Publicado: julio 2, 2025, 4:07 am
El 12 de noviembre de 2020 fue un día de lo más ajetreado en los jardines del Palacio de Navarra, sede del Ejecutivo foral liderado por María Chivite (PSOE) desde año y medio antes.
Había que acabar a toda prisa los trabajos en el jardín porque al día siguiente lo visitaba Pedro Sánchez, primer presidente del Gobierno en acudir oficialmente allí desde 1952.
Así, ese mismo día 12, jueves, los bellos jardines, rematados por la imponente secuoya de 38 metros de altura, sufrieron un acelerón drástico: donde sólo había tierra se colocó césped a todo correr, y al día siguiente Sánchez apareció -el aterrizaje del Falcon fue complicado por el viento, según los medios locales- con la acostumbrada pompa y boato presidencial.
Casi cinco años después, investigación de la UCO y del Tribunal Supremo de por medio, resulta que Sánchez estaba inaugurando, ese 13 de noviembre de 2020, una obra de la empresa secreta de Santos Cerdán, su ex número 2 en el PSOE, que desde este lunes duerme en prisión. Y una además con probable trato de favor hacia Servinabar, de la que Cerdán poseía el 45% por contrato privado con su administrador, Antxon Alonso.
Se trata de la obra de rehabilitación del Archivo de Navarra, ejecutada por 2,4 millones por la UTE (Unión Temporal de Empresas) de Servinabar y Acciona, pero que en realidad costó 730.000 euros más, un sobrecoste que obtuvo el visto bueno del Gobierno de Chivite -la obra fue adjudicada y controlada por el departamento de Presidencia- aunque superaba el 20% de aumento permitido por la ley, lo que hubiera obligado a licitarlo todo de nuevo. No sucedió.
Su sobrecoste, denunciado internamente por funcionarios y constatado por EL MUNDO por los documentos de la licitación, tiene dos patas.
De la obra se habían extraído, sin variar el precio total, los trabajos en el jardín, valorados en 263.000 euros y que finalmente realizó por encargo directo la empresa pública Gestión Ambiental de Navarra, sin que Servinabar y Acciona dejaran de cobrar la parte minorada, y sin que la Administración les pidiera devolverla.
Además, las firmas alegaron que, por causas ajenas a ellas, los trabajos se habían retrasado seis meses: se les dio la razón (cosa extremadamente rara en este tipo de trances administrativos), lo que hizo que, en vez de pedirles indemnización, se les pasara a pagar un sobrecoste de 467.000, es decir, un medidísimo 19,21% más, para no superar el 20% legal.
Todo ello sumó finalmente un 28,57% de sobrecoste, muy por encima del tope que la ley de 2006 marcaba, y más allá del cual era obligado realizar una nueva licitación y sacar los trabajos de nuevo a concurso.
De remate, durante todo ese trance Servinabar ni siquiera tenía como objeto social hacer obras de ningún tipo, sino «servicios» como por ejemplo «lectura de contadores». El objeto social debía ser el adecuado, pero la mesa de adjudicación o no se dio cuenta de ello, o no quiso darse por aludida. Todo dio igual. Los funcionarios, como ha podido comprobar EL MUNDO de testimonios directos, sabían que era una «empresilla rara» que «estaba ahí para lo que estaba» -según la UCO, para hacer de llave y conseguir contratos-. Chivite pagó y Sánchez inauguró.
Este es, cinco años después, uno de los seis contratos cuya legalidad revisa ahora el Gobierno navarro, tras estallar el escándalo y con la presidenta regional contra las cuerdas.
Y no sólo por el encarcelamiento de Santos Cerdán, que controla desde entonces el Partido Socialista de Navarra. El propio número 2 de la presidenta en el PSOE navarro, Ramón Alzórriz, ha tenido que dimitir tras admitir que su mujer trabajó en Servinabar -Chivite, que lloró en su primera comparecencia tras el informe Cerdán de la UCO, jura y perjura que no sabía en qué trabajaba la pareja de Alzórriz-.
