Publicado: agosto 21, 2025, 1:07 am
El nuevo convenio de Tragsa para las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) supone un hito importante para las reivindicaciones del colectivo, que lleva cerca de una década tratando de conseguir que se reconozca la categoría de bombero forestal a todas las personas se dedican a esta labor.
Los empleados de la empresa pública tienen desde este jueves 21 de agosto -aunque se aplicará de forma retroactiva a efectos de 1 de enero de 2025- nuevas funciones recogidas en su categoría, que en su caso sí es de bombero forestal. Mientras, los empleados del sector fuera de las BRIF están acogidos bajo hasta dos docenas de categorías, como peón forestal, peón de caza o conductor. Esto repercute en su salario, la correcta asignación de sus funciones y horarios o su jubilación.
Así, en el caso de Tragsa, pasarán de ser «personal eventual estacional» a «fijo los 365 días del año», según indicó la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. También se les reconoce la actuación en emergencias -como, por ejemplo, el volcán en La Palma-, en entorno rural o las misiones internacionales. Desde el sector agradecen la noticia, si bien advierten que es necesario continuar con el desarrollo de la ley aprobada el 8 de noviembre, cuya aplicación definitiva todavía esperan y debería corregir estos problemas.
El documento, destacó Transición Ecológica en una nota de prensa, «amplía y detalla la organización de jornadas, turnos, descansos, disponibilidad y horas extras para los BRIF estableciendo, por ejemplo, un nuevo turno de organización del trabajo más estructurado, con descansos pautados, así como una regulación más detallada de la compensación de horas extraordinarias». Este punto, por ejemplo, supone actualmente un problema para los trabajadores forestales, según denuncian los sindicatos, porque puede significar, por ejemplo, que estén trabajando en labores de desbrozado y sean requeridos para apagar un incendio. Si es el caso, las 12 horas que, como máximo, pueden dedicarse a esta actividad empezarían a contar a partir de ese momento, sin tener en cuenta que previamente pueden haber realizado prácticamente una jornada entera. Lo mismo ocurre con los desplazamientos, ignorados en ese cómputo.
El sector aspira también a que la normativa reconozca de forma retroactiva los años trabajados con otras categorías como si hubiesen ejercido ya de bombero forestal, lo que aplicaría en su coeficiente reductor para calcular la edad de jubilación. «¿El que tiene ahora 55 o 60 años cómo justifica que lleva 30 años en incendios si ha sido peón de caza?», denuncia Sara Mateos, agente medioambiental de León y delegada de Medioambiente de CSIF. Esto tampoco está recogido en el convenio de Tragsa, porque, según detallan fuentes de la empresa «eso viene establecido en la ley básica de bombero forestal en la cual las Administraciones competentes tienen que decidir algunas cuestiones».
El nuevo convenio surge de la aprobación de la Ley 5/2024, de 8 de noviembre, básica de bomberos forestales, que debería servir también para corregir la reivindicación histórica de los bomberos forestales de que se les reconozca y agrupe en esta categoría. Este cambio fue planteado hace ya casi 10 años, pero ha ido siendo retocado y aplazado, así que no existía un marco legislativo que estableciera de manera explícita cuáles son los derechos y deberes de los bomberos forestales. Las BRIF lo consiguieron tras una huelga en ese 2015; el resto del sector sigue luchando por ello, aunque parece que, esta vez sí, está cerca.
Izquierda Unida presentó una proposición no de ley en 2015 para corregir la situación, aunque no llegó a concretarse. En 2016 se empezó a trabajar en un proyecto de ley que no salió adelante y hubo que esperar a 2019 para que se aprobase un proyecto. No obstante, se paralizó con la convocatoria de elecciones.
Curiosamente, otra convocatoria electoral -el adelanto de Pedro Sánchez- volvió a dejar a los bomberos forestales sin su ley en mayo de 2023, cuando ya estaba lista para pasar por el Consejo de Ministros. Un año después se aprobaron las leyes de bomberos forestales y de agentes forestales y medioambientales, en ambas con la abstención de PP, Vox y UPN, aunque sin votos en contra. Después, enmiendas del BNG y el PP retrasaron una vez más su ley, esta vez en el Senado. Finalmente se publicó en noviembre, pero aún quedan cuestiones que tuvieron que dejar fuera de la tramitación y deben corregirse con la ley básica, como el mencionado coeficiente reductor.
Mateos apunta también la importancia de que haya unas leyes autonómicas que desarrollen esta ley básica, en desarrollo, que obliguen a las empresas a cumplir los convenios. En este sentido, advierte que «tiene que haber un desarrollo normativo de una ley básica claro, específico y que no esté sujeto a interpretaciones«. Porque son estas interpretaciones, precisamente, las que permiten que haya comunidades «que pongan a unos pocos de trabajadores todo el año y digan que ya tienen un operativo».
