Publicado: agosto 5, 2025, 2:07 am
La Audiencia Nacional ha dado un impulso a la investigación del atentado de octubre de 2000 contra el fiscal jefe del Tribunal Superior de Andalucía Luis Portero García. La Sección Tercera de lo Penal ha estimado un recurso de su hijo y presidente de Dignidad y Justicia Luis Portero, y ha revocado la decisión del juez de denegar, con el apoyo de la Fiscalía, la práctica de diligencias que la acusación particular consideraba necesarias para aclarar la responsabilidad de dos miembros de la cúpula etarra: Ainhoa Mújica Goñi y Francisco Javier García Gaztelu, Txapote.
El tribunal ha ordenado al juez Ismael Moreno que encargue un informe sobre el explosivo empleado por el comando Andalucía y otro grafológico sobre ciertas notas incautadas al comando en su desarticulación. La Sala parte de que un informe de la Guardia Civil del pasado mes de marzo ofrecía abundantes indicios de que, en la fecha del atentado, Ainhoa Mújica y Txapote, formaban parte del grupo denominado Otsagui que, «colectivamente», dirigía el aparato militar de la organización. Ella entró en algún momento de 1998 y él en marzo del año siguiente.
El informe indica que en esa época «la decisión de atentar contra determinadas personas, especialmente jueces, magistrados o miembros del Ministerio Fiscal se trataba, debía emanar de ese grupo Otsagui». Además de señalar los objetivos de esa relevancia, aportaba «los datos» para localizarlos y proporcionaba al comando escogido «los medios para llevarlos a cabo».
Con ese contexto, los magistrados sí consideran pertinente efectuar un análisis de la autoría las notas manuscritas incautadas al comando Andalucía. Para oponerse a la diligencia, la Fiscalía alegaba que el comando fue desarticulado dos años y medio antes del asesinato de Portero.
Los magistrados contestan que, siendo eso cierto, también lo es que Mugica y Txapote «entraron en Otsagui solo meses después de que el comando fuese neutralizado», por lo que «es razonable pensar que, antes de acceder a la dirección de los comandos, tuvieran funciones relacionadas con dicha tarea que les proveyesen de la experiencia y los conocimientos necesarios para desempeñarla». Entre esas tareas «por ser las más relevantes», es presumible que estuviera el suministro de datos sobre los objetivos o de medios para la realización de los atentados. Portero recibió dos tiros en la nuca de uno de los terroristas que le esperaban junto a su portal y se hacían pasar por miembros de una ONG.
«Poniendo de manifiesto las notas incautadas al comando Andalucía y que uno de sus objetivos era el Sr. Portero, su análisis puede aportar elementos que vinculen con ellas a Ainhoa Mújica Goñi y Francisco Javier García Gaztelu, por lo que la diligencia ha de ser admitida», concluye la Sala. También se ordena realizar informes, como solicitaba el recurso de la abogada Vanessa Santiago, «sobre la trazabilidad de los explosivos, armas, municiones, matrículas y demás elementos utilizados para cometer el atentado». «Dados los indicios de la toma compartida de decisiones en Otsagui que en el informe se mencionan, el hecho de que uno de los condenados sea el miembro de ese grupo Juan Antonio Olarra Guridi [ya condenado por ordenar el asesinato] no permite descartar que el análisis de la procedencia de todos esos elementos revele datos que conecten con el suministro a los otros dos supuestos miembros».
Por contra, los tres magistrados –Francisco Javier Coloma, Carlos Fraile y Ana María Rubio– descartan de momento otras diligencias. Entre ellas, interrogar a un etarra arrepentido -testigo protegido 2SU 9/97- que hizo referencia al atentado. El recurso alegaba que su declaración fue «tangencial» y que un interrogatorio específico podría arrojar luz.
La Sala rebate que ese interrogatorio fue extenso y que «no hay base para sostener, al menos por el momento, que el testigo protegido vaya a aportar más datos». Tampoco respalda interrogar a los ya condenados como autores materiales, Harriet Iragi e Igor Solana. Uno de ellos, Solana, ha mostrado una actitud favorable hacia las víctimas, por lo que los recurrentes estimaban que podría estar dispuesto a aportar nueva información. Esa actitud reflejada en una carta, es insuficiente para ordenar la diligencia, consideran.
Todas las negativas de la Sala quedan a expensas del resultado de los análisis ordenados, cuyas conclusiones podrían llevar a estimar necesario lo que por ahora se ha denegado.
El recurso de Portero, que desde Dignidad y Justicia ha sido muy crítico con la actuación del Gobierno con ETA, sostiene que la Fiscalía está actuando en esta causa de forma distinta a otras en las que también se busca la responsabilidad penal de jefes de ETA en atentados concretos por su jerarquía sobre los comandos que los ejecutaron. En este caso, indica el recurso, la Fiscalía reclama vínculos concretos con el asesinato.
Asesinos en complejos
Durante años, los etarras hicieron de la Audiencia Nacional el escenario sobre el que mostrar su chulería y nulo arrepentimiento. Txapote, en 2006, no dudó en aguantarle la mirada a la popular María San Gil y, en julio de 2010, con su actitud desafiante mandó «al carajo» al tribunal. En esa misma línea, se mostraron el ex jefe de comandos Olarra y su pareja Múgica en 2007 cuando coincidieron en la sala. Nada más verse se besaron, se negaron a declarar y, durante todo el proceso, estuvieron hablando entre ellos en euskera.
