Publicado: septiembre 7, 2025, 1:07 am
Cumplir 18 años para un joven abre la puerta a sacarse el permiso de conducir, comprar alcohol o votar. Para quienes crecen en los centros del sistema de protección de menores, la mayoría de edad es un empujón a la independencia con un creciente riesgo de exclusión social. Y fue el caso de Madeleine, una joven boliviana que terminó en un piso de menores, cuando tenía 16 años, después de denunciar a su madre por maltrato.
«Mi padre no sabía nada porque yo no se lo contaba. Se enteró porque vio una parte de mi cara golpeada», cuenta Maddy, como le gusta que le llamen. La violencia que vivió desde los 15 años fue el último nudo en una cadena de discusiones e insultos con su madre que había empezado en la adolescencia. Una deriva que desembocó en un intento de suicidio, una denuncia a los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y con Maddy entrando por primera vez en el Centro de Primera Acogida Hortaleza, hoy célebre por el foco puesto por la extrema derecha política tras la agresión sexual a una menor cometida por uno de los internos. «La trabajadora social me dijo que ahí había todo tipo de gente, el doble de grandes que yo», recuerda. «Ahí, la directora me comentó que tenía que dejar de estudiar y trabajar, que no iba a poder continuar con mis estudios. Y realmente eso también me dolió».
Maddy es uno de los 48.357 casos que en 2021 fueron atendidos por los sistemas de protección en España. Según el último boletín del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, entre 2021 y 2023 la cifra aumentó un 7,20%, lo que se traduce en 51.972 casos, de los que 6.123 están en Madrid. Un número crucial para el reparto de menores extranjeros no acompañados provenientes de Canarias.
Esta comunidad reconoce el derecho de un niño «a recibir la asistencia y protección que les garantice el pleno desarrollo de su personalidad». El análisis de los casos en situaciones de riesgo cae en el Área de Protección del Menor y los Servicios Sociales priorizan mantener a todos los menores en un ambiente familiar. Cuando esto no es posible, la única opción que les queda a los niños es crecer en un centro residencial. La pregunta que permanece desde el primer día es: ¿Qué pasa después de cumplir la mayoría de edad en estos lugares? ¿De quién dependen? Un temor que se repite en la mente de los jóvenes en los centros, como Maddy.
Ahora, ella tiene 20 años, pero durante la mitad de su vida se ha preguntado qué pasará cuando sea adulta, y lo sigue haciendo porque este año debe dejar uno de los pisos de autonomía en la Fundación Acrescere, en el que ha vivido desde los 18. «Me da incertidumbre cómo va a ser, como cuando llegue aquí», reflexiona. Y es que la vida de estos jóvenes está llena de dudas, y crece aún más si son elegidos para participar en proyectos para mayores de edad.
En 2023, 374 de las bajas de acogida residencial fueron por cumplir la mayoría de edad. Es la primera causa de las salidas de estas instituciones. Alicia es otra de los jóvenes que salió de un centro de menores en este año. A diferencia de Maddy, Alicia prefiere contar su historia con otro nombre. Llegó de Melilla y desde los cuatro años, creció en el sistema de protección. Su madre no podía permitirse mantenerla a ella y a sus tres hermanos. «Yo no estoy en los pisos por algo malo o porque me haya abandonado mi madre. Yo la entiendo perfectamente. Prefiero que mi hija esté bien y cuidada a que esté en mi casa pasando hambre«, explica la joven, que ahora tiene 20 años.
LOS 18 DE MADDY Y ALICIA
La mayoría de edad no solo es el inicio a la adultez, también es el límite legal del sistema de tutelados. «La protección acaba a los 18 años. ¿Quién a esa edad puede salir a vivir por su cuenta? Los demás jóvenes tienen un soporte familiar que los nuestros carecen», explica Antonio Ferrandis, jefe del Área de Adopciones de la Comunidad de Madrid. Después de este tiempo, ellos están expuestos a factores como la exclusión social, desempleo y problemas emocionales.
Cada caso de ex tutelado es diferente, pero «cuando la dependencia del sistema de protección termina pueden verse sin referencias claras a las que acudir, de modo que algunos regresan a lo único que tienen, que es la familia de la que tuvieron que ser separados», indica Jesús Palacios, catedrático de Psicología. Por esto, la Administración se ha apoyado en otras instituciones, como fundaciones, para crear proyectos de autonomía. Cáritas y la Fundación Acrescere ofrecen este tipo de programas enfocados en la reinserción laboral y social, y cuentan con pisos para jóvenes a los que pueden acceder según el perfil que tengan. Iniciativas de este tipo, que a veces cuentan con financiación pública parcial, son los que exige Vox retirar en sus negociaciones presupuestarias con el PP en distintas autonomías.
Una de las instalaciones del piso de autonomía de la Fundación Acrescere
Cuando llegan ahí ya son mayores de edad y se incrementan los deberes. «No es como cuando estabas en el centro de menores, porque ahí te pasa algo y eres menor y te tienen que proteger. Pero ahora siendo mayor de edad, por cualquier tontería o cualquier cagada, nos podemos quedar en la calle», dice Alicia.
Muchos de los ex tutelados que entran a estas viviendas llegan aún con procesos abiertos y sin herramientas concretas para su vida adulta. Los centros buscan «hacer consciente a los niños, niñas y jóvenes de que las circunstancias que traen no son lo que son ellos ni son lo que van a ser en el futuro», indica Germán Molero, coordinador de pisos en Acrescere. Estos casos son derivados desde la Administración, pero tienen una fecha límite: pueden permanecer entre seis meses y dos años. ¿Qué pasa después? Un nuevo proceso de dudas.
