Publicado: agosto 14, 2025, 10:07 pm
«Mi nombre es Abel Rivera, nací en Colombia y soy dirigente sindical, afiliado al Partido Alianza Verde».
En este lado del mapa, una introducción como ésta no acarrea -o no debería- ninguna consecuencia. Para Abel Rivera, en cambio, que desde los 18 años ha huido de amenazas de muerte desplazándose forzosamente dentro de su país, su trayectoria profesional y personal lo ha empujado al exilio, a España, donde aguarda desde hace más de un año a que el Estado le conceda el ingreso en el Sistema de Protección Internacional. Y parece que aún le queda por esperar.
La de Abel es una de las 167.366 historias que en 2024 desembocaron en nuestro país para solicitar protección internacional, cifra que rompió otro techo histórico en España. Y, a su pesar, también es el suyo uno de los 242.056 expedientes que al Estado español se le acumulan en stand by, pendientes de una conclusión de la que depende la vida y el futuro de todas esas personas.
«La resolución ordinaria de las solicitudes debería tardar unos seis meses, y cada vez se ajustan más a los plazos, pero hay personas que pueden estar hasta dos o tres años sin ver su situación resuelta», explica Elena Muñoz, directora del servicio jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Durante este tiempo de espera, explica, los solicitantes de asilo son personas en situación regular porque mientras se tramitan sus expediente tienen una autorización de permanencia. Si el proceso se alarga durante más de seis meses, también se les expide una autorización para que puedan trabajar.
De todas formas, la organización denuncia la baja tasa de reconocimiento de asilo en España (18,5%) frente a las cifras que alcanzó el total de la Unión Europea (46%) en 2024. Ese mismo año, España se situó por detrás de Alemania, convirtiéndose por primera vez en el segundo país receptor de peticiones de asilo, principalmente provenientes de Venezuela (40%), Colombia (24%) y Mali (6%).
Abel lleva ya más de un año viviendo en el sur de Tarragona, en Camarles. Desde allí atiende a EL MUNDO por teléfono: «En 2022 unos tipos en motocicleta me abordan con una pistola y lanzan una amenaza directa contra mi familia. Me voy a Bogotá, donde paso seis meses escondido con otro compañero del sindicato, y en febrero de 2023, cuando el Gobierno nacional nos asigna a mí y a mi familia un esquema de protección, regreso a mi región», cuenta.
Ante la presión de seguimientos y amenazas, que pese a todo se incrementaron, voló a España. «Cuando yo llevaba tiempo fuera del país, a mis hijas y a mi esposa les quitaron los escoltas y el vehículo blindado. Yo llevaba ya un año esperando a que me resolvieran el tema del asilo, y viendo que ellas se quedaban allá sin protección, tuve que sacarlas del país de urgencia», relata.
Sin embargo, ni su mujer ni sus hijas han conseguido aún una cita para oficializar su petición de asilo. La imposibilidad cronificada para conseguir turno en el sistema de cita previa impuesto por el Ministerio del Interior ha llegado a desencadenar prácticas ilegales porque, aunque se trata de un procedimiento gratuito, ante la falta de citas se constituyen redes o aparecen personas que las acaparan y las venden de forma irregular. «Nos tienen en un limbo», lamenta Abel, «estamos intentando llamar para tener la cita, pero no encontramos, y eso genera mucha frustración y mucha incertidumbre».
Las solicitudes de asilo deben interponerse en territorio español o puestos fronterizos, aunque también existe la posibilidad de que las embajadas promuevan el traslado del solicitante para facilitar el trámite. ¿A qué se deben las complicaciones que éste conlleva? «La falta de medios técnicos y humanos», explica la directora del servicio jurídico de CEAR, retrasa los plazos establecidos, que además también se ven afectados por «una falta de voluntad política».
En una entrevista a principios de este año con la Agencia Efe, la ministra de Inclusión, Elma Saiz, aseguró que «España tramita todas las solicitudes de protección internacional que se reciben». Y antes del parón estival su departamento se congratuló de haber sumado 32.000 plazas en los últimos 10 años para atender a solicitantes de asilo, presentando el dato como «un ejemplo de solidaridad internacional».
Pero las cifras aterrizan el discurso del Gobierno: el Ministerio del Interior contabiliza que 31.255 solicitudes fueron admitidas a trámite, 2.515 denegadas 318 no admitidas y 38.686 resultaron desfavorables. Estas solicitudes, apunta CEAR, no tienen por que haberse presentado en 2024, y pueden ser anteriores, de lo que se deduce un ritmo lento en la tramitación de estos expedientes. En total se resolvieron 96.281 solicitudes, y 51.343 de ellas fueron favorables.
Además, en comparación con 2023, el año pasado se dio un incremento de casi seis puntos en solicitudes favorables, pasando de 18.483 expedientes a 51.343 entre las que se incluye el estatuto de refugiado, la protección por razones humanitarias o la protección subsidiaria. Según CEAR, el aumento «exponencial» de esta última, que creció casi un 200% respecto a 2023, explica el incremento de resoluciones favorables.
A capote vuelto, el reconocimiento del estatuto de refugiado decreció más de un 15%, rompiendo el crecimiento progresivo que la Comisión comenzó a apreciar desde el año 2021 (7,7%), y que alcanzó una tasa de reconocimiento del 8,3% en 2023.
