Publicado: septiembre 8, 2025, 4:07 am
De las cinco conferencias sectoriales de Educación celebradas durante el pasado curso entre el Ministerio y los responsables autonómicos, cuatro se han realizado por correo electrónico. Es un formato insólito porque tradicionalmente han sido presenciales o como mucho, desde el Covid, por videoconferencia. Por primera vez en la historia, el Gobierno ha impuesto un cordón sanitario en su máximo órgano de interlocución educativa con las CCAA. Las reuniones del 7 de octubre y del 5 de diciembre de 2024 y de los pasados 31 de julio y 25 de agosto fueron a través del Outlook. Tan sólo en la del 12 de junio hubo un encuentro con los consejeros cara a cara en la zona noble de la sede central de Alcalá, 34.
Las convocatorias a las que ha tenido acceso EL MUNDO muestran el extravagante mecanismo: cada autonomía recibe a las 9.00 horas en su bandeja de entrada un email de la ministra, Pilar Alegría, donde se le comunica «el inicio de la sesión».
Instrucciones de la Conferencia Sectorial del 25 de agosto, donde los representantes autonómicos envían sus propuestas por correo electrónico.
«Desde este momento y hasta las 11.00 horas los participantes podrán manifestar su postura (acuerdo/desacuerdo) respecto a los puntos del orden del día, a través del correo personal facilitado, que dirigirán al Ministerio con copia al resto de participantes», rezan las instrucciones.
«A las 11.00 horas la señora ministra enviará nuevamente un correo comunicando la postura de las CCAA y dando por finalizada la sesión». Fuentes autonómicas explican que, con todos los mensajes, el Ministerio confeccionó las actas de las sesiones.
Convocatoria para la Conferencia del 31 de julio, donde las CCAA envían sus opiniones por correo electrónico.
Esta nueva práctica, que no permitió el debate ni la discusión, pues todo se limitó a un intercambio de papeles, refleja cómo se encuentra nuestro sistema educativo. El curso escolar comienza hoy en buena parte de España con una ministra desaparecida, una ley en desuso y unos profesores tan hartos que amenazan con la huelga. La parálisis del Gobierno en la gestión de las emergencias o ante el problema de la vivienda se repite en la escuela, donde, en un contexto de falta de presupuestos y con las CCAA del PP en contra, el Ministerio de Educación no ha llevado a término ninguna medida de calado durante esta legislatura.
Alegría es ministra de Educación y Formación Profesional desde julio de 2021. En noviembre de 2023 asumió también la cartera de Deportes y fue nombrada portavoz de Gobierno, un cargo/maldición que también ejercieron Isabel Celaá (PSOE) e Íñigo Méndez de Vigo (PP): en cuanto empezaron a ir a La Moncloa, abandonaron sus labores educativas, comenzaron a equivocarse y cayeron en desgracia. Alegría tiene la circunstancia añadida que desde principios de año es la secretaria general del PSOE en Aragón, lo que la obliga a viajar con frecuencia a su tierra para participar en la organización y en las actividades del partido.
Sigue visitando escuelas e inaugurando cada septiembre el curso escolar con los Reyes –lo hará el próximo día 12 en La Rioja–, pero sus apariciones como ministra han caído en picado y no ha puesto en marcha nada importante desde que, en enero de 2024, intentó organizar un pacto de Estado para prohibir el móvil en todos los colegios de España, una iniciativa que no cuajó pues las CCAA lo regularon cada una por su cuenta.
Retraso en la reforma docente
Su otro gran proyecto, la elaboración de un estatuto docente que dignifique la profesión, va muy retrasado. Los trabajos entre el Ministerio y los sindicatos no han avanzado desde las 24 propuestas anunciadas en 2022. Desde que el proceso comenzó oficialmente el pasado enero, sólo ha habido cuatro reuniones; la última, el 30 de abril. En ninguna de ellas el Gobierno ha presentado nada por escrito que permita arrancar la negociación.
CCOO, UGT, Csif y Anpe llevan todo el verano amenazando con movilizarse e ir a la huelga si Educación no se pone a hablar en serio. Con las protestas de Asturias aún recientes y tambores de guerra amenazando la paz escolar de Cantabria, Extremadura, Aragón y Madrid, el Ministerio citó el pasado viernes a los sindicatos a una reunión el próximo 23 para hablar de condiciones laborales, pero «sin entregar documento alguno de referencia», según Francisco Venzalá, presidente del sindicato Anpe, el mayoritario de la escuela pública, que reclama, entre otras cosas, una bajada de las ratios de alumnos por aula, una reducción del número de horas lectivas y «un marco común» para toda España que dé «seguridad» a los profesores, que forman parte de un cuerpo del Estado, aunque las competencias educativas estén transferidas a los gobiernos autonómicos.
