia- que se celebra en Barcelona.
En una intervención ante los medios tras el abandono de los consejeros de Justicia de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Galicia, Aragón, Comunidad Valenciana, La Rioja y Cantabria, el ministro ha lamentado la «descortesía y gamberrismo político» del PP.
«Es obvio que cada día se parece más a Vox, ha abandonado la política institucional», ha dicho sobre el Partido Popular, del que ha añadido que prefiere el enfrentamiento y el boicot de instituciones como es la Conferencia Sectorial de Justicia a trabajar por la justicia.
La reunión debía abordar la nueva Ley de Eficiencia Judicial, que entró ayer en vigor. Los gobiernos del PP consideran que dicho encuentro sólo era una foto y no abordaba cuestiones esenciales como la financiación.
Al encuentro también han acudido representantes de País Vasco, Cataluña, Asturias, Canarias y Navarra.
El Gobierno quería hacer «un paripé»
Para el consejero madrileño de Justicia, Miguel Ángel García, la razón del plantón a Bolaños ha sido porque «se quería hacer un paripé», al tiempo que ha criticado la «cerrazón» del Gobierno de España.
«Nos vamos como vinimos, porque prácticamente lo único que hemos visto es que aquí se quería hacer un paripé. Ninguno de los puntos que nos parecían fundamentales para poder abordar una ley de eficiencia que va a transformar por completo la estructura judicial de nuestro país, ninguno de esos puntos han sido recogidos y no han sido incorporados al orden del día», ha censurado García Martín.
Así, ha subrayado que se trata de una nueva ley que va a tener un coste «muy importante» para las comunidades autónomas, con más de 40 millones de euros en el caso de la Comunidad de Madrid. «No teníamos ninguna sensación de que desde el Ministerio se quería hablar de verdad de lo importante para que no colapsara el sistema judicial español», ha indicado.
El consejero madrileño ha vuelto a incidir en que el ministro «lo único que buscaba es una foto para dar la sensación de que estaba trabajando» y le ha pedido que convoque una nueva conferencia sectorial, «mañana mismo si quiere», donde se puedan abordar todas las cuestiones que consideran esenciales para poder aplicar esta ley «con éxito».
«Lo que le hemos trasladado (a Bolaños) es que esto no es una tertulia. Podemos hablar todo lo que queramos y poder ver todos los puntos deliberativos que se consideren, pero es necesario abordar cuestiones que no quieren incorporar a la orden del día», ha censurado el también portavoz del Gobierno regional.
Nueva organización judicial
La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, considerada la mayor reforma en décadas para este sector de la administración española, entró en vigor el jueves, tras su publicación en el BOE el pasado 3 de enero.
Aprobada definitivamente por el Congreso el pasado 19 de diciembre, la norma busca modernizar y agilizar los procesos judiciales mediante una reorganización estructural y la digitalización del sistema.
Entre las principales medidas de la norma se encuentra la creación de los tribunales de instancia, que reemplazarán a los juzgados unipersonales. Este cambio permitirá integrar a los más de 3.800 juzgados actuales en 431 tribunales colegiados, lo que busca facilitar una distribución más equitativa de la carga de trabajo y unificar criterios judiciales.
