La expulsión de los inmigrantes que cometan delitos une a los votantes de todos los partidos: el 78% pide cambios legales

Publicado: agosto 29, 2025, 10:07 pm

La mano dura con la inmigración va más allá de la derecha. Ocho de cada diez españoles están a favor de «reformar la Ley de Extranjería para permitir la expulsión» del país «de los inmigrantes que delincan». Esta idea de ampliar los supuestos actuales, que hizo suya el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, días antes de las vacaciones de verano, era hasta entonces una bandera exclusiva de Vox. Sin embargo, el Panel de Sigma Dos para EL MUNDO ha desvelado que la propuesta tiene mucho más eco entre los ciudadanos de lo que se sabía, y no sólo porque la abracen los simpatizantes de PP y Vox, sino porque también tiene una destacaba aceptación en la izquierda. La mayoría de los votantes del PSOE y Sumar también respalda un cambio.

Frente a ese 78% que responde que está a favor de reformar la ley para endurecerla, hay apenas un 14,7% que se muestra en contra. El restante 7,3% prefiere no pronunciarse.

La encuesta, con 1.783 entrevistas, fue realizada entre el 20 y 28 de agosto, lo que ha coincidido en el tiempo con la reactivación del debate sobre la inmigración respecto al reparto de menores de Canarias, Ceuta y Melilla entre las comunidades autónomas por la saturación de los servicios de atención locales. Por lo tanto, el contexto no era delincuencia, sino solidaridad y gestión.

Sin embargo, sí hay un episodio importante de principios de julio que podría haber tenido cierta influencia: los sucesos de Torre Pacheco. Aquellos días hubo una fortísima tensión entre vecinos y migrantes que fue el foco informativo durante días. La extrema derecha utilizó esta ola para alentar «discursos de odio» y una «caza» contra estas personas.

Fue semanas después, el 23 de julio, cuando Feijóo propuso endurecer la ley en torno a dos ideas: que los «inmigrantes irregulares» que cometan un solo delito sean deportados de manera «inmediata» y que los inmigrantes en situación legal también puedan ser deportados en función de los delitos. «Debemos de replantearnos si determinados delitos que hoy no dan lugar a la expulsión, deben dar lugar en el futuro, para la inmigración regular», dijo.

Esta propuesta de ampliar los supuestos para expulsar tiene un respaldo entre los votantes del PP del 94,1%. Es más que en Vox, cuyos simpatizantes la aplauden en un 86,2%. Pero lo que más llama la atención es cómo lo ve la izquierda. El 71,1% de los electores del PSOE y el 56,8% de los de Sumar se muestran a favor. En contra están el 22,1% de los socialistas y el 32,2% de los de Yolanda Díaz.

¿Cuándo se expulsa a un inmigrante? Lo explican a EL MUNDO fuentes judiciales. A los que están en situación irregular, los devuelve directamente la Administración porque su situación es una infracción en sí. Pero si tienen un procedimiento penal en curso no se les puede deportar a menos que lo autorice un juez.

En cuanto a los que están en situación legal, está regulado en el artículo 89 del Código Penal y depende de los jueces. Con carácter general, se puede sustituir la pena «de más de un año» de prisión por la expulsión, pero hay que analizar cada caso individualmente y la realidad es que, explican estas fuentes judiciales, no es lo más habitual por los problemas de aplicación y de ejecución. Por eso, estas fuentes señalan que una modificación quizá sería para hacerlo más obligatorio en más casos o para dar recursos para hacerlo. En 2024 se expulsaron de España a 3.031 extranjeros sin incluir los casos de las devoluciones de personas sin papeles, según el Ministerio del Interior.

En cuanto al marco general del debate sobre la inmigración, la encuesta de Sigma Dos arroja un dato contundente: el 91,4% de los españoles considera que este asunto es una cuestión de Estado y rechaza que se trate de un «problema autonómico». Esto último apenas lo cree un 8,6% de los ciudadanos. Por lo tanto, hay un consenso general, que es unánime entre los votantes de todos los partidos, de dónde y quiénes tienen que abordar esto para dar soluciones.

Y ahora hay un tema candente encima de la mesa: la situación de los menores que en estos momentos están en Canarias, Ceuta y Melilla, y que por su número, triplican las capacidades que estos tres territorios tienen para garantizar una atención digna y acorde a su protección como menores de edad. «¿Deben el resto de comunidades autónomas acoger una parte de estos menores?». Un 63,8% de los españoles responde que sí, que habría que repartir a estos menores entre todas las administraciones autonómicas. En cambio, un 36,2% se manifiesta en contra.

Este tema causa división en el electorado del PP. Un 54,8% está a favor de esa solidaridad interterritorial, frente a un 45,2% que la rechaza. En Vox, en cambio, hay más claridad con una rotunda mayoría en contra del reparto (74,8%). Entre los votantes del PSOE y Sumar es abrumador el dato a favor: 82,2%y 91,9%.