Publicado: febrero 27, 2025, 8:00 pm
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La nueva clasificación de los carteles mexicanos como terroristas podría implicar intervención de los datos de las telecomunicaciones. Las redes de conectividad y la información que se generan a través de este tipo de infraestructuras críticas se pueden tornar clave para investigar y combatir a organizaciones que ponen en riesgo la seguridad nacional. La Oficina Federal de Investigación o Buró Federal de Investigaciones, más conocido por sus siglas (FBI), se ha valido de las telecomunicaciones para capturar a integrantes de organizaciones delictivas. El caso más reciente sucedió el año pasado, cuando salió a la luz la historia de cómo la agencia creó su propia empresa de teléfonos inteligentes para intervenir las comunicaciones de integrantes de organizaciones delictivas.
De manera reciente, Estados Unidos ha aumentado la presión sobre México al designar a los cárteles como terroristas. La Agencia de Inteligencia estadounidense, la CIA, ha comenzado a utilizar drones no tripulados para espiar las actividades de los cárteles dentro del territorio mexicano, según reportó en días pasados el New York Times. Un siguiente paso serían las telecomunicaciones. Para Carlos Matienzo, director de Datalnt y experto en seguridad, la telefonía y los equipos móviles se han convertido en herramientas centrales en materia de defensa y seguridad internacional para las agencias de inteligencia, en especial, en contextos donde grupos delictivos son denominados como terroristas. “La designación de los carteles como terroristas es una cuestión menos legal y más de decisión política. Es posible que las agencias de inteligencia como la CIA, el Departamento de Defensa, el Departamento de Seguridad Interior, la Agencia de Seguridad Nacional requieran de un seguimiento de intervención de comunicaciones para ciertos objetivos, pero probablemente de forma encubierta”, menciona el experto en seguridad. Esto implicaría la intervención de comunicaciones de las organizaciones delictivas, así como de empresas o personas que se consideran están involucradas con las organizaciones delictivas. A esta situación se suman las nuevas propuestas de leyes en materia de seguridad. La presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado a la Cámara de Diputados dos iniciativas de ley en materia de seguridad pública e inteligencia, con la finalidad de crear un Padrón de Telefonía y Centralizar una base de datos de los ciudadanos que contendrá data como registros vehiculares, datos biométricos, registros inmobiliarios, registros fiscales e información telefónica. Para la Asociación Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) las iniciativas legislativas pueden derivar en una vigilancia masiva e indiscriminada de la población, propia de un Estado policial, sin controles democráticos y susceptibles de ser abusada incluso por la propia delincuencia que pretende combatir. “Es un grave atentado en contra de la privacidad de la población, que la cancela en la práctica y pone a las personas en un riesgo mayor ante la delincuencia que opera fuera y dentro del Estado”, dice R3D. Y con la clasificación de terroristas a organizaciones delictivas, el gobierno de los Estados Unidos incluso podría solicitar el acceso a la base de datos que genere el gobierno con la iniciativa de Ley, poniendo en una situación de mayor vulneración para los ciudadanos, aseguró el experto en seguridad. Actualmente las dependencias de gobierno pueden acceder a la información de los ciudadanos debido a los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR). El 189 exige a las empresas de telefonía almacenar todos los metadatos de las comunicaciones –origen de las llamadas o mensajes, fecha y duración de conversaciones, realizadas por los usuarios en sus redes– durante dos años. El otro, el 190, habilita a instancias de seguridad y procuración de justicia, expresamente a la Fiscalía General de la República y de los Estados y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Guardia Nacional, solicitar el registro y control de las telecomunicaciones de cualquier usuario, a través de una orden judicial. “Pero entre 2016 y 2017, R3D demostró con evidencia obtenida a través de información de las autoridades y de las operadoras telefónicas que había muchos abusos en el tema de obtención de información, pues un número muy importante de solicitudes de acceso a los datos se lleva a cabo sin autorización judicial y por autoridades que no tienen facultades para acceder a la información de los usuarios”, advirtió Luis Fernando García, director R3D, en una entrevista con Expansión anteriormente. Para Matienzo es necesario que el gobierno genere un marco que especifique la intervención de comunicaciones para organizaciones criminales para evitar abusos de autoridad y violaciones a la privacidad de los mexicanos bajo el amparo de combate al terrorismo. “Muchos países hacen ese tipo de distinciones por el tema de Estados Unidos al determinar terroristas a ciertos grupos para aplicar medidas mucho más invasivas que las de un delincuente común. En México no tenemos legislado eso, solo existen delincuentes del Fuero Común y Federal, pero con iguales derechos constitucionales y procesales, pero creo que el Estado ya debería mirar hacia un nuevo marco legal”, dijo el experto en seguridad.
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