Publicado: octubre 19, 2025, 4:07 pm
ANATOMÍA DEL SANCHISMO
Empeñados en gobernar tras ser derrotados en las elecciones de 2023, los socialistas son los promotores de una legislatura caracterizada por la parálisis legislativa y presupuestaria. No podía ser de otro modo, cuando se vincula la estabilidad política al fuego cruzado de compromisos de investidura cuasiclandestinos, que regalan una posición dirimente a minorías hostiles a la nación, que por lo mismo, son incapaces de albergar una mínima idea de bien común español.
El rumbo político de España en el periodo 2018-2023 no fue decidido por los españoles; cada viraje gubernamental se producía en contra de lo anunciado, porque el verdadero «poder en la sombra», el secesionismo, decidía iniciativas legislativas para garantizarse impunidad, condicionaba presupuestos y deformaba códigos. En julio de 2023 los españoles no votaron la continuidad de todo eso. Los ciudadanos eligieron, como primera fuerza, al PP, que precisamente denunciaba esos excesos. Y, a distancia, votaron a un PSOE que no llevó en su programa electoral -ni mencionó en campaña- una sola de las cuestiones que luego, desde el poder, han copado su agenda: amnistía, nueva ronda de concesiones a los secesionistas… Un frankenstein ampliado, como mayoría gobernante, va desmontando el Estado y diluyendo la nación.
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Mientras la gobernabilidad en España sea cuestión de ir saciando la voracidad de los socios del Gobierno, se podrán girar cheques a cuenta de terceros: los contribuyentes, los territorios de color popular o, directamente, a cuenta de la dignidad nacional. El tinglado quedará comprometido cuando se pongan en juego los vetos cruzados entre socios. Por eso se anuncia, sin ningún rubor, el propósito de gobernar una democracia parlamentaria de espaldas al Parlamento.
El sanchismo es una expresión abrumadoramente sectaria de confusión total entre partido, Gobierno y Estado. La degradación institucional a que ha dado lugar se agudiza, además, con una práctica corrosiva hecha costumbre. Desde 2018 se prorrogan presupuestos como si tal cosa, y contra el mandato constitucional, porque ni siquiera se presenta un proyecto a las Cámaras. Sánchez empezó prorrogando unas cuentas populares pocos meses después de haber denunciado esa práctica como propia de ejecutivos inermes. Luego, los intereses electorales de ERC y Junts han dejado sin presupuestos al Estado durante años. No parece importar, mientras no se le deje a Sánchez sin el BOE.
La contaminación populista
Arbitrariedad tras arbitrariedad, el Gobierno va completando una obra demoledora en provecho propio y de sus socios. Las urgencias de un Ejecutivo en manos de enemigos del Estado han propiciado una interpretación aberrante del juego democrático. De pura raigambre populista, esta lectura de la democracia prescinde de cautelas liberales, órganos contramayoritarios y garantías constitucionales para proclamar el derecho irrestricto de la mitad más uno a imponer su criterio como manifestación soberana de voluntad popular.
La posición de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la aplicación de la amnistía y la actitud de operadores jurídicos y asociaciones profesionales delatan, por contraste, el servilismo de las instituciones que el sanchismo ha logrado colonizar. La bochornosa situación en que se encuentra el fiscal general del Estado no tiene precedentes.
El acuerdo con Junts como remate de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez alumbró una legislatura que ha estado desde el principio en las manos de Puigdemont; basta recordar los términos de su último párrafo: «La estabilidad de la legislatura, sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos…». El PSOE ha querido hacer de un prófugo de la justicia, de un sedicioso y un malversador, el dueño de la estabilidad política del Estado.
La desafección ciudadana, la degeneración institucional, la polarización inducida deben ser atajadas. Alguien que concibe gobernar como «durar» o «resistir» no necesita más programa y horizonte que una sucesión de prórrogas obtenidas a costa del capital político y financiero de la nación, convertida en mercancía intercambiable.
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Hace tiempo que resulta evidente la intención de deconstruir el sistema constitucional alumbrado en 1978, minando su legitimidad y recuperando el discurso de la ruptura para caracterizar la democracia española como algo incompleto, si no fraudulento. Una tesis de circulación casi clandestina durante la Transición se ha abierto paso hasta el Consejo de Ministros, desde donde también se oyen discursos antisistema contra la Corona y el Poder Judicial. Discursos que no se quedan en palabras: se han escrito con fuerza legal, desprotegiendo penalmente la Constitución, al derogarse la sedición y promulgarse una amnistía para los golpistas de 2017. No es ninguna hipérbole. Si alzarse desde el poder autonómico contra la Constitución, el estatuto, las sentencias de los tribunales y el reglamento parlamentario no merece reproche penal y ni siquiera es delito, será porque no existe ya bien jurídico que proteger: en la operación de la amnistía, el orden constitucional da conjunto vacío.
Romper el «muro», apuntalar el recinto
El inmenso lío en que se ha metido al país solo podía organizarse excluyendo por principio al Partido Popular. El precio de esa exclusión siempre será alto. Obliga no solo a hacer concesiones a un nacionalismo ya francamente rupturista, sino a asumir como propias sus pretensiones. La alternativa al PP era y es un programa sostenido mediante el aislamiento permanente de media España. Ese es el «muro» al que Sánchez aludió en su discurso de investidura.
