Publicado: julio 11, 2025, 2:07 am
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intentado implicar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su plan anticorrupción, pero ha rechazado incluir en él recomendaciones clave de esta organización internacional.
En el llamado Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, el Gobierno dice haber seguido las recomendaciones de la OCDE, pero ha ignorado, entre otras, la de profesionalizar la selección de altos cargos,
En la recomendación de la OCDE sobre «integridad pública», que es supuestamente la base del plan, se aconseja a los estados miembros expresamente «promover un sector público basado en el mérito, profesional y dedicado a los valores de la función pública y la buena gobernanza». Y aconseja «apoyar la profesionalidad de la función pública, evitar el favoritismo y el nepotismo, proteger contra las injerencias políticas indebidas y mitigar los riesgos de abuso de posición y de mala conducta». Para ello, la OCDE cree necesario «garantizar un sistema justo y abierto de contratación, selección y promoción, basado en criterios objetivos y un procedimiento formalizado, y un sistema de evaluación que apoye la responsabilidad y la ética del servicio público».
El principio general es que los gobiernos deben «establecer expectativas claras para los más altos niveles políticos y de gestión del sector público de un comportamiento personal ejemplar, incluida la demostración de un alto nivel de decoro en el desempeño de las funciones oficiales». Este sistema de nombramientos, que sería novedoso en España, no figura entre las quince medidas del plan presentado este miércoles. Uno de los problemas detectados en la llamada trama de Koldo García es cómo éste conversaba con el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para que se colocaran personas afines en altos cargos con influencia en adjudicaciones como la presidencia de Adif o la dirección general de Carreteras.
Para el catedrático Fernando Jiménez, experto del llamado Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), esta omisión es básica. «No hacerlo es empezar la casa por el tejado. El mejor control es asegurar que un empleado público actúe de manera profesional aunque tenga presiones políticas».
Otra recomendación que no figura expresamente en el documento es la de «garantizar un entorno de control con objetivos claros que demuestre el compromiso de los directivos con la integridad pública y los valores del servicio público, y que ofrezca un nivel razonable de garantía de la eficiencia, el rendimiento y el cumplimiento de las leyes».
Lo que sí prevé el plan gubernamental es «controles aleatorios de la situación patrimonial de los altos cargos con carácter anual durante todo el mandato».
Sánchez presentó el plan en el Parlamento como reacción a los escándalos. «Este plan ha sido, como he dicho, elaborado a lo largo de este último mes, desde que salió el caso de Santos Cerdán». Sin embargo, tenía que hacerlo tras siete años en el poder al haber sido señalada España en el último informe de la OCDE como el país más rezagado de 32 países -ver gráfico adjunto- en dotarse de una «Estrategia Anticorrupción» y de aplicarla. El Gobierno alega que otros como Canadá o Noruega están también a la cola, pero este tipo de países no presentan los escándalos que son recurrentes en España y hacen imperioso el plan.
Incluso el propio Sánchez se había comprometido a lanzar este plan en la ley 2/2023 de 20 de febrero de protección de denunciantes. En su disposición adicional quinta estableció esto: «El Gobierno, en el plazo máximo de dieciocho meses a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, y en colaboración con las Comunidades Autónomas, deberá aprobar una Estrategia contra la corrupción». Es decir, debió estar terminada el pasado año.
