Publicado: agosto 10, 2025, 10:07 pm
En los últimos años, siguiendo las directrices de Estados Unidos y la Unión Europea, la presencia de Huawei en el núcleo de las redes 5G en España fue desapareciendo hasta quedar totalmente excluida. Por ello, en Washington y Bruselas no escondieron su sorpresa cuando estalló la polémica en torno a los contratos conseguidos por la empresa china con el Ministerio del Interior para gestionar las escuchas judiciales. Funcionarios estadounidenses y europeos han recordado los «riesgos» de seguridad nacional por los vínculos del gigante de las telecomunicaciones con el Gobierno de Xi Jinping.
Mientras que en España este asunto se sigue calentando con el Partido Popular pidiendo más explicaciones a los socialistas y asegurando que el contrato representa un «alto riesgo para la seguridad del Estado», desde China han elogiado al Gobierno de Pedro Sánchez por no ceder ante las presiones y críticas. Diplomáticos chinos consultados por este periódico y medios estatales del país asiático aplauden la «resistencia» del Ejecutivo español ante las «acusaciones infundadas» por parte de Bruselas, Washington y la oposición, defendiendo que el contrato con Huawei no plantea ningún riesgo de seguridad y que la licitación pública se adjudicó de manera independiente y justa.
«Este caso en España revela un marcado contraste entre la hostilidad política mostrada por algunos en Occidente hacia empresas tecnológicas chinas como Huawei y el enfoque pragmático y racional adoptado por el Gobierno español en su cooperación económica con China», afirma en las páginas del Diario del Pueblo, el periódico oficial del gobernante Partido Comunista Chino (PCCh), el analista Jian Junbo, del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Fudan, en Shanghai.
«La decisión de España de adquirir equipos de Huawei se basa claramente en sus propios intereses comerciales. Los productos de Huawei son tecnológicamente avanzados y tienen precios competitivos. Nunca ha existido un solo incidente comprobado de problemas de seguridad que involucre a Huawei», señala una columna en The Paper, otro diario chino controlado por el comité del PCCh de Shanghai. «Estados Unidos, en otra flagrante manipulación de política anti china, ha querido interferir en las operaciones normales de Huawei en España», sentencia.
Fue el presidente estadounidense Donald Trump quien, durante su primer mandato, comenzó a poner el foco sobre Huawei incluyendo a la empresa china en la lista de entidades que podían suponer una amenaza para la seguridad nacional y vetándola por temores a que China utilizara su tecnología 5G en operaciones de espionaje. Después, la Unión Europea pidió a sus miembros que excluyeran a Huawei de contratos que pudieran poner en riesgo la seguridad nacional. Pero fue Washington quien continuó apretando la guerra tecnológica que había iniciado contra la superpotencia asiática, acusando a Huawei -sin presentar ninguna prueba- de robar secretos comerciales, ayudar a Irán a perseguir a disidentes y hasta de mantener negocios ocultos con Corea del Norte.
«Este ataque a los productos de Huawei es otro ejemplo de cómo EEUU generaliza excesivamente el concepto de seguridad nacional, politizando asuntos económicos y comerciales, y reprimiendo maliciosamente a las empresas chinas», manifestó la embajada china en España en un comunicado que fue compartido por los grandes medios estatales del país asiático. «El Gobierno chino exige a las empresas chinas que actúen en conformidad con las leyes y regulaciones de los países en los que operan. Los datos de estos productos son inaccesibles externamente y están seguros. Toda la información almacenada está bajo el control exclusivo del usuario».
Fuentes de Huawei en China aseguran que no tiene ningún sentido la última polémica generada en España. «Tenemos firmados diversos acuerdos con más de 170 países. Si realmente hubiera alguna prueba o mínimo indicio de que existe una puerta trasera por la que los datos de los clientes acaban en manos del Gobierno chino, nadie contrataría nuestros servicios», subrayan.
Cuando EEUU vetó los contratos con Huawei, lo hizo recordando que todas las empresas chinas están atadas a Pekín por varias leyes de espionaje y seguridad nacional que las obliga a compartir datos requeridos por el Gobierno chino. El artículo 7 de la Ley de Inteligencia Nacional de 2017 establece que «toda organización o ciudadano apoyará, asistirá y cooperará con las labores de inteligencia del Estado», el cual «protegerá a toda persona y organización que colabore». La Ley de Contraespionaje de 2014 subraya que «cuando el órgano de seguridad del Estado investigue y comprenda una situación de espionaje y recopile pruebas pertinentes, las organizaciones y los individuos pertinentes deberán colaborar y no podrán negarse».
«Huawei no tiene acceso a los datos. Toda la información almacenada en el hardware pertenece y está a la disposición exclusiva del cliente», reiteran desde la empresa china. A principios de este mes de agosto, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, visitó la sede de Huawei en Pekín durante su gira por el país asiático. La misma en la que estuvo el año pasado el presidente andaluz Juanma Moreno, quien ha viajado también a China en varias ocasiones, regresando siempre a su tierra con ambiciosos acuerdos comerciales y de cooperación.
Desde el Gobierno español, que han recordado al PP que uno de los más fervientes defensores de Huawei ha sido su portavoz en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, reiteran estos días que el contrato con Huawei no es para el control o gestión de información, sino para la compra de los servidores donde se almacenará todo el material, al que solo tendrá acceso la Policía y Guardia Civil.
