Publicado: noviembre 8, 2025, 5:07 am
No es diputado, pero sí es ministro. Es decir, aforado. Y por tanto, cualquier mención a Ángel Víctor Torres, en los informes de la UCO o en las actuaciones judiciales, se gestiona con mesura, pues podría obligar a elevar al caso al Tribunal Supremo, el competente cuando afecta a aforados. De hecho, en su último escrito, la Fiscalía Anticorrupción ni cita al ministro, a diferencia de la UCO, que sí apuntaba su nombre, pero sin incriminarle directamente, en el informe conocido a principios de semana. No obstante, de la sucesión de novedades en los últimos días, se concluye que el foco se acerca sobre Torres. También en lo que afecta al último movimiento de la Fiscalía.
Anticorrupción sostiene que el empresario Víctor de Aldama consiguió la «contratación de emergencia de material sanitario» en el Gobierno que presidía Ángel Víctor Torres en Canarias gracias a las comisiones de 10.000 euros al mes que pagaba a Koldo García, como apuntaba la UCO en su último informe. El Ministerio Público arguye que Aldama «venía pagando» al ex asesor de José Luis Ábalos «al menos desde octubre de 2019 una suerte de nómina que le permitía la petición de favores» y que los pagos se prolongaron hasta meses después de que tanto Ábalos como su ex asesor fueran relevados en el Ministerio de Transportes. De tal forma que Koldo acabó «asumiendo como propios los intereses de Aldama para la consecución de sus distintos negocios», entre los que destaca Anticorrupción los contratos millonarios de mascarillas. Por ello ha solicitado una nueva declaración de Koldo García y Víctor de Aldama como investigados en calidad de partícipes de un delito de tráfico de influencias. La citación de ambos tendrá lugar los próximos 27 y 28 de noviembre en la Audiencia Nacional.
Por lo que afecta a Torres, no es sólo que el supuesto tráfico de influencias se realizase dentro de su propio gobierno, por un montante total superior a los 10 millones de euros. Anticorrupción, en su escrito ayer, subraya que Aldama «solicitó a Koldo» ayuda en todos los «pormenores derivados de la contratación de emergencia de material sanitario por la Administración canaria, certificación del propio material, cobro por parte de Soluciones de Gestión (empresa intermediada por Aldama), etc.». Esta parte final toca directamente al hoy ministro, pues la UCO ha documentado ampliamente la colaboración que Torres prestó para que se consumase el citado «cobro».
Los investigadores de la Guardia Civil han aflorado decenas de mensajes entre Koldo García y el ministro de Sánchez que revelan cómo el ex asesor de Ábalos le sometió a una presión incesante para que pagara a las empresas vinculadas a Aldama. Quien fuera colaborador del ex ministro de Transportes llegó a dirigirse a Torres en estos términos: «Por Dios, si lo consigues me dejo violar por ti». Y le acuciaba diciéndole que el empresario y sus socios se iban a «pegar un tiro» si no cobraban del Gobierno canario.
Lejos de zafarse de la presión, Torres se implicó personalmente en solventar la situación. «Yo les llamo cuando esté la transferencia hecha. Ya está la orden firmada y hoy terminaban el documento contable para cargar el pago», escribió a Koldo. «Tiene huevos que estas cosas las tengas que hacer tú», le replicaba.
En esta operación de agilización de los pagos, a la que se opusieron los técnicos y que Anticorrupción menciona en el escrito publicado este viernes, funcionarios alertaron de que el precio del material sanitario que iban a comprar estaba «fuera de mercado». Torres, para acelerar el proceso, también implicó a su entonces mano derecha, Antonio Olivera, que ejercía como viceconsejero de Presidencia y que luego le acompañó como jefe de Gabinete en el Ministerio, cargo al que renunció el pasado abril en plena investigación sobre la trama de las mascarillas.
«Hay resistencia de Ana (la responsable económica de Sanidad canaria) no a pagar la factura sino a hacer los abonos sin las comprobaciones de las validaciones porque hay un conjunto de empresas que tienen dificultades», avisó Torres, que añadió que había exigido desbloquear la situación: «Yo la he traslado la excepcionalidad de esta factura… Estate tranquilo que estoy haciendo todos los esfuerzos, ¿eh? Esta mierda te la resuelvo sí o sí».
Tras desbloquear finalmente las operaciones, Koldo envió un audio a Torres diciéndole que le tendría a su disposición «para lo que le saliera de los cojones» como agradecimiento y Torres le contestó que no iba a parar hasta enterarse de qué funcionarios habían «saboteado» las operaciones y le dio a entender que adoptaría represalias.
La Fiscalía Anticorrupción subraya que los pagos de Aldama a Koldo García le garantizaban, en primer lugar, «tener acceso al propio ministro» José Luis Ábalos, «asegurando así la capacidad de actuación» del empresario en el Ministerio de Transportes. Pero, también, comprendían el «aseguramiento de su capacidad de influencia para la posterior consecución de un lucro económico personal» en otros ámbitos, donde ya podría encuadrarse Torres. «Toda esta operativa podría ser subsumible en el delito de tráfico de influencias (artículo 428 del Código Penal) de la que serían partícipes, en principio, Koldo García y Víctor de Aldama», concluye Anticorrupción.