Frente a todo ello, lo que el país reclama con urgencia es dar continuidad al mejor logro de los españoles; fortalecer lo que nos une y a España como proyecto nacional de éxito. Tarea que incumbe, protagónicamente, al Partido Popular en tanto que única alternativa viable. Alternativa de gobierno, no alternativa de sistema. Porque la democracia española, que tiene su origen en la Transición, queda fuera del juego electoral; está antes y por encima, haciéndolo posible. Por eso sostengo que los que cuestionan el pacto de 1978 no significan una alternativa real, sino la cancelación de toda alternativa.
Es urgente hacer reconocible un proyecto nacional. El Partido Popular acertará al asumir la defensa del interés general de todos los españoles. El proyecto que presente para suscitar su adhesión ha de elaborarse sobre los valores fundamentales que comparten y reclaman: la unidad, la soberanía nacional, la igualdad, el respeto riguroso por los principios de la democracia y sus derechos y libertades, la defensa de la legalidad… Es decir, todo aquello que forja el consenso básico de la sociedad española, la base sobre la que se asienta nuestra convivencia.
El PP es el partido que mejor puede hacerlo, porque -así lo creo- es el que mejor representa el valor de la moderación política, rectamente entendida. En ese sentido, a derecha y a izquierda del PP, dentro y fuera de la órbita de adhesión a los valores constitucionales, hay formaciones que albergan expectativas de reforma parcial, reforma total o de voladura más o menos controlada; para todas ellas, la Constitución es un menú a la carta y, para algunas, un aperitivo. Solo el PP expresa y sostiene una adhesión íntegra al texto constitucional, a la Constitución entera. Porque defiende simultáneamente los tres principios que identifican y hacen reconocible el núcleo de la Constitución Española. Sostiene con énfasis igual el principio de unidad, el de autonomía y el de solidaridad.
Eso hace que las maniobras que buscan su exclusión alejen el sistema de partidos del centro de gravedad constitucional que es su punto de equilibrio. Es un partido autonómico, por implantación; pero también es un partido autonomista, por convicción. La misma convicción con que defiende su idea de España, que es, ni más ni menos, la constitucional. La Constitución es un edificio que nos alberga a todos. Como todo edificio, sus paredes y tabiquería interior lo configuran, haciéndolo ser lo que es. Puede reformarse, pero reformar una casa no es lo mismo que cambiar de domicilio después de vandalizarlo.
CONCORDIA SIN ACUERDO
Construir una alternativa sólida en torno al Partido Popular y otorgarle un mandato claro me parece el camino más corto para revertir el destrozo al que me vengo refiriendo. Donde se ha estado alimentando la confrontación entre españoles, habrá que apelar al patriotismo para integrarlos, poniendo en primer plano lo que los une e invitándolos a compartir objetivos auténticamente nacionales.
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No se trata simplemente de reemplazar a este Gobierno. Se trata de derogar la mentira para restaurar la confianza. Derrotar la división para recuperar la unidad. Restañar heridas para fortalecer la convivencia nacional. No se trata de hacer lo mismo que el sanchismo, pero al revés; hay que hacer lo contrario del sanchismo. Donde este busca alimentar la confrontación entre bloques, apelar al sentido nacional.
Para acometer esa obra, de dimensión verdaderamente histórica, creo que el PP debe apelar a todo el mundo; su convocatoria debe ser tan amplia, a derecha e izquierda, como nacional el mandato que recabe de las urnas cuando se dé voz a los españoles.
Pero también creo que solo será posible materializar la alternativa concentrando los sufragios en una sola candidatura, la popular.
Primero, porque no me parece cierta la idea que presenta a Vox como aval en un eventual Gobierno de coalición. La palabra y los actos propios deben ser suficiente garantía. El PP debe aspirar a gobernar en solitario no porque le amedrenten las diatribas del PSOE. Los socialistas carecen de autoridad moral para denunciar ninguna política de pactos tras gobernar en coalición con el populismo de extrema izquierda y apoyados en una mayoría parlamentaria de comunistas, separatistas, golpistas y herederos políticos del terrorismo. Solo caben cordones sanitarios con quienes ponen en peligro la convivencia democrática, y eso es cosa de terroristas, golpistas y secesionistas insurreccionales. No hay simetría entre Bildu y Vox que valga.
Lo que ocurre es que existen tanto motivos de eficacia electoral como razones políticas de fondo para postular una alternativa concretada en un Gobierno popular sin añadido populista. Las razones de matemática electoral no hay que ir a buscarlas más lejos del sistema D’Hont y de una experiencia reciente: la del año 2023. Las otras, que me parecen las decisivas, tienen que ver con lo apuntado más arriba: derogar el sanchismo no es practicarlo en sentido inverso, sino llevarle la contraria; es decir, abandonar la lógica de la polarización. Y eso solo podrá hacerlo un partido con un proyecto y un programa específicamente dirigidos a recabar ese mandato.