En este tiempo, lograr la autonomía es la prioridad. Les entregan un abono y ellos los administran según sus necesidades bajo el cuidado de un educador, que hace un seguimiento de su progreso. «Estar aquí no es solamente saber ser autónomo, es también conocerte. Es ver tu potencial, las cosas que hay que mejorar y las que pueden seguir así», explica Molero. Por esto, buscan intervenir desde «las fortalezas en cada caso».
Así, estas instituciones imitan el papel de una familia mientras les enseñan a ser independientes: es importante «facilitarles alguien en quien confiar y a quien acudir cuando se sientan perdidos, una red de relaciones sanas que eviten que acaben formando familias disfuncionales como aquellas de las que tuvieron que ser separados», precisa Palacios. Entre risas, Maddy advierte que regresará a consultar con sus educadores cuando tenga que firmar contratos o revisar si le están pagando bien.
Alicia es parte del proyecto Alojamientos Supervisados para Jóvenes de Cáritas, en el que ayudan a personas entre 18 y 28 años que se encuentran en situación de emergencia socio-residencial -sean o no del sistema de protección- y que carecen de redes de apoyo. «Nos dan un techo, nos enseñan muchas cosas que no sabemos, por ejemplo lo que la seguridad social, lo del alquiler, y ahorro. Pero somos muy independientes«. Este programa se inició en 2018 como un proyecto residencial para los ex tutelados. Sin embargo, en 2022, ya con 6.036 personas entre los 18 a 29 años en situación de sinhogarismo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Cáritas vio la necesidad de ampliar el proyecto. En 2023 se formó Alojamientos Supervisados para Jóvenes, que incluye vivienda, acompañamiento y desarrollo de las competencias sociales, como talleres del IRPF, economía doméstica y gestión de las nóminas. «Desde antes, no tuve la posibilidad de trabajar como cualquier persona y obviamente te fundes el dinero que tienes. Pero aquí nos han enseñado a ahorrar y nos ayudan en varios aspectos», reconoce Alicia. Para 2024, se ofertaron 30 plazas a diferentes jóvenes en Madrid. Estos programas les ayudan a resolver aspectos concretos de la adultez, como la vivienda y el trabajo.
Pero los ex tutelados también enfrentan, de manera más acentuada que cualquier otra persona de su edad, problemas que transcienden lo material. Confiesa Maddy: «Me cuesta reconocer cuando hago cosas bien y cuando me doy cuenta de que quiero controlar cosas que no puedo, como con mi mamá o mis hermanas».
Los jóvenes tienden a experimentar también desconfianza con su entorno. «Yo tengo un círculo súper pequeño. Evidentemente yo soy una chica muy reservada y no me pongo a contarle mi vida a cualquiera», dice Alicia. Viven en una perenne incertidumbre vital una vez desaparece la protección de la Administración y llegan solos a una realidad social que…
La población española de entre 16 y 30 años tiene que destinar el 92,3% de su salario para poder emanciparse. Los datos, de la última edición del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud en España (CJE) apuntan como principal impedimento para la autonomía el acceso a una vivienda «digna», con alquileres que crecen al 11,6%, frente al 6,3% del salario juvenil (1.170,54 euros). La tasa de emancipación juvenil al cierre del 2024 cayó un 10,59% frente a 2023 y deja al 15,2% de la población juvenil emancipada, el peor dato a un cierre de año desde que se empezó a medir en 2006.
Quienes salen de los centros de acogida para menores, sin redes de apoyo, se ven más expuestos a la precariedad laboral, la dificultad de encontrar vivienda y, en muchos casos, aumentan el riesgo de vivir en la calle o acabar vinculados a grupos de delincuencia. Según los datos del Instituto de Juventud, en 2023, el 20% de las personas en situación de sinhogarismo tenían menos de 29 años.
Por esta vulnerabilidad creciente y al acecho, las instituciones están obligados a crear con los jóvenes un plan de vida antes de su salida. Sin embargo, varios ex tutelados indican que no es algo obligatorio y, muchas veces, a días de cumplir la mayoría de edad no tienen un panorama claro de los les espera al otro lado del centro.
Ahora, Maddy sí tiene un plan de vida. No renunció a sus estudios como le sugirieron cuando entró al centro de Hortaleza. De hecho, está rematando estudios de Finanzas y Administración, y por las tardes trabaja como reponedora en un Carrefour. «Ahora estoy tranquila porque tengo bastante dinero ahorrado, pero me pregunto cómo va a ser, igual que cuando vine para acá». Alicia tiene un grado superior en estética y ya ha hecho varios cursos de comercio y marketing, el área donde está empleada. «Los que venimos de pisos, ya tenemos las cosas claras porque evidentemente siempre hemos estado solos. Somos muy independientes y nos buscamos mucho la vida nosotros mismos», recalca la melillense.
Pero no todos los jóvenes pueden acceder a estos proyectos. Deben competir con todos los tutelados del sistema de protección por una de las escasa plazas disponibles. «Incluso para los pisos de autonomía debes tener un perfil. No puede entrar una persona desordenada o que no tenga trabajo. Por las cosas buenas que tengo, que aún me cuesta ver en mí, pude entrar a este», celebra Maddy.
El horizonte no se despeja. Cada nueva estadística es otra piedra en el muro que separa de una vivienda. La Fundación Acrescere, por ejemplo, hace seguimiento a quienes agotan su tiempo en pisos de autonomía. Y, además, para enfrentar los problemas de alojamiento, sostiene un proyecto de viviendas comunitarias para los jóvenes con más dificultades, generalmente extranjeros. Porque, como lamenta Molero: «A veces, en el momento que un chico llama y escuchan el nombre o el acento, directamente le niegan la vivienda«.
