Publicado: septiembre 27, 2025, 2:07 am
En noviembre del año pasado, Begoña Gómez aportó al juzgado unos correos para demostrar que había firmado unos documentos por indicación de la Complutense. Los mensajes demostraban eso, pero también desvelaban que en sus gestiones laborales con la universidad había participado Cristina Álvarez, la asesora puesta a su disposición por La Moncloa. La posibilidad de que recursos públicos se hubieran puesto a disposición de sus fines privados que esos correos sugerían ha conducido a que hoy la esposa de Pedro Sánchez está citada ante el juez Juan Carlos Peinado en el juzgado para cumplir los trámites que pueden llevarla ante un jurado por malversación.
El juez instructor ha convocado a las 18.00 horas a todas las partes personadas en la pieza separada que abrió para investigar específicamente esa posible malversación, el quinto delito que le imputaba a Begoña Gómez. En la misma condición de investigada comparecerá la propia asesora, así como el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, su superior cuando era alto cargo en La Moncloa.
La vista supondrá la quinta vista de la esposa del presidente al juzgado de Instrucción 41 de Madrid. Siempre ha asistido de negro, siempre ha accedido en coche oficial por el garaje y siempre ha sido en una mañana de día laborable. Esta vez será en una tarde del sábado porque Peinado ha aprovechado que su juzgado está de guardia.
La vista que ha convocado tiene como objetivo «concretar la imputación». El primer turno será para la Fiscalía, que no ve delito y está teniendo intervenciones mínimas. Seguirá el turno de la acusación popular, que actúa bajo la dirección de Hazte Oír. Los letrados de la asociación -que representan también a Vox, Iustitia Europa y Manos Limpias– expondrán qué hechos delictivos imputan a los tres investigados.
A continuación, las defensas, que ofrecerán su parecer sobre la imputación y podrán pedir al juez que archive el procedimiento. Todas lo han reclamado ya a la Audiencia Provincial en sendos recursos.
Junto a Begoña Gómez estará el ex ministro socialista Antonio Camacho, que ejerce su defensa. La de la asesora está en manos de José María de Pablo, mientras que al delegado del Gobierno lo representa la Abogacía del Estado. Previsiblemente, las defensas recordarán a Peinado que él mismo negó en su primera resolución que Begoña Gómez y la asesora hubieran podido cometer el delito, puesto que no eran ellas quienes disponían de los fondos públicos.
Todas las partes podrán pedir al instructor que acuerde diligencias que estimen necesarias. Previsiblemente, habrá solicitudes de acusaciones y defensas. A la luz de lo expuesto en la vista, el juez Peinado resolverá si archiva la causa o si sigue adelante con el procedimiento, practicando o no las diligencias reclamadas. Puede hacerlo el mismo sábado o, como es habitual, en días posteriores.
Fuentes jurídicas indican que, en la práctica, la decisión de los jueces instructores de dictar un auto de transformación en procedimiento del jurado como el notificado este miércoles anticipa que han decidido llevar el caso a juicio, aunque formalmente no se haya llegado aún a ese momento.
Malversación
La Ley del Jurado incluye en su primer artículo una lista cerrada de delitos que deben enjuiciarse por esa vía. Uno de ellos es la «malversación de caudales públicos», si bien ese mismo artículo indica en el inciso anterior que se está refiriendo a delitos «cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo». Eso englobaría a la asesora y al ex alto cargo de La Moncloa, pero no directamente a Begoña Gómez, que en todo caso iría también al juicio con jurado por la conexión con los otros dos imputados.
En el auto en el que convoca la cita de este sábado, el juez se apoya en el reciente respaldo de la Audiencia de Madrid a investigar la actuación de la asesora. En particular, en esta frase: «La investigación tendrá que centrarse en si se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados».
También esgrime el juez la negativa de la esposa del presidente y de su asesora a contestar a preguntas que no fueran las de su defensa. Igualmente, valora el contenido de los correos que la asesora cruzó con el ex rector de Complutense Juan Carlos Doadrio relacionados con la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez y que recientemente ha aportado la universidad madrileña. El juez acordó hace unos días remitir los mensajes a la Unidad Central Operativa (UCO) para que elaborara un informe.
Con todo ello, el juez considera que se cumplen las condiciones que le ley establece para celebrar la vista señalada para hoy: «Se puede colegir con las leyes de la lógica y de la empírica que se cumple con el requisito de la verosimilitud de los hechos, que hasta ahora no podía determinarse de una forma concreta, y que pudiéramos encontrarnos ante indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos», indica Peinado.
