Publicado: septiembre 28, 2025, 10:07 am
La Fiscalía considera que los 121 correos que cruzó la asesora de Begoña Gómez en La Moncloa con la Complutense relacionados con la cátedra de la esposa de Pedro Sánchez no son base suficiente para sostener una imputación por malversación. Así lo sostuvo ayer el representante del Ministerio Público ante el juez Juan Carlos Peinado. El fiscal del caso fue el primero en intervenir en una vista en la que las acusaciones debían precisar sus imputaciones de cara a un juicio con jurado.
El fiscal también indicó que la asesora, Cristina Álvarez, ha venido cumpliendo con las tareas que tenía oficialmente encomendadas como la persona «que asiste al cónyuge del presidente del Gobierno como personal de confianza». Y que, aunque entre 2021 y 2024 «ha enviado y recibido correos electrónicos en nombre de Begoña Gómez», eso no implica menoscabo de fondos públicos.
«No ha existido un detrimento o perjuicio de ningún tipo para el patrimonio público por el hecho de enviar los correos electrónicos a terceros en nombre o por cuenta de Begoña Gómez», indicó el fiscal del caso, José Manuel San Baldomero, ante el juez instructor.
Esa petición de archivo de la causa no la escuchó Begoña Gómez, que finalmente no se presentó por quinta vez ante Peinado. En el Juzgado de Instrucción 41 de Plaza de Castilla se presentó únicamente su abogado, el ex ministro socialista Antonio Camacho.
Tampoco compareció personalmente la asesora, Cristina Álvarez, cuya colaboración en las tareas profesionales privadas de la esposa de Sánchez centra esta rama de la investigación. Ni el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, que fue superior de la asesora en su etapa previa de alto cargo en Presidencia.
Los tres investigados consideraron suficiente la presencia de sus abogados para el trámite en que las acusaciones expusieron los hechos que les llevan a mantener las imputaciones para un eventual juicio con jurado. Lo hizo el abogado de Hazte Oír, que actúa en representación de todas las acusaciones populares (Iustitia Europa, Vox, Manos Limpias). La asociación enumeró en detalle los numerosos episodios de colaboración de la asesora en los negocios privados de Gómez que a su juicio suponen que ha existido un desvío de fondos públicos.
En su intervención, el abogado de la esposa del presidente resaltó que Gómez no es empleada pública y no pudo, por tanto, haber cometido un delito en el que no pueden incurrir los particulares. Añadió que, en todo caso no existen indicios de delito, ni de Gómez ni de nadie más.
La defensa del delegado del Gobierno la ejerce la Abogacía del Estado. Su representante rechazó cualquier responsabilidad de Martín Aguirre e indicó que, conforme al criterio para imputarle -fue el superior de la asesora-, mayor razón había para responsabilizar Félix Bolaños, algo que el Supremo ya descartó. El hoy ministro de Justicia antecedió al investigado como superior de Cristina Álvarez y fue quien ocupaba el puesto cuando se le nombró.
Por su parte, el abogado de la asesora, José María de Pablo, resaltó ante Peinado que ella no puede ser responsable de un delito. En todo caso, habría sido el objeto de la malversación, o incluso «la víctima».
En el trámite de ayer las partes tenían posibilidad de reclamar nuevas diligencias al instructor. Así lo hicieron las acusaciones populares. Hazte Oír pidió que se citara a Pedro Sánchez como testigo y, en la misma condición, el ministro Félix Bolaños. El ministro ya declaró por estos hechos ante Peinado en La Moncloa, pero por su posible papel en la contratación de la asesora. Ahora la acusación quiere que ofrezca aclaraciones sobre la fase posterior, la de control de las actividades de Cristina Álvarez.
El juez deberá resolver durante los próximos días sobre la continuación del procedimiento y, de ser así, sobre qué diligencias acuerda practicar. El magistrado ha dado a entender a las partes que, dada la carga de trabajo del juzgado, tardará más de los cinco días previstos en tomar su decisión.
