Publicado: junio 2, 2025, 8:07 pm
Se cumplen siete años de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa y el balance que hace el PP no puede ser más negativo. «Se ha normalizado la mentira», se han «colonizado las instituciones», «se toma a los ciudadanos por idiotas» y se ha extendido «la corrupción», según el portavoz de los populares, Borja Sémper. «El Gobierno está en colapso total», y le queda poco, a su juicio: «Una moción de censura lo llevó a La Moncloa y una moción ciudadana lo echará».
Durante la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, el dirigente vasco ha valorado la ponencia del Tribunal Constitucional (TC) que avala la constitucionalidad de la amnistía ante el recurso del PP, adelantada el domingo por EL MUNDO. «Hemos conocido la filtración de una ponencia. Independientemente de lo que dictamine el Tribunal Constitucional, la Ley de amnistía es una inmoralidad y una indecencia política», ha dicho.
«Es un pago político por siete votos», los de Junts a cambio de la investidura de Sánchez. «Sigue siendo una utilización fraudulenta de la norma. La norma, constitucional o inconstitucional, es corrupción política», ha añadido, antes de incidir en que el TC aún tiene que votar y consensuar un fallo.
Antes que él, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, había dicho que la amnistía fue «un instrumento a través del cual Sánchez compró la investidura», salvando de la cárcel «a delincuentes». «Hay muchas razones para que el próximo domingo a las 11:00 de la mañana nos movilicemos todos aquellos que creemos que esto tiene que acabar y que merecemos un Gobierno otra manera de dirigir España», había añadido.
Desde las filas de Vox se han mostrado críticos con la Ley de Amnistía por los mismos motivos y, en este caso, sí han cuestionado la postura que el Tribunal Constitucional pueda tomar al respecto. «Prefiero no hacerme muchas ilusiones sobre lo que pueda hacer el TC», ha deslizado Santiago Abascal en una entrevista en Telecinco, y el portavoz del partido, José Antonio Fúster, ha ahondado en esta tesis señalando que será el «TC que el PSOE ha asaltado» quien juzgue en última instancia «la corrupción de este Gobierno».
«El Tribunal Constitucional que ha limpiado los crímenes de los corruptos socialistas andaluces [en referencia al borrado de los ERE] es el mismo que va a dar por buena la amnistía y va a promover una mutación constitucional encubierta», ha valorado Fúster. La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, se ha sumado en sus redes sociales a la argumentación que expone el PP: «La amnistía no es rechazable únicamente porque sea inconstitucional. Es rechazable porque avala la ruptura de la unidad nacional, principalmente».
Más allá de denunciar el fondo de la Ley de Amnistía, la motivación «política» por la que se aprobó y el veredicto que pueda pronunciar el TC al respecto, Vox añade en su retahíla de críticas un objetivo más: el Partido Popular. «Estamos aquí [con el Alto Tribunal avalando la amnistía] porque el PP aceptó la renovación del TC», ha asegurado Abascal que, pese a reconocer que era «anómalo» no hacerlo, ha reprochado a los populares que «digan que el Gobierno es una mafia y lleguen a acuerdos con esa mafia». «La renovación del TC es lo que hoy nos está haciendo daño», ha insistido el líder de Vox, y Fúster le ha cogido el testigo, señalando que el «asalto» del que acusan a los socialistas respecto al Alto Tribunal se cometió «con el beneplácito del PP».
El PP cita a Leire Díez en el Senado
Para Sémper, «todo lo sucedido» con los audios de las presuntas cloacas del PSOE que buscan desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «es el punto definitivo de la descomposición de un partido». «Todo es lo que parece», ha dicho, y «todo mancha también a sus socios parlamentarios». A su juicio, las «mentiras y patrañas» contra la Guardia Civil buscaban «tapar la corrupción propia».
Por eso, para aumentar la presión sobre el bloque de Sánchez, el portavoz del PP ha anunciado que llamará a los principales protagonistas a comparecer en el Senado. Sobre todo, la militante del PSOE Leire Díez, eje de las revelaciones sobre este escándalo.
Al referirse a los presuntos escándalos del PSOE, Sémper ha acusado a Leire Díez, militante del PSOE y principal protagonista del ‘caso cloacas’ contra la UCO, de estar «practicando la delincuencia contra quienes luchan contra la delincuencia». Tanto ella, que era alto cargo de Correos, como el ex presidente de la empresa Juan Manuel Serrano «tendrán que comparecer en el Senado». También los entonces altos cargos Santiago Ferrer Puga y Javier Monzó Torrecillas.
A todos ellos les quieren preguntar las «dudas» sobre la actuación de Correos en el voto por correo de las elecciones de 2023, ya que Díez dijo que ella lo había pilotado desde su puesto en la empresa pública.
«No dudamos de los funcionarios de Correos, estamos absolutamente convencidos de su pulcritud profesional. De lo que dudamos es de la integridad de gente de la talla de doña Leire. No hay más: lo que hacemos son preguntas». «Tenemos dudas y queremos que nos las despejen», ha insistido Sémper.
Sémper también ha criticado a los ministros que han amplificado la noticia sobre la «bomba lapa» que dijo un cargo de la UCO, pero que en realidad no se refería a ponérsela Sánchez sino a que se la pusieran otros a él mismo. Sin embargo, los ministros López, Alegría y Montero no han rectificado sus declaraciones dando por hecho que la bomba era para el presidente.
Para Sémper, «es el colmo de la indecencia», porque estos ministros «siguen mintiendo sabiendo que han mentido». Y son ministros «que no difaman con bulos sin que lo sepa Pedro Sánchez». «Vamos a responder a esta guerra sucia con rigor y con transparencia», ha zanjado.
Conferencia de Presidentes
Por último, preguntado por la posibilidad de que los barones del PP planten al Gobierno en la Conferencia de Presidentes que se celebra el viernes en Barcelona, y a la que acudirá Felipe VI, Sémper ha dejado esa puerta abierta.
«Los presidentes han propuesto introducir en el orden del día materias que hasta hoy el Gobierno se ha negado», y «si el Gobierno vuelve a dar un portazo, veremos cuál es la respuesta de los presidentes autonómicos», ha explicado el portavoz popular. «No descarten ninguna posibilidad», ha subrayado, contemplando así la posibilidad del plantón. «El esfuerzo institucional es de primer nivel, pero si enfrente tienes un muro…», ha rematado.
Fuentes del PP han añadido después que, esta tarde, cada uno de los 11 gobiernos presididos por el PP va a mandar un escrito al Ejecutivo central «para que modifique el orden del día». El reglamento de la Conferencia de Presidentes estipula que lo que formulen 10 o más gobiernos se tiene que incluir en el orden del día sí o sí. «Y no hay más que hablar», ha zanjado Sémper.
