Publicado: agosto 8, 2025, 10:07 pm
De todas las aristas del discurso migratorio de Vox, hay una que sobresale. Es aquella que no se refiere estrictamente a la relación que el partido establece entre la inmigración y la inseguridad, sino que contempla el rechazo a los llegados de fuera en base a otra tesis: «Para nosotros es muy importante mantener nuestra identidad y nuestras costumbres», verbalizó ayer Santiago Abascal. No es una idea nueva; el partido lleva tiempo defendiéndola y proponiendo medidas que van en esa línea. Pero, hasta ahora, el asunto no había llegado a estar realmente en la mesa de debate. Sus iniciativas en este sentido, por radicales, eran desechadas por todo el abanico de fuerzas políticas.
Ahora, sin embargo, la prohibición de la celebración de festividades musulmanas en espacios públicos aprobada en Jumilla (Murcia) lleva al centro de la conversación el punto más extremo del discurso migratorio de Vox. Y, de esta manera, los de Abascal han forzado al PP a dar una postura sobre ese veto por razón de «mantener nuestras costumbres» que proponen. En Génova se acogen a que los populares se opusieron a una iniciativa en términos similares que se votó en el Congreso el pasado junio, pero no censuran la actuación del PP de Jumilla. En cualquier caso, el debate ya está donde Vox quería llevarlo.
El partido más a la derecha en el terreno político español aboga por «deportar» a los inmigrantes que se encuentran incluidos en tres categorías: los irregulares, los regulares que cometan delitos y aquellos que «no se adaptan a nuestras costumbres». La definición de las personas que se incluyen en este último grupo es difusa. «Todos los que pretendan imponer una religión extraña», dijo hace un mes Abascal. Preguntado expresamente por cómo determinar quien «no se adapta», el líder de Vox aludió a los que «vienen a imponer una religión fundamentalista», «los que se dedican a propagar el yihadismo» y «los que atacan a las mujeres». «¿Qué consideramos no adaptarse?: cometer delitos, propagar el yihadismo», sintetizó.
Sin embargo, días antes, su portavoz Rocío de Meer fue más allá: «Todas estas millones de personas que no se han adaptado a nuestras costumbres y en muchísimos casos además han protagonizado escenas de inseguridad en nuestros barrios tendrán que volver a sus países». Ayer Abascal, aunque no habló de «deportaciones», sí sostuvo una tesis similar: «Cualquier persona que venga a España debe hacerlo con la firme intención de adaptarse a nuestra cultura y a nuestras costumbres».
Las últimas iniciativas registradas por el partido en el Congreso dan cuenta de que están potenciando esa arista de su discurso: «prohibir el velo islámico», «supresión del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí» y «defensa de los usos y costumbres del pueblo español frente a prácticas culturales foráneas como la ‘Fiesta del cordero'». «Vox es el dique de contención contra el proyecto de destrucción de lo que somos», resumió anteayer el secretario general del partido, Ignacio Garriga. Ahora, el veto en Jumilla aprobado por el PP abre la puerta a que la tesis más extrema de Vox, hasta ahora rechazada por todos, pueda extenderse.
Para el partido de Abascal, el logro es doble: el veto ha salido adelante por primera vez en un consistorio y, ahora, el asunto pasa a centrar el debate. Cuando a principios de julio Vox fue objeto de polémica por querer expulsar a «millones» de migrantes, en la sede de la calle Bambú abrazaron que esto hiciera girar la conversación hacia las «deportaciones». Esta vez, de nuevo, otra de sus tesis acapara el foco y, en ese terreno, el partido se siente cómodo. Sobre todo, frente al PP.
En Vox consideran que los populares carecen de una postura firme en inmigración y, por ello, ven que este debate puede servir para inclinar a su favor al electorado de la derecha más sensible con este asunto. Su tendencia al alza en las encuestas, pese a que no es a costa del PP, es representativa: que se hable de inmigración les está resultando beneficioso.
A la vista de la situación, y alegando que los tiempos evolucionan, los populares han elevado el tono en su discurso durante las últimas semanas, y prevén seguir haciéndolo de cara al nuevo curso con un plan migratorio más duro. Alberto Núñez Feijóo, antes del parón veraniego, ya secundó las tesis de Vox en lo relativo a la «deportación» de los inmigrantes, regulares e irregulares, que cometan delitos -«determinados delitos», matizó el líder popular-.
Sin embargo, la tercera arista de las expulsiones que proponen los de Abascal -la relativa a los que «no se adaptan a nuestras costumbres»-, el PP la rechazaba. Lo más similar que el principal partido de la oposición había dicho al respecto quedó recogido en la ponencia política que aprobaron el pasado julio. «Primar la llegada de aquellos culturalmente cercanos», defendían en aquel ideario renovado, medida en ningún caso equiparable a las «deportaciones» de las que habla Vox.
Pero, ahora, el veto aprobado en Jumilla por el PP local abre un nuevo frente y obliga a los populares a posicionarse expresamente. El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, aseguró ayer que en la ciudad autónoma se seguirá permitiendo a los musulmanes utilizar espacios públicos para sus dos grandes celebraciones. Mientras, los populares catalanes se posicionaron «a favor» de la decisión tomada en Jumilla y de poder «controlar según qué celebraciones» -aunque defendieron un «modelo integrador»-.
En Génova sostienen que defienden la «libertad religiosa» y remiten a lo que votaron en el Congreso hace casi dos meses -en contra del veto-, pero respaldan al Ayuntamiento de Jumilla. Queda por ver qué harán en cada uno de los consistorios donde Vox ya ha registrado esa prohibición. Además, de cara al nuevo curso, los populares tienen intención de entrar en el debate legislativo en materia migratoria, endureciendo el tono. Un paso más hacia la derecha podría suponer asumir también la defensa de esta tesis.
