A la huelga por ley

El ministro Félix Bolaños afrontó ayer el primero de los tres días de huelga que le han declarado las Asociaciones mayoritarias de Jueces y Fiscales de España y, según explicaron los convocantes, la jornada se saldó con un éxito rotundo: se declararon en huelga el 75% de los jueces y fiscales españoles.

Portavoces cualificados de las organizaciones convocantes han manifestado su extrañeza por el hecho de que el ministro de Justicia no les haya llamado con el fin de desactivar la huelga antes de que llegue a su fin, pero eso debe de ser porque no conocen la naturaleza de este pájaro. Recuerden que el pasado fin de semana descalificaba la protesta de los jueces que estaba en el pórtico de la huelga con un sofisma extraordinario, que pedía respeto para los centenares de personas que se habían concentrado ante el Supremo, como también pedía respeto «para quien no lo hizo y apoya las reformas». Hace falta ser intelectualmente un chorizo para argumentar así: críticos con la reforma, unos centenares; partidarios de la reforma 47 millones de españoles.

Seguramente guarda silencio el bolo Bolaños mientras prepara su argumento contra la huelga: en España, los jueces y fiscales suman unos 7.800 funcionarios, de los cuales la tercera parte son fiscales. O sea, que se han declarado en huelga 7.800 funcionarios frente a los 24,5 millones de trabajadores que integran la población activa. Un porcentaje ridículo, se mire como se mire.

Recuerden que Félix Bolaños fue el propagador del bulo de que la Comisión de Venecia avalaba la Ley de Amnistía para la que recomendaba un gran consenso y yo «animo al PP a que se sume». La Comisión, lo dicen sus integrantes, no avala ni rechaza ley alguna, no es su función. Sí decía la Comisión -y tergiversó Bolaños- que una medida como la amnistía requería un amplísimo consenso social y político sobre su necesidad. Ello exige que su aprobación se lleve a cabo por una mayoría muy cualificada, no por 178 votos a favor y 172 en contra como la autoamnistía presente, y, en su caso, mediante una reforma constitucional.

La ley de amnistía aprobada en España en 1977 sí cumplió este requisito. Fue respaldada en el Congreso por 296 votos a favor, dos en contra y 18 abstenciones. La Comisión rechazaba además, expresamente, que la ley pudiera tramitarse por el procedimiento de urgencia y consideraba imprescindible que los órganos consultivos del Estado se pronuncien. Se ha tramitado por la vía de urgencia y no se ha pedido el dictamen de los órganos consultivos.

Coronaba el ministro de Justicia la tarta de sus falacias con la guinda del sofisma al negar muy enfáticamente que «ni una línea afecta a la independencia judicial y al Estado de Derecho. Sí contiene becas y aumento de jueces», lo que llevaba a Pedro Corral a traducírselo al román paladino: «Trata de decir que los jueces y fiscales se manifiestan e irán a la huelga porque aumentan las plantillas y porque se crean becas».

Estas mañas no son nuevas. El PSOE siempre ha tenido una relación esquiva con la administración de justicia: está la Ley del Poder Judicial de 1985 y la invención del cuarto turno, martingala que permitía el acceso a la carrera de jueces sorteando las oposiciones. Y lo de asignar la instrucción a los fiscales ya lo intentó Bermejo, aquel ministro de Justicia que se vio obligado a dimitir por ignorar los límites de la España Autonómica en su licencia de caza.