Publicado: noviembre 2, 2025, 9:07 pm
El histórico juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comienza este lunes en el Tribunal Supremo. Por primera vez en democracia, un fiscal general figura como acusado en un procedimiento penal. Desde que arrancó la investigación por la filtración de datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), todos los indicios siempre apuntaron a una misma dirección: una presunta autoría de García Ortiz enmarcada en una operación política para perjudicar a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El fiscal general del Estado, máximo representante del órgano constitucional que tiene encomendado promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos, está acusado de cometer un delito de revelación de secretos al difundir datos reservados del empresario Alberto González Amador.
Apoyado en todo momento por el Gobierno, García Ortiz ha resistido -con altibajos- el trance de la instrucción penal sin dimitir, lo que provocará que se viva una imagen insólita hoy en el Supremo, cuando acuda al juicio como encausado pero también con la condición institucional de autoridad que le otorga el cargo de fiscal general.
El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le permitirá sentarse en estrados junto a sus letrados de la Abogacía del Estado en la vista oral, privilegio del que previsiblemente no gozará cuando tenga que declarar con la condición de acusado el próximo 12 de noviembre. También podrá acceder a la sede de la última instancia jurisdiccional del país por la puerta noble de acceso reservado a magistrados, fiscales y autoridades.
Según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO el pasado viernes, el presidente Martínez Arrieta y la ponente de la sentencia, la magistrada Susana Polo, se reunieron con todas las partes en la sede del Supremo. Los magistrados recalcaron que el juicio a García Ortiz se tramitará con todas las garantías procesales e hicieron un llamamiento velado a la profesionalidad de quienes van a intervenir durante la vista oral, que se prolongará durante las próximas dos semanas: que la polarización social que ha generado esta causa quede fuera de las puertas del salón de vistas de la Sala Penal del Alto Tribunal, donde únicamente se atenderá a parámetros jurídicos.
Mensajes cruzados la noche del 13 de marzo de 2024 entre el fiscal general y la fiscal jefe de Madrid.
«Justitia» es la inscripción que está grabada en la pared de la lujosa Sala, entelada con seda rojo de Damasco, con mobiliario de caoba traído de Cuba, presidida por un Cristo obra de Alonso Cano y fustes de mármol que recuerdan a un templo: el templo de la Justicia.
Si bien el fiscal general prevé acceder por la puerta principal del Supremo, antes será arropado por los suyos en la sede de Fortuny. En el chat de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación que García Ortiz presidió y de la que fue portavoz, este fin de semana se divulgó el siguiente mensaje: «Compañer@s hemos pensado que el lunes 3 de noviembre acudamos l@s que podamos a las 09.15 al patio de la FGE, y despedir al Fiscal General con un aplauso a su salida y luego quien quiera acercarse al TS que haga lo que considere conveniente».
García Ortiz va a ser juzgado por haber presuntamente filtrado un correo electrónico que el abogado de la pareja de Ayuso envió a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid con el objetivo de alcanzar un pacto de conformidad. En ese mail, el letrado Carlos Neira admitía que «ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública». Ese correo fue filtrado la noche del 13 de marzo de 2024 a la Cadena Ser. A su vez, el fiscal general ordenó redactar una nota de prensa donde se airearon todos los detalles de la negociación mantenida entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto para alcanzar el mencionado acuerdo. El literal de aquella nota de prensa, carente de precedentes, provocó que el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) suspendiera el protocolo firmado sobre conformidades y se querellara contra la Fiscalía. El ICAM pide cuatro años de cárcel para el fiscal general del Estado.
El magistrado instructor que ha investigado durante casi un año al fiscal general, Ángel Hurtado, concluyó que la intención que persiguió el fiscal general aquellos 13 y 14 de marzo de 2024 fue «ganar el relato» frente a una adversaria política del Gobierno, como es Isabel Díaz Ayuso.
Estos hechos, a ojos del Supremo, pueden constituir un delito de revelación de secretos cometido por un funcionario público, tipificado en el artículo 417 del Código Penal. Aunque las penas solicitadas por las acusaciones populares y particular conllevan prisión, en caso de ser condenado, la ley también contempla la pena de multa, además de la inhabilitación para cargo público, lo que conllevaría su expulsión de la carrera fiscal.
Correo filtrado en que el abogado de González Amador reconoce los delitos.