El contrato de la rehabilitación de Archivo y sus jardines fue, desde el principio, «como poco extraño», señalan fuentes de Obras Públicas. Los funcionarios de Cohesión Territorial ya hablaban entre ellos de lo «raro» que resultaba que el gigante del IBEX Acciona, presente en 65 países, se vinculara a la mínima Servinabar, que entonces tenía tres empleados, cuando el contrato fue adjudicado a su UTE, durante el Gobierno de Geroa Bai en 2018 –Antxon Alonso, muy vinculado al entorno abertzale y natural del mismo pueblo que Arnaldo Otegi, era habitual de cañas con Uxue Barkos en Pamplona en ese tiempo, según refieren a este diario testigos presenciales-.
Para acudir a la licitación y ver el proyecto, en clara contradicción con los principios de publicidad y transparencia, los interesados debían escribir al arquitecto público Pedro López Vera, quien les haría llegar la información «tras firmar un documento de confidencialidad», algo pocas veces visto en la Administración.
La oferta de Servinabar fue de las peor valoradas técnicamente, pero era la más barata, como si alguien supiera -la ausencia de publicidad abona las sospechas de los funcionarios- que la obra tendría sobrecostes a futuro, y que con ese margen podían ofertar a la baja. Gracias a eso ganó el contrato la UTE de Acciona con la mercantil propiedad en secreto, en un 45%, de Santos Cerdán.
El interventor quiso hacer constar un voto particular contra la adjudicación, por falta de licencia municipal -lo que finalmente provocaría el retraso que facilitaría la indemnización de 467.000 euros-, pero el presidente del órgano no se lo permitió, aunque sí que constara en las actas. No se podía disentir y había prisa para sacar el contrato rápido.
Cuando la UTE señala en mayo de 2019 que no podrá terminar los trabajos y pide seis meses más y el sobrecoste derivado, el Gobierno de Geroa Bai se lo niega, pero a finales de ese mes hay elecciones, Chivite consigue sumar mayoría, es investida y su Departamento de Presidencia da el ok al 19,21% de sobrecoste.
Mientras la obra se termina, el interventor no deja de consignar que desde la tercera certificación hay «precios contradictorios», más altos de los esperados: es en noviembre, justo al final, cuando se legaliza todo a la carrera y se calcula el sobrecoste de 467.000 euros más para Servinabar y Acciona.
Pedro Sánchez inaugura el lugar un año después, en noviembre de 2020. Lleva mascarilla, el Covid está en su apogeo. Escribe en el Libro de Oro foral, entre otras cosas: «Sirva esta ocasión para reforzar la colaboración entre el Gobierno central y el Gobierno de Navarra».
Chivite gobierna allí como él lo hará en Madrid, apoyado en un pacto con Bildu tejido por Santos Cerdán, que ya en ese momento es uno de sus báculos y medio año después, en julio, se convertirá en Secretario de Organización del PSOE al desalojar el presidente a José Luis Ábalos.
Es interesante, por lo demás, observar la evolución posterior en cuanto a responsabilidades de algunos personas vinculadas a los contratos de Servinabar desde la Administración.
Pedro López Vera, entonces arquitecto público y quien según diversas fuentes lideró los trabajos de la mesa de adjudicación del contrato de Archivo, es hoy director de Obras Públicas con Chivite. José Contreras, secretario de dicha mesa, es hoy jefe de la asesoría jurídica de la Cámara de Comptos, que fiscaliza contratos.
Y Edurne Eguinoa, directora general de Presidencia durante la época de Barkos, y por tanto quien dio a Servinabar el contrato de Archivo, dirige hoy la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción que ha recibido varias denuncias de funcionarios por las adjudicaciones a la firma de Santos Cerdán y Antxon Alonso.
