Publicado: septiembre 1, 2025, 2:07 am
La aprobación en el próximo Consejo de Ministros de un proyecto de ley para la condonación parcial de la deuda de las comunidades autónomas se convertirá para el Gobierno en un arma de desactivación del discurso del agravio por parte de las comunidades del PP. Si el mecanismo se diseñó a demanda de ERC a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, su previsible extensión al resto de comunidades autónomas podría permitir al Gobierno justificar ante sus votantes (los de fuera de Cataluña) cómo una concesión al separatismo catalán redunda en beneficio del conjunto de las comunidades autónomas. Por eso el PP y sus presidentes autonómicos se han opuesto tajantemente a aceptar la propuesta, explicando que es un «parche» que no soluciona los desajustes de un sistema de financiación desequilibrado y caducado y una manera de «blanquear el trato de favor a Cataluña«.
Pero no todas las comunidades tienen el músculo financiero que le permite prescindir de una herramienta que, si bien no arregla sus problemas, sí podría aliviarlos. Tal vez la situación más acuciante a este respecto es la de la Comunidad Valenciana, que ha sobrevivido financieramente en los últimos años gracias a los préstamos extraordinarios del Gobierno.
Como se recordará, desde los grandes recortes presupuestarios de 2012, tras la crisis financiera que arrancó en 2008, el Gobierno activó un mecanismo de ayuda a las comunidades para aliviar sus problemas de tesorería. El Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) permitió a las comunidades superar los peores momentos de la crisis cuando los bancos les cerraron sus puertas. Posteriormente ese mecanismo se ha ido prorrogando año tras año (el Extra FLA) para algunas comunidades, como la valenciana. Hasta 2025, cuando el Gobierno se ha negado a volver a convocar ese fondo extraordinario, lo que está provocando serios problemas al Gobierno de Carlos Mazón en el pago a sus proveedores.
En la última entrega, en octubre de 2024, el Gobierno asignó un total de 2.119 millones de euros con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas para atender parte de las necesidades provocadas por el déficit de ejercicios anteriores. La comunidad que más recibió fue Cataluña (983 millones de euros), seguida de la Comunidad Valenciana (717 millones de euros).
Hasta la fecha, el presidente valenciano no se ha despegado del discurso marcado por la dirección del PP, que repite que la quita anunciada sólo pretende enmascarar el «cupo catalán». En la Generalitat Valenciana se insiste en que una quita de 11.000 millones (que es la que le correspondería según el cálculo del Ministerio de Hacienda) no soluciona sus problemas, pues la deuda de la administración regional supera los 60.000 millones de euros, lo que supone un 40,3% de su PIB. Más de 53.000 millones de esa deuda corresponde a ese Fondo de Liquidez Autonómico.
Y, sin embargo, en el Ministerio confían en que la Generalitat Valenciana acabe por aceptar entrar en el mecanismo, ya que su situación es muy apurada, y nada tiene que ver con la de Andalucía, por ejemplo, que consiguió refinanciar su deuda con unos costes asumibles, según defiende la consejera andaluza de Hacienda, Carolina España. El Gobierno ha tenido que aprobar en 2025 varios anticipos para la Comunidad Valenciana a cargo de las «entregas a cuenta» que se han transferido a las comunidades en el mes de julio con un retraso de seis meses.
La Comunidad Valenciana está integrada, junto a Andalucía, Castilla- La Mancha y la Región de Murcia, en el grupo de comunidades peor financiadas con el actual modelo de reparto de los ingresos del Estado, que lleva caducado desde 2014. Y, aunque como sostiene el Gobierno, esas comunidades están recibiendo más fondos que nunca antes a cuenta del aumento de la recaudación del Estado, la brecha con las regiones mejor financiadas (las que están por encima de la media) no ha hecho más que incrementarse en los últimos años. Por ese motivo, los gobiernos autonómicos de estas cuatro comunidades llevan años pidiendo la reforma del modelo y un fondo de nivelación que les permita salvar las diferencias mientras ese nuevo modelo se negocia. Pero ni una cosa ni otra llega. Y a la Comunidad Valenciana se le ha sumado este año el enorme coste que supone la reconstrucción de las infraestructuras dañadas por la DANA.
Esa situación excepcional derivada de la riada podría justificar una suerte de excepción para que la Generalitat Valenciana se sume a la quita de la deuda sin que el PP considere que ha roto la estrategia compartida. De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegó a plantear la necesidad de esa excepción antes incluso del desastre de la DANA, entendiendo que la Generalitat sufre una situación especial por el déficit histórico de financiación que le impide hacer frente a los servicios básicos.
La Generalitat Valenciana volvió a rechazar a finales de julio los términos de la quita y recordó que el 80% de su deuda está provocada por la infrafinanciación. Según explicó entonces, los 11.210 millones de euros de deuda que el Ministerio de Hacienda les condonaría «sólo representan el 19,3% del total de la deuda de la comunidad y el 24,3% de la deuda provocada por la infrafinanciación». El Gobierno de Mazón no acepta, por tanto, hablar de la quita sin solucionar los desajustes del modelo de financiación que asfixian a la comunidad.
En cualquier caso, fuentes del Ministerio de Hacienda confían en que tarde o temprano todas las comunidades acabarán aceptando este mecanismo que, en mayor o menor medida, aliviaría sus costes financieros. Ya se ha producido una ronda de contactos a nivel técnico con las comunidades.
La aprobación del proyecto de ley en el Consejo de Ministros este próximo martes es sólo el primer paso en la tramitación de este mecanismo de condonación de la deuda autonómica. Si el Gobierno consigue el apoyo mayoritario para su aprobación en el Congreso (que no está garantizado), se arbitrará un sistema para que comunidades que quieran sumarse al mismo lo hagan por la vía de la firma de un convenio con el Gobierno.
