Publicado: mayo 3, 2025, 6:07 am
La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado este viernes la citación como testigos del alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, el de Algemesí, José Javier Sanchis, al jefe de Climatología de la Aemet en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, y a tres trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
La magistrada Ruiz Tobarra rechaza en uno de los cinco autos y una providencia firmados hoy la imputación del alcalde de Utiel, como pedía la acusación que representa a la hija de una víctima porque, argumenta, «existe una diferencia radical entre la Administración Local y la Autonómica al objeto de lanzar alertas a la población y la adopción de medidas de autoprotección».
«Lo contrario conllevaría a la investigación como presuntos responsables de los homicidios a los alcaldes de la práctica totalidad de las poblaciones donde se produjeron los fallecimientos y las lesiones», añade.
En este sentido, concluye que «el análisis fragmentario de la información disponible, no solo por dicho Ayuntamiento, sino en general por la totalidad de ellos, a diferencia de quienes asumían legalmente el mando de la emergencia en la Administración autonómica, quienes contaban con múltiples canales de información (…), impide atribuir la posición de garante, no solo al alcalde de Utiel, sino al resto de alcaldes, quienes se vieron sorprendidos, no recibieron tampoco la información precisa ni se les aconsejó de manera específica sobre las medidas a adoptar», precisa la instructora.
La instructora vuelve a desestimar en otro auto la petición de identificar los vehículos oficiales utilizados entre el 29 y el 30 de octubre del pasado año por el presidente de la Generalitat y sus escoltas, así como por los dos investigados, Salomé Pradas y Emilio Argüeso. Así lo había solicitado la representación de Acció Cultural PV, pero la jueza vuelve a frenarlo porque «las pruebas solicitadas estarían destinadas a investigar al President de la Generalitat, Carlos Mazón. La condición de aforado impide que se acuerdan diligencias de investigación», asegura antes de reiterar, una vez más, el ofrecimiento a declarar como investigado al jefe del Consell. «Solo en el caso que se aceptara dicho ofrecimiento, como se expresó en el auto de 10 de marzo de 2025, procedería valorar su pertinencia».
Tampoco entiende oportuno el encargo de una prueba pericial para determinar la «supuesta falsedad» de la fotografía que distribuyó la Generalitat de Carlos Mazón entrando al Cecopi a las 20.28 horas de aquel martes. Entiende que su juzgado no tiene ninguna competencia al no haber sido aportada la imagen en el procedimiento.
La instructora, que siempre ha mantenido el foco en la Generalitat como responsable de la Protección Civil, vuelve a recordarlo ante la petición de una acusación de que se solicite al Departamento de Seguridad Nacional que aporte todos los informes que pudo haber emitido el 29 de octubre de 2024. Considera la jueza esta diligencia como «innecesaria» puesto que «al objeto de tomar decisiones resulta claro que no era necesario contar con informe alguno del Departamento de Seguridad Nacional», y recuerda los avisos de la Aemet y la decisión de Universitat de València de suspender las clases.
Además, insiste en que la competencia era autonómica y en que «existió consenso a nivel autonómico y central» en que no procedía «la declaración de emergencia nacional, ni el día 29 de octubre, ni en los días posteriores». También incide en que no se declaró la situación de emergencia catastrófica «competencia que se atribuye al President de la Generalitat Valenciana». «Una declaración de emergencia nacional que no era precisa para alertar a la población y que se adoptaran medidas de autoprotección», zanja.
Recurso a la negativa a imputar a Bernabé
La jueza ha dado cuenta de la apelación realizada por la Asociación Liberum contra la decisión de denegar la imputación de Pilar Bernabé tras su testimonio y ha pedido las alegaciones del Ministerio Fiscal.
Además tampoco acepta la solicitud de una acusación particular que pretendía que el juzgado propusiera al Instituto de Medicina Legal (IML) de Valencia que determine entre las secuelas psíquicas la posible existencia de unas patologías concretas. La magistrada recuerda que los peritos están realizando ya «un examen exhaustivo y ponderado de los padecimientos o patologías de las personas sometidas a examen».
Tampoco considera que sean relevantes las llamadas de emergencias efectuadas a la Policía Nacional, Guardia Civil y a Policías Locales.