A lo largo de la instrucción, el fiscal general primero sostuvo que fue víctima de un «bulo», aunque a medida que la causa avanzaba su estrategia de defensa se centró en convencer -sin éxito- al Alto Tribunal de que ningún secreto se había divulgado. En medio, destruyó las copias de seguridad de sus móviles, cambió de terminal y eliminó la cuenta de Gmail a la que ordenó que se le enviaran los correos de González Amador, actuando contra toda la lógica de quien no tiene nada que ocultar, ya que nadie «borra las pruebas de su inocencia». Esta máxima la aplicó a lo largo de su carrera profesional el fiscal general cuando le tocaba hacer juicios como fiscal de a pie. Es más, todo su núcleo de confianza en Fortuny optó por deshacerse de sus móviles en plena investigación judicial del Tribunal Supremo.
Por su parte, EL MUNDO fue el primer medio de comunicación que informó de las conversaciones que González Amador estaba manteniendo con la Fiscalía de Madrid, publicando a las 21.29 horas de aquel 13 de marzo una información titulada «La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso». En palabras del Supremo, quién propuso ese pacto era una «cuestión de escasa relevancia» jurídica, pese a la inusitada preocupación que generó en García Ortiz.
También fue el periódico que destapó en exclusiva el 15 de marzo de 2024 que fue el fiscal general, personalmente, quién ordenó difundir los datos de la pareja de Díaz Ayuso, previo enfrentamiento con la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. Y el medio que adelantó los whatsapp de Álvaro García Ortiz que reflejaban la motivación política que lo movió en las horas de la filtración: «Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato».
El fiscal general se proclama inocente a la par que se considera víctima de una «operación perfectamente orquestada desde el aparato institucional de la Comunidad de Madrid» para «contrarrestar la repercusión política negativa» de que González Amador había sido denunciado por fraude fiscal por parte del Ministerio Público.
Cuando fue citado a declarar como investigado por el juez Hurtado, García Ortiz optó por negarse a responder a las preguntas del instructor, al que acusó de actuar de «manera predeterminada». Esta actitud procesal evidenció, según fuentes del caso, que su defensa era «política en vez de jurídica», olvidando la condición de autoridad del Estado para entregarse a la estrategia de «un delincuente común».
El instructor de la causa sostuvo que la actuación del fiscal general «pone en cuestión el prestigio de la institución, con el menoscabo que ello comporta, si ponemos la mira en el cometido y función constitucional que le viene encomendada al Ministerio Fiscal, sujeto en esa función a principios como el de legalidad e imparcialidad, que pueden quedar en entredicho en la medida que su actuación se viera comprometida por indicaciones externas, y, sin duda, tener indudables efectos perjudiciales en el fundamental derecho de defensa del afectado». Dentro de la carrera fiscal, una amplísima mayoría de sus miembros cree que García Ortiz debería haber abandonado el cargo tras ser imputado, evitando someter a la Fiscalía a este «bochorno».
MÁS DE 40 TESTIGOS
La vista oral en el Supremo se prolongará hasta el próximo 13 de noviembre y durante la misma declararán más de 40 testigos: fiscales, periodistas, políticos, el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid y miembros de la UCO, entre otros. El jefe del Ministerio Público comparecerá en último lugar, tal y como pidió su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado, el servicio jurídico del Gobierno.
Este lunes, en la primera sesión del juicio han sido citados los fiscales Julián Salto Torres, que llevaba el caso de Alberto González Amador; Pilar Rodríguez Fernández, fiscal jefe provincial de Madrid; Almudena Lastra, fiscal superior Madrid; y Diego Villafañe Díez, teniente fiscal de la Secretaria Técnica y mano derecha de García Ortiz.
En la sesión de la tarde están llamados a testificar Mar Hedo, directora de Comunicación de la Fiscalía General del Estado, e Íñigo Corral, jefe de prensa de la Fiscalía Superior de Madrid.
Rodríguez, que llegó a estar imputada durante meses en el procedimiento, declaró que «durante el tiempo que las actuaciones permanecieron en la Fiscalía Provincial Madrid no se produjo filtración o difusión a terceros de la información obrante en las mismas», en referencia al expediente del empresario Alberto González Amador.
Por su parte, el destino procesal de García Ortiz está en manos de siete magistrados del Alto Tribunal: Andrés Martínez Arrieta (presidente), Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela, Susana Polo (ponente) y Ana Ferrer. Se trata de jueces de distintas sensibilidades que decidirán, tras la celebración de la vista oral, si el fiscal general es culpable o inocente.
Se da la circunstancia de que esta causa ha generado en los últimos meses ciertas tensiones internas dentro de la Sala de lo Penal, no siendo descartable que las mismas vuelvan a aflorar durante la fase de deliberación posterior al juicio. Sus miembros, no obstante, defienden que «nada está escrito» y que se actuará conforme a Derecho. La intención del Alto Tribunal es poder notificar el fallo antes de que finalice este año. Primero hay que esperar al, en este caso histórico, «visto para sentencia».
