Publicado: junio 30, 2025, 8:07 am
El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán comparece hoy en el Tribunal Supremo imputado por delitos de cohecho y organización criminal por el presunto amaño a gran escala de adjudicaciones de obra pública. El ex número tres del Partido Socialista, y hasta hace pocas semanas hombre de la total confianza de Pedro Sánchez, se enfrentará al interrogatorio del instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente, y del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Es altamente probable que las acusaciones populares soliciten al magistrado que decrete su ingreso en prisión provisional.
Fuentes de su defensa consultadas por EL MUNDO sostienen que la intención de Cerdán es responder al menos a las preguntas de su letrado -descartando por lo tanto acogerse su derecho a no declarar- para defender su inocencia en el Alto Tribunal. El ex secretario de Organización socialista mantiene que en la causa sólo le incriminan unos audios -las grabaciones realizadas por su amigo Koldo García- en los que públicamente Cerdán ha dicho no reconocerse.
Sin embargo, los investigadores no lo ven así ya que, más allá de las grabaciones realizadas por Koldo, donde se refleja cómo se reparten las mordidas por las adjudicaciones irregulares de múltiples obras, en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también constan mensajes intervenidos a García con gestiones ordenadas o realizadas por Cerdán sobre los presuntos amaños.
Hasta ahora, el juez instructor y el fiscal han ido de la mano
Por otro lado, durante la entrada y registro en el domicilio del empresario Joseba Antxón Alonso Egurrola, en Elorrio (Vizcaya) el pasado 10 de junio, los agentes de la UCO localizaron «una escritura privada de compraventa de participaciones sociales» entre el empresario y Cerdán. Esa escritura refleja que el ex secretario de Organización del PSOE era propietario del 45% de Servinabar 2000 SL.
La Guardia Civil ha vinculado a esta mercantil (una pyme que pasó prácticamente de ser una desconocida a obtener adjudicaciones de obras de gran entidad en Navarra) con el amaño de, al menos, dos obras en la Comunidad Foral durante los primeros años en los que operó la trama (2015-2018). Servinabar resultó entonces adjudicataria junto a la multinacional Acciona del proyecto Mina Muga y de las obras de reforma del pabellón deportivo Navarra Arena de Pamplona en 2017. Los investigadores resaltan que «no se ha apreciado cuál habría sido el valor añadido» de esta pyme en estos concursos salvo la influencia ejercida por Santos Cerdán.
El atestado de la Guardia Civil también refleja cómo el ex secretario de Organización del PSOE tenía capacidad de decisión respecto a Servinabar, llegando incluso a manejar sus cuentas y decidir qué gastos debía asumir la constructora. «Santos Cerdán tenía poder de decisión sobre la sociedad Servinabar para aspectos tan relevantes como la ejecución de pagos, suministro de otros servicios y bienes a cargo de las sociedades como vehículos y teléfonos e incluso el alquiler de una vivienda en Madrid», subrayó la UCO en su demoledor informe.
Por su parte, el magistrado Puente ha calificado los indicios contra el ex diputado socialista de «consistentes». En el auto en el que cambió la condición de su declaración de voluntaria a obligatoria, el instructor sostuvo que «resulta de los consistentes indicios que se ponen de manifiesto en el informe policial de 5 de junio del presente año» sobre Cerdán que el ex número tres del PSOE pudo haber participado, junto con el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, «en la percepción de premios económicos a cambio de concesiones irregulares de obras públicas». Además, el magistrado del Supremo apuntó a su papel como la persona encargada de «distribuir entre los diferentes partícipes de la trama las cantidades recaudadas».
Por otro lado, la actual situación procesal del investigado, que acaba de adquirir la condición de imputado y ha renunciado al aforamiento, hace altamente probable que se enfrente este lunes a la imposición de medidas cautelares tras su primera comparecencia ante la justicia. La incógnita es el alcance de las mismas. En el caso de Ábalos y Koldo García, el juez les impuso la prohibición de abandonar el territorio nacional, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales; medidas que decidió mantener la semana pasada a petición del Ministerio Fiscal a pesar del agrandamiento de la causa a las licitaciones amañadas desde el Ministerio de Transportes.
Y aunque parece probable que las acusaciones populares -unificadas bajo la dirección letrada del Partido Popular– pidan el ingreso en prisión preventiva, la decisión última corresponde a Puente, encargado de valorar el riesgo de fuga y posible destrucción de pruebas de Cerdán. En todas las decisiones de calado, juez y fiscal han ido hasta ahora de la mano en este procedimiento judicial.
