Publicado: mayo 6, 2025, 8:07 pm
Ana Julia Quezada planificó al detalle la manera de obtener un móvil en la prisión de Brieva (Ávila) donde cumple condena por asesinar al niño Gabriel, el hijo de su pareja, conocido como El Pescaíto. La mujer, condenada a prisión permanente revisable, trazó una secuencia que, según detallan a EL MUNDO fuentes de la investigación, avanzada por El País, arrancaba en su nueva pareja: una mujer que está fuera de la cárcel.
Ella sería la encargada de proporcionar el terminal telefónico que conectaría a Quezada con el exterior, con la idea de participar en una serie sobre el asesinato del niño, un true crime. Según las diligencias que mantiene abiertas un juzgado de Ávila, los conectores entre la pareja de la asesina y ella serían un cocinero de la cárcel, un trabajador ya jubilado, y también un funcionario de prisiones con el que la presa habría mantenido relaciones sexuales a cambio de que le entregara el teléfono.
El trabajador penitenciario, indican fuentes conocedoras de los hechos, continúa en el centro penitenciario de Brieva y está imputado por un delito de cohecho. Con el dispositivo, la reclusa habría grabado encuentros íntimos con ese mismo funcionario, con el objeto de chantajear a la dirección del centro para obtener beneficios penitenciarios, incluyendo un posible traslado a otra prisión en Barcelona.
La directora de la prisión, Laura Pérez, confirmó en un informe tener conocimiento de las grabaciones comprometedoras obtenidas por Quezada, en las que al parecer aparece ese funcionario, manteniendo con ella sexo en su celda.
Las diligencias judiciales se incoaron a raíz de una denuncia de la Guardia Civil, alertada por la familia del pequeño Gabriel ante la posibilidad de que Quezada pudiera tener un terminal telefónico dentro de la prisión de mujeres, con el que estaría en contacto con periodistas para participar en un true crimen sobre el asesinato del menor. El juzgado sigue practicando diligencias para determinar si existen más implicados en los hechos denunciados.
En el transcurso de la investigación, precisan las mismas fuentes a este periódico, agentes del Instituto Armado se personaron en la cárcel de Brieva para tomar declaración al funcionario ahora imputado en los hechos, y también al cocinero.
En junio del año pasado, Patricia Ramírez, madre del niño asesinado por Quezada, solicitó a la Audiencia Provincial de Almería que investigara el intento de Quezada de firmar un contrato con una productora audiovisual interesada en grabar un documental sobre el caso, presuntamente con el objetivo de venderlo a una plataforma como Netflix. La prisión denegó finalmente su participación tras detectar anomalías como el uso no autorizado de un teléfono móvil, lo que ahora cobra nueva relevancia con la investigación judicial en marcha.
La madre del menor llevó el asunto al Senado en junio de 2024, donde compareció de forma inédita ante la Comisión de Interior para exigir un pacto de Estado que regule la creación de contenidos del tipo true crime, especialmente cuando afectan a víctimas de delitos graves y a sus familias.