La queja de Anpe es compartida por otros sindicatos. «Nos van dando largas. Nos dijeron que en junio nos harían llegar la documentación para empezar a trabajar, luego dijeron que julio, después que a principios de septiembre… Les damos una última oportunidad: o la ministra sale con propuestas concretas o estamos dispuestos a movilizarnos como haga falta. No entendemos que la economía mejore y el Gobierno no tenga la educación como prioridad. O se hace una apuesta por una educación de calidad por parte de este Ministerio y por parte de las CCAA o nos encontraremos en la calle», avisa Teresa Esperabé, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO.
«La legislatura del profesorado»
También Beatriz García, secretaria de Enseñanza de UGT, califica de «decepcionante» la actitud del Ministerio. «No se ha puesto sobre la mesa ninguna medida concreta. Y decían que ésta iba a ser la ‘legislatura del profesorado’. Queremos confiar en que nos vamos a sentar y abrir una negociación que hasta ahora no se ha producido. Un curso era suficiente para ponerla en marcha», indica.
Consultado un portavoz del Ministerio de Educación, declina emitir valoración alguna sobre la falta de presencia de la ministra, ni sobre la posible huelga, ni sobre la negociación del estatuto docente, «hasta que se alcancen acuerdos» con los sindicatos. Silencio total.
García, perteneciente a una central sindical históricamente relacionada con el PSOE, habla desde el corazón cuando dice que «el descontento del profesorado es generalizado». «Hay un malestar creciente en las aulas porque los docentes no se sienten suficientemente valorados, porque no nos hemos recuperado de los recortes de 2012 y por la excesiva carga burocrática», denuncia.
Excesiva burocracia
Según Mario Gutiérrez, presidente de Educación de Csif, la Lomloe de 2020 es «la responsable» del incremento de la carga burocrática, por la proliferación de rúbricas de evaluación, situaciones de aprendizaje y otras herramientas del modelo competencial que llevan a que «el profesorado muchas veces dedique más tiempo al papeleo que a atender a los alumnos».
«La ley es un desastre que no soluciona los problemas, maquilla las estadísticas escondiendo los suspensos con falsos aprobados y castiga a los alumnos con menos recursos económicos que quieren esforzarse y estudiar», denuncia Gutiérrez, que considera que la ley Celaá es «ineficaz» y se ha quedado «obsoleta».
Así parece indicarlo el hecho de que, desde su aprobación en 2020, se estén produciendo intentos por mejorar la ley desde todos los frentes. El primero, el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en enero de 2024, tras conocerse los desastrosos resultados de los alumnos españoles en el informe PISA, prometió poner en marcha un plan de refuerzo en Matemáticas y Lengua que no estaba previsto en el espíritu de la Lomloe.
Sí aparecían en la ley Celaá la lucha contra las fake news, la educación afectivo-sexual o la mayor presencia de mujeres en los temarios, pero el Gobierno quiere dar aún más peso a estas cuestiones en los planes de estudios, a juzgar por las variadas iniciativas en este sentido que después han presentado en el Congreso los grupos parlamentarios de PSOE y Sumar.
«Medio valioso»
Por otro lado, el despreocupado planteamiento a favor de la digitalización de las aulas expresado en la Lomloe se ha quedado desfasado. Los portátiles y tabletas, que en la norma eran «un medio didáctico apropiado y valioso para llevar a cabo las tareas de aprendizaje», están ahora sentenciadas por las sociedades de pediatras, neurólogos, psiquiatras y psicólogos.
«La escuela no está siguiendo las pautas pediátricas, que recomiendan un uso cero en Infantil, un máximo de una hora de los 6 a los 12 años y un tope de dos horas de 12 años en adelante. Es importante que las siga», apunta Mar España, ex directora de la Agencia Española de Protección de Datos y ahora al frente de la Plataforma Control Z, que agrupa a todos los colectivos médicos que en los próximos meses pelearán para modificar la Lomloe a través de varias enmiendas a la Ley de Protección de los Menores en los Entornos Digitales que se tramita en el Congreso.
La concertada: «Nos han ido dando largas, tienen otras prioridades»
En 2024 Alegría prometió a la escuela concertada constituir una comisión –contemplada en la ley educativa– para analizar el coste de este modelo de enseñanza en el que estudia el 25% del alumnado, pero no se han reunido nunca. «Nos han ido dando largas y no ha habido ningún encuentro, ni siquiera informal; tienen otras prioridades», confirma Luis Centeno, de la patronal Escuelas Católicas.
