Publicado: mayo 15, 2025, 4:07 am
Las entidades constitucionalistas de Cataluña se proponen impugnar la aplicación del Pacte Nacional per la Llengua, al considerar que la Generalitat pretende emplear la «coacción institucional» para imponer el catalán tanto en la esfera pública como en el sector privado.
Después de conocer la hoja de ruta acordada entre el PSC, ERC y los comunes, y que cuenta con el amparo de los sindicatos CCOO, UGT o entidades como la Plataforma per la Llengua -la organización que espió a niños en el recreo para conocer sus preferencias lingüísticas-, Convivencia Cívica Catalana ha anunciado que «vigilará todas las disposiciones normativas que se adopten en aplicación del pacto y las impugnará en los tribunales». La misma intención tiene Impulso Ciudadano.
Los promotores del bilingüismo no acuden aún a la Justicia porque el Pacte Nacional per la Llengua carece de valor jurídico, al constituir, por el momento, una hoja de ruta estratégica en la que el Govern de Salvador Illa y sus dos socios preferentes esbozan las líneas maestras de la política lingüística que se desarrollará en la comunidad en los próximos años y que llevará aparejada una inversión pública de un mínimo de 200 millones anuales hasta 2030.
Especialmente atentas estarán las entidades a la extensión del proyecto lingüístico monolingüe a la empresa privada, nuevo «objetivo» del nacionalismo catalán y del PSC, según detalla el pacto, al precisar que se pretende «conseguir que el catalán se incorpore plenamente como lengua de uso habitual en el mundo del trabajo y en el mercado laboral» o al subrayar la pretensión de «impulsar el uso del catalán como lengua habitual en los centros de trabajo».
Denuncia Impulso Ciudadano que el acuerdo suscrito entre esta suerte de tripartito «es un proyecto nacionalista» que constituye una «agresión a la libertad lingüística» que pretende «normalizar el uso del catalán mediante mecanismos de presión social, orillando cualquier idea de convivencia o libertad real de elección». La entidad presidida por Pepe Domingo realiza un «llamamiento a la ciudadanía», «a todos los catalanes que se sientan discriminados por hablar su lengua» a movilizarse contra el Pacte Nacional per la Llengua y rechazar «la exclusión y la imposición» que bendice el PSC junto a sus socios soberanistas.
Convivencia Cívica Catalana también cree que la Generalitat «pretende imponer el uso del catalán con medidas coercitivas de todo tipo» y recuerda que «no tiene ninguna potestad para imponer a nadie el uso de una de las dos lenguas oficiales, decisión que forma parte de su esfera de libertad». Además la organización que lidera Ángel Escolano ofrecerá asistencia jurídica gratuita «a todo los ciudadanos que vean afectados su derecho para usar libremente el castellano (y a no usar el catalán) por las actuaciones que lleven a cabo las administraciones y los firmantes».
Mientras tanto, Junts no cierra ahora su incorporación al Pacte Nacional per la Llengua si se acaba consensuando una respuesta más clara a una eventual sentencia de Tribunal Constitucional (TC) en contra de la ley aprobada en la pasada legislatura por el PSC y los independentistas para burlar el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que impone un 25% de español en todos los colegios de la región. También pretende Junts que se haga referencia a la oficialidad del catalán en Europa que persigue junto al Gobierno.