Fuentes jurídicas indicaron ayer que el juez no reclamó mayor explicación sobre la no presencia de los investigados. A la salida del juzgado, el abogado de Begoña Gómez explicó que estar presente en la diligencia era «un derecho» de Begoña Gómez, no una obligación. Pese a no haber comparecido la esposa del presidente del Gobierno, hasta los juzgados de Plaza de Castilla sí se desplazaron efectivos del equipo de seguridad de La Moncloa, que finalmente se retiraron. Los investigados no habían informado al juez de que solo asistirían los abogados.
La Ley del Jurado de 1995 establece que una vez abierta la causa por el procedimiento del jurado «el Juez de Instrucción lo pondrá inmediatamente en conocimiento de los imputados. Con objeto de concretar la imputación, les convocará en el plazo de cinco días a una comparecencia así como al Ministerio Fiscal y demás partes personadas».
El mismo año de aprobación de la ley, la Fiscalía emitió una circular que la interpretaba. Respecto al trámite que ayer se ventilaba, consideró imprescindible la presencia de los abogados de los investigados, pero no de ellos mismos. Dejaba la situación sin resolver completamente, porque también contemplaba que el juez pudiera suspender el trámite en ese caso.
«Distintos son los términos de la cuestión para el resto de las personas que deben ser citadas, pero cuya presencia no debe considerarse indispensable para la celebración de la comparecencia al no imponerlo así expresamente la Ley a diferencia de lo que se hace en otros casos […] De forma que la inasistencia por causa no justificada del imputado, de los perjudicados u ofendidos, o de alguna de las partes personadas como acusación no debe determinar necesariamente la suspensión, sin perjuicio de que el Instructor pueda acordarla», indica la Circular 4/1995.
Fuentes jurídicas conocedoras de las causas con jurado indican que los investigados sí asisten a la diligencia celebrada ayer. Otras fuentes matizan que, siendo así, lo cierto es que la vista se suele convocar nada más abrirse el procedimiento. En este caso, Gómez estaba más que informada de las imputaciones, puesto que la investigación ya está en plena marcha e incluso ha comparecido anteriormente como investigada.
Como en las cuatro citaciones anteriores de Begoña Gómez, el ambiente en el exterior de los juzgados se fue caldeando desde antes de las 18 horas, momento fijado para la presencia de los investigados. La organización Hazte Oír había convocado una concentración en las inmediaciones de los juzgados bajo el lema Ya no le quedan excusas! ¡Begoña será juzgada!.
Además, en los alrededores de la Plaza de Castilla circularon vehículos con altavoces y con imágenes de Pedro Sánchez y su familia, a los que identifica con la «mafia». El presidente Hazte Oír, Ignacio Azuaga, explicó que seguirán protestando en todos aquellos lugares a los que acuda el presidente o sus familiares para pedirle que salga de La Moncloa.
La pancarta gigante de Hazte Oír en la que se identifica al presidente del Gobierno con la «corrupción» se ha exhibido ya en Andorra, La Mareta (Lanzarote) o, recientemente, a Nueva York durante la estancia de Sánchez en la Asamblea General de la ONU. Además, explicó Azuaga, la organización ha repartido 25.000 balconeras idénticas a la pancarta entre los ciudadanos que así lo solicitaron.
Hasta la fecha, Begoña Gómez ha comparecido en cuatro ocasiones ante el juez Peinado. Las tres primeras estuvieron relacionadas con la causa principal, en la que el se investigan posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, vinculados a su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés. También se estudia ahí si Gómez cometió un delito de apropiación indebida e intrusismo profesional en su cátedra de Transformación Social Competitiva. En concreto, si quiso hacer suyo el software que empresas como Google, Indra y Telefónica elaboraran de forma gratuita para la cátedra de la esposa del presidente del Gobierno. La cuarta comparecencia, hace unas semanas, fue para declarar por la pieza separada de la malversación. Begoña Gómez se acogió a su derecho de no dar explicaciones.
Tanto ella como el resto de investigados y la Fiscalía han presentado ya recursos de apelación pidiendo a la Audiencia Provincial de Madrid que archive la investigación sobre malversación.
