La España que no funciona: «Soy una madre soltera, con un tumor, y no me dan el Ingreso Mínimo Vital»

Publicado: agosto 19, 2025, 10:07 pm

Hace años que Carolina dejó Ecuador junto a sus padres. Hoy es madre soltera y vive en Valencia, donde no ha podido independizarse pese a tener un contrato fijo en una empresa de limpieza. Sigue en casa de sus padres mientras se recupera de la tercera operación que sufre a causa de un tumor junto a la columna vertebral. Pese a su precaria situación, le han denegado el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Tampoco Yessin puede cobrarlo. Sus circunstancias son igualmente complicadas, pues vive en Mislata (Valencia) pero lleva dos años tratando de conseguir los papeles para regularizar su situación en España. En 2016 huyó de Venezuela en busca de un futuro para su hijo -en Valencia tuvo al segundo- y, a pesar de que llegó a percibir la renta valenciana de inclusión, necesita tener residencia legal en España para optar al IMV.

El de Carolina y Yessin son dos ejemplos de la «carrera de obstáculos» -en palabras de María Moscardó, responsable de Análisis de Cáritas Valencia– que muchas veces hay que superar para acceder a esta prestación creada en 2020. Pensada para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de quienes carecen de recursos para cubrir sus necesidades básicas, «garantiza un nivel mínimo de renta» y «se configura como derecho subjetivo a una prestación económica», según la Seguridad Social.

Para un beneficiario individual, por ejemplo, la cuantía mensual del IMV en 2025 puede ascender a 658,81 euros. Para una unidad de convivencia familiar formada por un adulto y un menor, la renta garantizada asciende a 856,46 euros al mes. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, la cuantía media de la prestación es de 522,2 euros al mes por hogar.

La nómina pagada en el mes de junio supuso, por ejemplo, un desembolso de 429,8 millones de euros para llegar a un total de 736.867 hogares en los que viven 2,25 millones de personas. Ahora bien, en esos más de 736.000 hogares hay que incluir los que únicamente perciben el llamado Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). Es una ayuda de menor cuantía que el Ministerio considera parte del IMV, si bien hay hogares que reciben el IMV básico (220.554), otros que lo complementan con el CAPI (252.212) y otros que reciben sólo el CAPI (264.101).

De hecho, el actual diseño del IMV debería revisarse, a juicio de entidades sociales como Cáritas, pero también Save the Children. Su responsable de Políticas de Infancia, Carmela del Moral, cuestiona precisamente las «dificultades burocráticas asociadas a este tipo de ayudas», sumadas al «desconocimiento» que todavía hay entre buena parte de la población sobre la existencia del IMV.

El tortuoso camino para acceder a la prestación del IMV está detrás de un concepto del que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) lleva tiempo alertando: la cifra de non take-up. Según la propia definición de la AIReF, se trata de los beneficiarios con derecho a percibir la prestación pero que no la solicitan.

El organismo lo considera un «indicador clave» y, sin embargo, no ha experimentado «mejoras significativas» con el paso de los años. La cifra non take-up en el caso del IMV se sitúa en el 55%, un porcentaje que escala hasta el 72% en el caso del CAPI. Dicho con otras palabras, más de la mitad de los hogares que podrían obtener el IMV se quedan sin él por no pedirlo, de la misma manera que casi tres de cada cuatro tampoco optan al Complemento de Ayuda para la Infancia.

«El IMV no ha experimentado modificaciones estructurales relevantes, conservando un diseño que presenta limitaciones desde sus inicios para alcanzar sus objetivos», analiza la AIReF. En su cuarta opinión publicada recientemente sobre el IMV, el organismo habla de «complejidad administrativa continuada», con un 68% de los hogares que sufren modificaciones por revisiones de rentas, o grandes diferencias territoriales que evidencian «la falta de coordinación del IMV con al rentas mínimas de las comunidades autónomas». Cataluña y Baleares, por ejemplo, presentan tasas de no solicitud superiores al 65%. La pregunta es por qué.

«Yo soy madre soltera, con una niña pequeña de 7 años. Tengo un tumor pero no me dan el IMV», explica Carolina, de 33 años, todavía dolorida de la última operación a la que se ha tenido que someter. «Alzar el brazo no puedo y a veces me cuesta respirar. Caminar también me duele, pero tengo que hacer un esfuerzo para recuperarme y volver cuanto antes al trabajo. Porque si no, sin ninguna ayuda, yo sola no puedo mantener a mi hija», se lamenta. Y eso que su último recuerdo del trabajo es estar limpiando en las oficinas de empleo y tener que pedir ayuda para coger un taxi e ir directa al hospital por el dolor.

