Publicado: diciembre 4, 2025, 1:07 am
El PP andaluz insiste en acotar la corrupción del ‘caso Mascarillas’ a la Diputación de Almería -cuyo presidente, Javier Aureliano García, fue detenido el mes pasado- y al entorno del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez López, cuyas empresas familiares canalizaban los contratos bajo sospecha. Pero la oposición apunta más alto y denuncia cómo el Gobierno de Juanma Moreno también contrató, por la vía de emergencia, con algunas de las sociedades que aparecen en el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que forman parte de la trama presuntamente delictiva.
Durante la sesión de control al Gobierno celebrada ayer, la portavoz socialista, María Márquez, reprochó al presidente que pretenda desmarcarse de la actuación irregular del PP de Almería pese a que la Junta de Andalucía también adjudicó contratos a las empresas del conglomerado que amañaba los concursos. Márquez se refiere concretamente a varias adjudicaciones menores a las sociedades OYC Servicios Urbanos SL, vinculada al alcalde de Fines; y a las empresas Hijos de David Martínez SL, e Inversiones y Promociones Tagilis SRL, ligadas, según el PSOE, con el alcalde de Tíjola.
Moreno recordó en su respuesta a los grupos de la oposición las medidas tomadas por el partido, apartando del PP a los investigados, y reivindicó el «compromiso» de su gobierno con la limpieza de la política, como se demostró con la creación de una Oficina contra el Fraude y la Corrupción, aprobada por ley en el año 2021.
El debate en el Parlamento se produce cuando se van conociendo nuevos detalles sobre el entramado de Almería. Así, en el atestado de la UCO al que ha tenido acceso EL MUNDO, se concluye que el ex alcalde de Fines (Almería) y su hijo, Rodrigo Sánchez Simón, controlaban dos sociedades a través de la cual se canalizaban las adjudicaciones de obras de la Diputación de Almería tras haber amañado previamente los procedimientos con la complicidad del vicepresidente de la corporación provincial, Óscar Liria, con el que les une una relación familiar.
Esta es una de las conclusiones a las que llegan los investigadores a partir de las escuchas telefónicas, los testimonios y las pruebas documentales requisadas durante meses para destapar un cúmulo de ilegalidades en la Diputación de Almería, que se ha saldado, de momento, con la imputación, entre otros, del que fuera su presidente, Javier Aureliano García, presidente también del PP de Almería. El partido le ha suspendido de militancia así como al resto de cargos implicados.
La UCO ha conseguido desentrañar la trama a partir de una conversación celebrada el 26 de noviembre de 2018. Entonces, se estableció «una dinámica» que habría operado desde esa fecha hasta 2021 en torno a las empresas OYC Servicios Urbanos SL y GESA Andalucía 2024 SL. Ambas mercantiles las controlan el ex alcalde y su hijo, aunque sólo tienen vínculos formales con la segunda, con el objeto de que las adjudicaciones de contratos a la primera no levantaran sospecha.
Entre 2020 y 2024, la mercantil OYC resultó adjudicataria de contratos públicos de la Diputación de Almería y del Ayuntamiento de Fines (del que Rodrigo Sánchez Simón era alcalde) por valor de al menos 1.123.573,97 euros, «existiendo indicios de la adjudicación fraudulenta de algunos de ellos».
Los investigados habrían conseguido de esta forma canalizar los fondos y el patrimonio hacia sus empresas, «encubriendo a través de relaciones comerciales y societarias el aparente origen delicivo de los mismos«, según explican los agentes de la UCO en un atestado elaborado a raíz de las detenciones de los principales sospechosos y al que ha tenido acceso EL MUNDO.
Los contratos amañados forman parte de varios planes de inversión e impulso empresarial de Almería puestos en marcha por la Diputación, como el PCEM o el PBIO, además del ACELERA 2020, que tenía como misión reactivar la economía tras la crisis derivada de la pandemia.
En esa primera conversación interceptada en noviembre de 2018, se hablaba de un contrato para el alquiler de maquinaria que se formalizaría en favor de OYC, una sociedad que no está a nombre del alcalde y de su hijo, pero que tiene múltiples vínculos societarios con GESA Andalucía, que sí es propiedad de Rodrigo Sánchez López. La Guardia Civil cree que se trata del inicio de una dinámica que se habría prolongado a lo largo del tiempo y que se soporta en dos ejes fundamentales: Por un lado, el control de la sociedad OYC ejercido por parte de Rodrigo Sánchez Simón y Rodrigo Sánchez López y, por otro, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos «aprovechando las capacidades en materia de contratación pública ostentadas por Óscar Liria», sobrino del ex alcalde y vicepresidente tercero de la Diputación de Almería.
En el marco de los contratos del Plan ACELERA 2020, la Guardia Civil ha hallado documentos con instrucciones a las empresas ofrecidas por Óscar Liria en relación a las bajas que después presentarían las beneficiarias para hacerse con las adjuicaciones, y que debían ser del 2%, el 4% y el 5% respectivamente, según aparece en una nota escrita a mano.
Óscar Liria ya había sido detenido en el año 2021 por cobrar comisiones ilegales a raíz de la compra por parte de la Diputación de Almería de mascarillas y material sanitario para hacer frente a las necesidades de la pandemia. Fue el primer caso de corrupción que se destapó en España vinculado a la crisis del covid. Y fue también el hilo del que tiró la Guardia Civil y que les ha llevado finalmente a implicar a otros cargos del PP en la provincia en una trama más amplia de amaño de contratos.
Como ya informó EL MUNDO, la compra de mascarillas y material sanitario por valor de dos millones de euros (con una mordida de casi un millón) lo fraguó Óscar Liria con el empresario Kilian López y la sociedad de éste último, Azor Corporate.
En su atestado, la Guardia Civil detalla que «se han localizado evidencias de las que se desprende que se habrían introducido en el mismo sobrecostes que se cuantifican en 945.327,61 euros, haciéndolo con el objetivo de que, posteriormente, los mismos fuesen catalizados a otra de las sociedades del empresario Kilian López, que se encargaría de entregar parte de estos fondos a los cargos públicos».
La UCO cree que fue Óscar Liria el que posteriormente se encargó de repartir las comisiones con el presidente de la Diputación durante al menos cinco años, entre 2016 y 2021, hasta que Liria fue arrestado en la primera fase de la investigación.
Para el blanqueo de estas cantidades Javier Aureliano García habría contado con la colaboración de su familia, en especial su hermana Rosario, imputada en la causa y cuyo domicilio fue registrado la semana pasada.
