Publicado: septiembre 1, 2025, 8:07 pm
Pedro Sánchez continúa contribuyendo a la rehabilitación política de Carles Puigdemont a pesar de su condición de prófugo de la Justicia española, que mantiene vigente una orden de detención contra el líder de Junts por un delito de malversación vinculado con la organización del referéndum ilegal del 1-O.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reunirá hoy con el dirigente independentista en Bélgica con la pretensión de intentar blindar el respaldo de los neoconvergentes al PSOE y al presidente del Gobierno. Dicho apoyo se ha mantenido tras el desboque del caso Koldo y el encarcelamiento del ex número tres de los socialistas, Santos Cerdán, quien dos años atrás inició esa senda hacia la rehabilitación política de Puigdemont al posar junto a él en Bruselas bajo una fotografía de la votación secesionista de 2017 para escenificar el acuerdo sobre el redactado de la Ley de Amnistía y la investidura de Pedro Sánchez como presidente.
Ahora, Illa continúa el camino inaugurado por el ex secretario de organización del PSOE y acude como emisario de Sánchez a la capital belga con la pretensión de apuntalar la siempre titubeante contribución de Junts a la gobernabilidad española, que actualmente depende de la cristalización de acuerdos pendientes como la oficialidad del catalán en Europa o el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña, cuyo proceso parlamentario continúa encallado por la férrea negativa de Podemos a permitirlo, al considerar que la medida oculta objetivos xenófobos.
Illa busca otorgar a la cita un cariz institucional, por lo que se verá con Puigdemont en la delegación de la Generalitat en Bruselas. Fue el president el que anteayer propuso a Puigdemont el encuentro. Lo hizo 48 horas después de que el pasado viernes se produjera una nueva reunión mensual en las afueras de Zúrich entre los enviados del PSOE y los representantes de Junts. En la cita -que acabó a las 15.30 horas y en la que estuvieron presentes Puigdemont, Míriam Nogueras, y Jordi Turull, por parte de los neoconvergentes, y José Luis Rodríguez Zapatero y el que fuera mano derecha de Cerdán, Juanfran Serrano, por parte del PSOE-, Puigdemont trasladó a los socialistas su preocupación por la comprometida situación del Gobierno por la corrupción. Ante ello, Zapatero intentó minimizar la gravedad de los escándalos, especialmente los directamente relacionados con Cerdán.
El ex presidente del Gobierno también insistió ante Junts en que el Ejecutivo ha hecho todo lo posible para conseguir el aval de la Justicia a la Ley de Amnistía, tanto a nivel nacional como en Europa, que ahora la cuestión depende enteramente del Tribunal Supremo, y que, por ende, no se les puede recriminar no haber ejecutado los esfuerzos necesarios para facilitar el libre retorno del presidente de Junts a España.
A la espera de que el PSOE designe un sustituto de Cerdán para ejercer de interlocutor con el PSOE en sus encuentros clandestinos en el extranjero en presencia del mediador salvadoreño, Zapatero sigue ejerciendo ese rol y, aprovechando esa circunstancia, ya reclamó a Junts a finales de junio, el apoyo a la denominada Ley Bolaños, que ha topado con la oposición de jueces y fiscales. Junts respondió a la petición -desvelada por EL MUNDO– que sólo se planteará ese respaldo si el Gobierno accede a la creación del «Consell de Justicia de Catalunya (CJC)», que pretende asumir buena parte de las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El fugado alega que aceptó la invitación de Illa por respeto a la figura del presidente de la Generalitat. Junts ha pasado el último año afeando al jefe del Ejecutivo catalán no haberse visto con Puigdemont después de haberlo hecho con todos los demás ex presidentes de la Generalitat, incluido el evasor fiscal confeso, Jordi Pujol. Ya el pasado noviembre, el propio Puigdemont trasladó al PSOE su «gran malestar» por la negativa de Illa a recibirlo, pese a que la reunión con el president no figuraba entre las exigencias planteadas a los socialistas a cambio de su apoyo en el Congreso.
Existen pocas conversaciones previas entre Illa y Puigdemont desde la investidura del socialista. El líder de Junts envió un mensaje al también jefe de filas del PSC antes de que fuera ungido, lo que desembocó en una breve conversación telefónica en la que Puigdemont le felicitó pro su nombramiento tras subrayar que no estaba de acuerdo con su elección.
Fuentes del Gobierno sostienen ahora que el anuncio del encuentro entre Illa y Puigdemont es «un paso para la normalización» de la situación política, que todo lo que entra dentro del marco democrático es «bueno y sano», pero lo desvinculan de la negociación directa de los Presupuestos Generales del Estado de 2026. «Eso va por otro carril», apuntan.
Sánchez ratificó públicamente a finales de julio que mantiene su intención de reunirse personalmente con el ex president de Cataluña una vez que está en vigor la Ley de Amnistía aunque el Tribunal Supremo decidiera que el delito de malversación no entra dentro de sus supuestos y, por tanto, que el líder de Junts no pueda beneficiarse de su aplicación. En La Moncloa defienden que este compromiso sigue en vigor, pero que aún no se ha agendado.
La fotografía de Illa y Puigdemont en Bruselas coincidirá, en todo caso, con la aprobación este martes en el Consejo de Ministros de la condonación de la deuda a las comunidades autónomas por un importe de 85.000 millones de euros, una de las exigencias que planteó ERC para investir al presidente del Gobierno y que podría allanar el terreno para el sí de los de Oriol Junqueras a los Presupuestos. Aun así, el jefe de filas de ERC insiste en que no se producirá ningún nuevo acuerdo presupuestario con el Gobierno o la Generalitat si antes no se producen avances destacados en la «financiación singular» de Cataluña.
El objetivo del Ministerio de Hacienda es poder llevar al Congreso en septiembre la senda de gasto, que es el primer paso para la posible aprobación de unas nuevas cuentas; de momento se mantienen prorrogadas las de 2023. El hecho de no contar con ningún apoyo asegurado al nuevo proyecto presupuestario no frenará a Sánchez, que quiere comprometer a sus socios públicamente.
