Publicado: mayo 23, 2025, 10:07 am
El magistrado instructor de la causa abierta al fiscal general del Estado y la fiscal provincial de Madrid por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso ha citado a declarar a cuatro periodistas de El País que fueron ante notario para señalar que tuvieron conocimiento, con «31 horas de antelación» a la filtración clave atribuida indiciariamente a Álvaro García Ortiz, de que se estaba negociando un pacto de conformidad entre la Fiscalía y la defensa del empresario Alberto González Amador, donde el letrado de éste admitía la comisión del fraude fiscal.
En un auto, notificado este viernes, el juez de la Sala de lo Penal Ángel Hurtado acuerda citar como testigos el 27 de mayo al abogado Carlos Neira, el fiscalista que defiende al novio de Ayuso, y el 30 de mayo al subdirector de El País José Manuel Romero y también a los periodistas del diario de Prisa, Berta Ferrero, Fernando Peinado y Luis Ramón Manuel González Arroyo.
El instructor accede así a esta petición planteada por la defensa del fiscal general, es decir, por la Abogacía del Estado. En el mismo auto, acuerda también que se incorporen a las actuaciones las actas notariales de manifestaciones efectuadas por los cuatro periodistas de Prisa. Hurtado explica que tanto él como la Sala de Apelaciones del Supremo denegaron previamente las testificales de los periodistas de El País pero que, después de que los mismos hayan decidido acudir ante notario, esas «manifestaciones, en opinión de la defensa del investigado, son de la suficiente relevancia, como para que las ratifiquen y amplíen ante este instructor».
«En la medida que se trataría de una diligencia a favor de reo, pudiera no ser necesaria, y ello porque las limitaciones que derivan del contradictorio a la hora de valorar la prueba de cargo, esto es, contra reo, no son trasladables a cuando se trata de prueba de descargo, a favor de reo, y aquí se pretende unas diligencias en descargo», resalta Hurtado.
Recta final de la instrucción
Sin embargo, el instructor explica que accede a estas citaciones porque «desde el punto de vista del derecho de defensa como lo entiende la defensa, no se le ha de privar de que lo ejerza con la extensión que mejor satisfaga a sus intereses, en este caso mediante la toma de declaración que solicita, a la que se accederá, además de acordar la incorporación a las actuaciones de las referidas actas de manifestación».
En las citadas actas de manifestación ante notario, el subdirector Romero, autor de un sinfín de crónicas en defensa de García Ortiz y críticas contra de la instrucción llevada a cabo por el Supremo, argumentó que el día 12 de marzo de 2024 «un interlocutor en la Fiscalía de la Comunidad de Madrid» le informó de que «la pareja de Díaz Ayuso había admitido los delitos y mostrado su disposición a pagar una multa para reducir la pena de prisión». Por su parte, los otros periodistas han asegurado que ellos recibieron la indicación de su subdirector de confirmar esta información con la defensa de González Amador.
Con esta diligencia, García Ortiz pretende demostrar, en la recta final de la instrucción, que no había secreto que él pudiera revelar puesto que, la confesión de los posibles delitos del novio de Ayuso, eran ya de conocimiento por parte de terceras personas. La defensa de la Abogacía del Estado, desde que el pasado mes de octubre el Supremo encausó al fiscal general, transmutó: de combatir el «bulo» inicial pasó a tratar de convencer al instructor de que la filtración de datos de González Amador no revelaba secreto alguno.
Por su parte, este viernes está citado en el Supremo el novio de Ayuso como testigo, también a petición del imputado García Ortiz. González Amador ejerce, además, la acusación particular en este procedimiento abierto al fiscal general y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, por un delito de revelación de secretos.
