Publicado: agosto 27, 2025, 10:07 pm

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha dado un paso definitivo para limitar la clasificación de presos en primer grado -los más peligrosos- en las cárceles españolas. Según ha podido saber EL MUNDO, el departamento dependiente del Ministerio del Interior ha pedido abiertamente a los directores de las prisiones restringir al máximo el número de internos en esta situación con el objetivo, resuelven fuentes penitenciarias, de poner en valor una política penitenciaria más orientada a la reinserción y menos restrictiva. «Es un intento de demostrar que su modelo funciona aunque no sea así. A menos reos con calificación de conflictivos en los centros, más prestigio», razonan.
El patrón que impulsa Instituciones Penitenciarias coincide con el aumento de agresiones a funcionarios por parte de internos peligrosos que no están catalogados bajo el recurso que necesitan. Se trata de presos que viven en módulos ordinarios a pesar de tener perfiles de multirreincidencia, con lo que los ataques son más violentos, tal como evidencia la estadística año tras año. Prisiones ha cursado su polémica petición, indican las mismas fuentes, a través del director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente Cuenca, quien en una reunión telemática celebrada el pasado mayo trasladó a los responsables de los centros la necesidad de «reducir a la mínima expresión» el artículo 75.1 del reglamento penitenciario, el que faculta a los directores a imponer a un interno el aislamiento, la antesala del régimen de vida más duro en prisión: el primer grado. El número dos de Ángel Luis Ortiz realizó la misma petición en el encuentro con directores de centros penitenciarios celebrado en Sevilla el pasado 9 de junio que inauguró el ministro Fernando Grande-Marlaska.
En conversación con este periódico, Instituciones Penitenciarias atribuye la decisión sobre clasificaciones a «una decisión de carácter técnico». «El procedimiento está regulado tanto en la Ley Orgánica General penitenciaria como en el Reglamento Penitenciario», añaden. «La clasificación se realiza a propuesta de los órganos colegiados en los centros penitenciarios y se resuelven en el centro directivo (Secretaría)». La indicación de Vicente Cuenca ha causado «malestar» entre muchos directores de prisiones. «Es una aberración. Ése artículo era el único reducto que nos quedaba para proteger a los trabajadores y al resto de la población reclusa de los ataques de los reos más peligrosos», reivindica el responsable de un centro penitenciario consultado por este periódico.
Funcionarios trazan una relación directa entre la postura de Interior y los ataques cada vez más violentos en las prisiones. «Tener internos que no están clasificados correctamente en módulos ordinarios y con movimientos apenas restrictivos se traduce en el aumento de las agresiones y en la brutalidad con la que se perpetran». Los ataques han pasado de ser puñetazos a palizas, apuñalamientos con objetos de fabricación casera e incluso agresiones sexuales a las funcionarias o trabajadoras, como la que se produjo el pasado 9 de julio en el Módulo de Educación y Respeto (MER)de la prisión sevillana de Morón de la Frontera. La clasificación negligente -el interno acumula 12 ingresos en la cárcel y es multirreincidente- desembocó en un intento de violación con extrema violencia. La psicóloga le realizaba una entrevista personal. Estaban a solas puesto que, en teoría, a un interno en segundo grado se le presupone un comportamiento cívico y tranquilo. Sin embargo, él la golpeó con puñetazos y mordiscos en labios, nariz y orejas, le arrancó mechones de pelo y la inmovilizó sobre una camilla, donde le realizó tocamientos íntimos mientras amenazaba con violarla y secuestrarla. La rápida intervención de funcionarios, que acudieron alertados por sus gritos, evitó consecuencias más trágicas.
El pasado marzo, un interno mató a la cocinera de una prisión de Cataluña. Cumplía condena por el asesinato de una mujer y atacó a la trabajadora después de que ella se hubiera quejado muchas veces de su comportamiento, ya que estaba empleado en la cocina, una tarea a la que los internos pueden aspirar si tienen un buen comportamiento.
«Meten con calzador en módulos ordinarios a los internos más peligrosos y así se enmascara la situación . Hay personas clasificadas en segundo grado que no son aptas ni están preparadas para este tipo de módulo de educación y respeto. Estar en uno lleva adquirido un compromiso. Está primando este tipo de módulos en detrimento de los de máxima seguridad. De hecho, cada vez hay menos presos en aislamiento y en el área de primeros grados», denuncia Manuel Galisteo, presidente del sindicato Tu Abandono me Puede Matar (TAMPM).
Galisteo elevó una consulta a Transparencia sobre el número de agresiones a funcionarios en lo que va de 2025 y la respuesta indica que la tendencia sigue al alza: de enero a junio se contabilizaron 282. En todo 2024 fueron 504, y en 2023, 508. Llama la atención la comparativa con 2019: 223), cuando no se buscaba «restringir» los primeros grados. «Todo esto es una consecuencia del buenismo de la Administración y las acciones de estos presos no tienen reacción. Que no se restrinja a estos perfiles ocasiona más agresiones en lugar de la reinserción», zanja.
2019
CIFRAS ESTABLES. Las agresiones a funcionarios en las cárceles alcanzaron las 223 en ese ejercicio. Mayoritariamente, en esa fecha se registraban empujones, puñetazos, zarandeos e insultos.
2023
CAMBIO DE TENDENCIA. El modelo para limitar la aplicación de la clasificación de reos en primer grado había echado a andar. La evolución de ataques a funcionarios de prisiones fue espectacular: un total de 508.
2024
CADA VEZ MÁS BRUTAL. La clasificación «negligente» con los internos que denuncia el colectivo penitenciario se ha traducido en agresiones muy graves como intentos de violación, palizas o apuñalamientos. Hubo 504.
2025
ASCENSO IMPARABLE. Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio se registraron un total de 282 agresiones a trabajadores penitenciarios. Una cifra «elevada» si se tiene en cuenta que aún falta por contabilizar la mitad del año.