Mientras las nacionalidades de Nicaragua, Siria y Afganistán fueron las que recibieron más estatutos de refugiado, la de Abel -Colombia- fue la que más reveses acumuló por parte de la Administración. Según los datos que maneja la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, el 18,58% de las solicitudes pendientes de resolver pertenecen a personas colombianas -seguidas de Venezuela (5,57%) y Perú (5,09%)-. «Siempre está en juego ese desamparo y esa zozobra, ese no saber nunca si te quedas o te vas», apunta Abel.
A la situación de este padre de familia se suma la reforma del Reglamento de Extranjería que entró en vigor el pasado 20 de mayo. Entre las luces y sombras de sus modificaciones, el tiempo transcurrido como solicitante de protección internacional ya no computará como periodo válido de estancia en España para optar al arraigo, que ahora sólo puede solicitarse tras una resolución denegatoria y tras permanecer al menos dos años en situación irregular.
La ministra sacó pecho ante aquella reforma que «deja en situación irregular a los que les deniegan el asilo», denuncia Muñoz, y también pidió «dejar la vía del asilo absolutamente disponible para personas de especial vulnerabilidad».
Si miramos el extremo opuesto, el top tres de solicitudes con tasas de reconocimiento más altas provienen de Mali (99,8%), Somalia (99,7%) y Palestina (97,6%).
El discurso de apoyo a la población originaria de este último territorio ha protagonizado sucesivas intervenciones de miembros del Gobierno, que aprobó el reconocimiento del Estado de Palestina el 28 de mayo del año pasado.
Unos meses antes, en noviembre de 2023, Doaa (35 años) abandonó su hogar, en el noroeste de la franja de Gaza, para salir en éxodo con sus nueve vástagos hasta llegar a España y reunirse con su marido, Ayman, que ya estaba en Madrid. Desde su llegada se han alojado en tres instalaciones diferentes. Sólo en la primera pudieron dormir en dos habitaciones separadas. Desde abril de 2024, conviven los 10 en una sola habitación en un centro de acogida en Azuqueca (Ciudad Real). «A Ayman no le permiten estar con ellos ni vivir con su familia. Viven con otros 30 usuarios del recurso, pero están muy mal», explica Lamiae, que nos asiste como traductora a las puertas del centro que visita con frecuencia para apoyar al matrimonio y llevarles comida a sus hijos.
Doaa y los niños lograron un pasaje a España mediante la extensión de la protección internacional de su marido. Pero ese reconocimiento no conlleva el apoyo del Estado, según describe Lamiae, denunciando una situación inaguantable: raciones escasas de comida que a veces están caducadas; un espacio irrespirable donde los nueve duermen, almacenan sus pertenencias o tienden su ropa; un solo baño para ellos y otros residentes del centro; el impedimento a ducharse todos los días; las amenazas con «quitarles» a sus hijos si persisten las travesuras de los niños o, incluso, de recurrir «al ministro»…
A medida que Doaa y Ayman, que elevaron una queja al Ministerio de Inclusión a finales de julio, van intercambiando expresiones en árabe y gestos de exasperación, Lamiae señala que no tienen sensación de respaldo por el Estado español: «Doaa dice que ‘esto lo están haciendo con nosotros para que nos hartemos y terminemos saliendo de aquí’».
Resuenan las palabras que el pasado febrero pronunció el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en un choque dialéctico con el ministro de Defensa Israelí. Recalcó que «el lugar de los palestinos es Palestina, y el de los gazatíes es Gaza» como respuesta a unas declaraciones en las que su homólogo israelita aseguró que España tenía la «obligación legal» de acoger a los refugiados palestinos: «Si se niegan a hacerlo, su hipocresía quedará retratada», dijo. En 2024, 911 personas palestinas solicitaron asilo en España. De las solicitudes de palestinos que fueron resueltas (547), al 35,78% de ellas se le otorgó la protección subsidiaria.
La experiencia de Ajmad (34 años), también palestino, fue más positiva: «Tal vez porque vine como periodista de Gaza y ya había vivido en otros países antes de llegar aquí», cuenta. Él sí percibió apoyo «en servicios sociales, médicos y psicológicos». Pudo solicitar la protección internacional al aterrizar en el aeropuerto de Madrid en marzo de 2023 y tardaron 10 meses en resolver su solicitud, por lo que considera que «lo más difícil» fue el tiempo de espera y los consiguientes trámites burocráticos. «Siento una profunda tristeza por otros refugiados que, al llegar a España, se enfrentan a un sistema cada vez más complicado: largas esperas para una cita con la policía, trabas administrativas y una carga emocional enorme».
El cruce de los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior y el portal Eurostat sugiere un ligero descenso de las solicitudes recibidas en España, pero también el aumento progresivo de solicitudes pendientes. A fecha 30 de junio se recibieron 77.251, pero un mes antes, a 1 de junio según el portal de datos europeo, los expedientes aún sin resolver ascendían a 278.575, aproximadamente un 15,09% de aquellas pendientes a finales de 2024, lo que apuntala la calcificación del esqueleto de los sistemas de acogida.
