Baja la llegada de inmigrantes pero crecen los focos de alerta, de las calles al Congreso

La inmigración irregular hace ya tiempo que ha vuelto -si es que alguna vez se ha ido- al centro del tablero político. En el 2006, la crisis de los cayucos que sacudió Canarias parecía que eran los restos de la resaca mal digerida del colapso y la pobreza de África. Ahora, en cambio, se produce en un contexto de violencia y bronca institucional donde al Gobierno se le resquebrajan sus planes para el reparto de menores no acompañados por la oposición de varias Comunidades Autonomías y posturas férreas como la del Gobierno autonómico de Díaz Ayuso, como confesaron ayer en declaraciones a Europa Press. Las cacerías de Torre Pacheco (Murcia) -fruto del coctel de la sensación de inseguridad social y desprotección política ante brutales agresiones como la sufrida por un hombre de 68 años en ese municipio- o salvajes violaciones como la ocurrida en Ferrol cometida por un magrebí -con orden de expulsión desde 2024 y concatenando condenas graves desde los 18 años- a una joven, cada vez son más constantes y generan la impresión de que la entrada de manera irregular en España cada vez es mayor. Pero el último Informe quincenal sobre inmigración irregular -elaborado por el Ministerio del Interior y con datos acumulados hasta el 31 de julio de 2025- muestran una caída del 30% en el número de personas que llegan a España de manera irregular, respecto a los datos de 2024.

Hasta el último día de julio del presente año llegaron de manera irregular a nuestro país -tanto por vía marítima como terrestre- 20.258 personas. Exactamente, 8.773 menos que en las mismas fechas del pasado año. Este dato es el último giro de una serie que, lejos de ser una tendencia lineal, ha oscilado notablemente en menos de una década. En 2018, las entradas ilegales se dispararon un 117,3%; en 2019 y 2020 descendieron de manera brusca un 36,8% y 33,3%, respectivamente y, en 2024, volvieron a aumentar hasta multiplicarse un 79,5% y llegar casi a los 30.000 migrantes en situación irregular (29.031 personas contabilizadas por el ministerio). Así, en ocho años, desde 2017 hasta hoy, el incremento ha sido del 67,64%, reflejando una evolución marcada por altibajos y múltiples factores sociales, económicos y políticos. Podrían haber sido más, pero la mala fortuna y las circunstancias provocaron que, según organizaciones como Caminando Fronteras, 1865 migrantes (342 menores) murieran intentando alcanzar las costas españolas entre enero y mayo de 2025.

Ocho de cada diez vidas que se pierden en la travesía hacia España lo hacen en el mismo corredor: la ruta atlántica o canaria. Una itinerario que parte de países como Marruecos, Senegal, Gambia y Mauritania. De este último país partieron la mayoría de los migrantes en el último año, según el Informe de Seguridad Nacional 2024. También ha sido uno de los territorios escogidos por Sánchez para sus visitas institucionales este verano debido al acuerdo de migración circular entre Mauritania y España.

Allí el socialista hizo gala del «progreso y la buena situación económica» española a la que achaca que muchos migrantes decidan «desarrollar en España su proyecto de vida». En la Reunión de Alto Nivel a la que acudió Sánchez en aquel viaje -tercera visita en año y medio al país africano- buscaba «consolidar y expandir la cooperación en materia migratoria desde un enfoque integral» con el que mejorar la seguridad y luchar por el desmantelamiento de las redes criminales que se lucran con el tráfico de personas. «Quiero reivindicar la colaboración para garantizar una migración segura y ordenada, que redunde en el mutuo beneficio de nuestras sociedades», manifestó el presidente.

Precisamente, es en la problemática -compleja y multifacética- de la inmigración ilegal donde parece librarse la gran batalla del voto en la derecha. Así, como adelantaba EL MUNDO, el Partido Popular pretende cambiar su hoja de ruta política y prepara un plan migratorio con una serie de medidas con las que pretenden endurecer el Código Penal y reforzar las fronteras españolas. Con ello, pretenden corregir las «consecuencias muy negativas» que, a juicio de los populares, han generado las facilidades del Gobierno a la llegada irregular de migrantes.

Una trinchera del voto en la que pelea Vox también. Su líder, Santiago Abascal, señaló la pretensión de su partido de expulsar a todos los que hayan venido «a delinquir» o «vivir del esfuerzo de los demás». Desconocen, como confesó, el número de migrantes con estas ambiciones y solo lo sabrán cuando lleguen al Gobierno, cuando «se irán todos».