Su problema viene a ser la pescadilla que se muerde la cola: como trabajadora de la limpieza y con una niña a su cargo, Carolina tendría derecho al IMV. Ahora bien, al vivir en casa de sus padres, los ingresos de su padre como trabajador también de la limpieza computan a la hora de calcular la prestación de la unidad de convivencia.

«Aunque viva en casa de mis padres y ellos traten de ayudarme, no cuento con su dinero. Y si me fuese, ¿dónde voy tal y como están los alquileres? Para cobrar el IMV tendría que dejar a mis padres, pero la ayuda no me daría entonces para pagar un alquiler», resume Carolina. «Alquilar sólo una habitación ya cuesta 400 o 500 euros, y a mi hija no la puedo meter en una habitación». Según cuenta, sus padres se hacen cargo del alquiler del piso -unos 650 euros, después de negociar con el casero para evitar que les doblase la cuantía- y ella paga el agua y la luz.

«No me parece justo», insiste. «Te piden un montón de papeles, haces papeleo para todo y al final es una pérdida de tiempo y de dinero».

En esta idea abunda Carmela del Moral, de Save the Children: «Para mejorar la tasa de alcance del IMV habría que simplificar los trámites y facilitar la interoperabilidad entre administraciones». Es decir, que la propia Administración cruce los datos de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)… De esta forma, se podría «automatizar» la prestación.

De hecho, uno de los cambios por los que aboga Save the Children para mejorar el alcance del IMV tiene que ver con el concepto de unidad de convivencia: «En un mismo hogar pueden convivir distintas familias en situación de vulnerabilidad, con lo que se contarían los ingresos totales y esto puede ser injusto». El objetivo, a juicio de esta experta, debería ser distinguir los ingresos de unos y otros, lo que permitiría por ejemplo a Carolina percibir el IMV en su actual situación.

Del Moral va incluso más allá y plantea aumentar la cuantía de la prestación tomando como referencia el IPC, además de considerar los costes de crianza en el caso de las familias con hijos. Además, insiste la responsable de Políticas de Infancia de Save the Children, habría que revisar el CAPI. «Debería desvincularse del IMV», propone. «Sobre el papel, está desvinculado, pero la desvinculación debería ser total, de forma que realmente se entendiese que son dos ayudas completamente diferentes».

Según Del Moral, «el CAPI está tan vinculado al IMV que muchas familias no lo piden por considerar que no están en situación de percibirlo». De nuevo, pone sobre la mesa la «automatización» de las ayudas, con la universalización por ejemplo de la declaración de la renta. «Cualquier medida que se automatiza tiene un mayor nivel de acogida por parte de la sociedad. Hay que tener en cuenta que, para muchas familias, pedir estas ayudas es muy estigmatizante, y esto también es una barrera».

Yessin, de hecho, sabe lo que es tener que peregrinar durante meses por los mostradores de los trabajadores sociales pidiendo ayuda para reclamar alguna prestación. Esta venezolana de 40 años se encuentra inmersa en plena lucha para regularizar su situación en España, país al que llegó pidiendo asilo.

«Me vine a España en 2016 porque quería estabilidad para mi hijo mayor. La situación en Venezuela ya era muy mala respecto a la medicina y la inseguridad en las calles», relata. «Nos habían robado muchas veces y habíamos pasado muchas dificultades. Renuncié a todo y me vine sola con mi hijo de un año».

El hijo mayor de Yessin tiene ya 10 años. Después de él vino otro, un niño de siete. «Al nacer aquí, pudo optar por la nacionalidad española y eso es lo que me está ayudando ahora a solicitar nuevamente una residencia», afirma Yessin, a la que negaron en su día el asilo político.

Tras una primera temporada en la que cobraba unos 900 euros al mes por la renta valenciana de inclusión, Yessin perdió la ayuda. A la confirmación de que no se le concedía el asilo siguió la cancelación por parte del banco de la cuenta en la que recibía el ingreso.

«Afortunadamente estoy de alquiler y mis sobrinos de Estados Unidos me envían dinero para poder pagar la casa, que me cuesta 500 euros al mes». Porque sin cuenta bancaria, no hay renta de inclusión. Y sin papeles, no hay IMV.

De ahí que Moscardó, de Cáritas, señale esta grieta: «Las personas en situación administrativa irregular no pueden solicitar el IMV porque uno de los requisitos es tener papeles, cuando son ellas las que se encuentran en situaciones de exclusión mucho más crudas y mucho más severas». En Cáritas Valencia, por ejemplo, «el 74% de las personas que atendemos están directamente en situación administrativa irregular».

Moscardó destaca que el IMV supuso «un antes y un después» por la «apuesta política que representaba». «Sentó unas bases, pero hay margen para hacerlo más justo».