Publicado: agosto 28, 2025, 2:07 am
El Gobierno va a llegar hasta donde haga falta para que ninguna comunidad autónoma evite hacerse cargo de una parte de los 3.000 menores extranjeros no acompañados que aguardan en Canarias a la espera de ser repartidos por toda España. Ninguna autonomía excepto Cataluña y País Vasco, que están exentas porque el sistema ha determinado, según el Ejecutivo, que ya han realizado suficientes esfuerzos de acogida. Si se niegan los barones del resto de regiones, mayoritariamente del PP, tendrán que vérselas con la Fiscalía y con la Policía.
«No me cabe en la cabeza que nadie vaya a negarse a acoger en sus territorios y aceptar la tutela», aseguró ayer en TVE el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que añadió que, si alguien lo hiciese, habría que notificarse «a las autoridades respectivas, Fiscalía y otras, para que actúen en consecuencia» y «lógicamente tendrían que intervenir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y hacer que se cumpla la legislación». El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, lanzó idéntica amenaza: «No me imagino que, por mucha instrucción que puedan tener desde algún sitio, quieran incumplir la ley, porque eso tendría lógicamente consecuencias también legales».
Baleares está en el punto de mira del Gobierno porque va a pedirle que le reconozca la situación de «contingencia migratoria extraordinaria» para quedar excluida del reparto. Esta excepcionalidad la establece un decreto de marzo para los territorios cuyo sistema de protección y tutela «exceda en ocupación tres veces su capacidad ordinaria».
Por encima de su capacidad
En el caso de que una comunidad triplique la ratio de acogida de 32,6 menores migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes, se activa el traslado a otras CCAA. Canarias es la primera región en solicitar esta medida que también reclamará Baleares. La capacidad ordinaria que el Gobierno ha establecido para esta autonomía es de 406 plazas. Ahora tiene en sus centros a 682 niños y adolescentes migrantes. Es decir, 276 más que plazas fijadas por el Gobierno (un 68% más).
Fuentes del Ministerio de Infancia consideran que Baleares no puede acogerse a esta contingencia porque no llega al triple de capacidad: «En principio, y, de acuerdo con los datos preliminares, [sólo] Canarias, Ceuta y Melilla estarían en contingencia».
Sobre si Baleares tiene derecho o no a quedarse al margen, hay discrepancias en el Ejecutivo. El delegado del Gobierno en las islas, Alfonso Rodríguez, dice que ahora no cumple los requisitos, aunque podría hacerlo en el futuro y el Govern podría solicitar dicha categoría al Estado. También Ángel Víctor Torres señaló ayer que «es una comunidad que podría llegar a contingencia migratoria». A pesar de este reconocimiento, censuran los argumentos de Baleares y están dispuestos a llevar a esta región ante la Fiscalía.
Proyección de llegadas
Baleares, por su parte, admite que ahora no triplica la capacidad, pero va a pedir la contingencia «en base a la proyección de llegadas» y porque no entiende «en qué se ha basado el Gobierno para decidir por qué hay que triplicar». «No se ha tenido en cuenta a las CCAA o la singularidad de las islas, donde las competencias no las tiene el Govern, sino los consells insulares, y tampoco se ha tenido en cuenta la tendencia migratoria, que está creciendo exponencialmente», explican fuentes de la Consejería de Presidencia balear.
La presidenta balear, Marga Prohens, denunció ayer en la Sexta que la llegada de migrantes se ha incrementado un 77% respecto a 2024 por la activación de la ruta argelina, con más de 5.700sin papeles atendidos este año y más de 680 menores bajo tutela. «Ya no podemos seguir mandando menores a los centros», denunció. Y añadió:«¿Me enviarán a qué a las Fuerzas de Seguridad? Yo le pediría al Gobierno de España que se deje del matonismo, que se deje de amenazas y se ponga a disposición, colaborando con las CCAA, a ver qué solución podemos encontrar».
Baleares es una de las 11 CCAA que han interpuesto recursos ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal Supremo por el reparto de menores. Madrid anunció ayer que llevará al TS el último decreto del Gobierno, que fija la capacidad de acogida de cada región, y preguntó por qué Cataluña y el País Vasco no acogen a menores en sus centros.
