Publicado: mayo 1, 2025, 8:07 pm
En La Moncloa, el martes a las 11.30 horas estaban pendientes de la comparecencia del director de Servicios para la Operación de Red Eléctrica, Eduardo Prieto. Aunque no lo habían comunicado oficialmente, Pedro Sánchez iba a comparecer tras el Consejo de Ministros, pero esperaban a las explicaciones públicas del operador. En el complejo presidencial causó sorpresa y malestar que aportara «información concluyente» como que descartaban un ciberataque, cuando al Gobierno se le decía que no había «información concluyente» sobre la causa del gran apagón. Y, además, ellos también tenían esa información, pero no les llevaba a descartar esa hipótesis.
En el Gobierno admiten que hubo «momentos de descoordinación» con Red Eléctrica. La idea es que esa comparecencia era para trasladar a la opinión pública un mensaje de tranquilidad. El propio Sánchez dijo haberse enterado por los medios de esa información, plasmando ese malestar y desconfianza. Las fuentes gubernamentales consultadas explican que se ha trabajado de manera coordinada, que la información ha fluido pero que, efectivamente, ha habido momentos de falta de acople y que el Ejecutivo no ha tenido acceso a datos.
Todo se desencadena el martes a media mañana. Sánchez usa un tono duro con las eléctricas. Es la tercera vez que comparece en 24 horas y no puede explicar qué ha pasado. España sufrió un apagón de luz, y el Gobierno de datos. La noche del lunes, los técnicos de Red Eléctrica le trasladan que no tienen información para saber qué ha pasado. «Vale, pero habrá que saberlo. Hay que investigar y encontrar la verdad y tomar medidas», fue el mensaje que trasladó en la sede de esta empresa el presidente del Gobierno, según fuentes conocedoras del encuentro.
Quiere datos. Saber qué ha pasado. «Es importante diferenciar entre información y datos. La información ha fluido, pero no teníamos acceso a los datos», señalan desde el Gobierno. Se trasluce malestar también en este asunto con Red Eléctrica. Las personas consultadas por este diario explican que lo que se quiere es la caja negra de las eléctricas para analizarlas. Como sucede con las cajas negras de los aviones tras un accidente. El mensaje que les lanzan es que se acabó la opacidad, quieren ir hasta el final.
«Necesitamos saber muchos datos. A nivel de milisegundos», describen fuentes gubernamentales. «Necesitamos toda la información desagregada. Hay que hacer un zoom». Las compañías ya remitieron ayer datos, que empezaron a estudiar de inmediato los técnicos de la Administración.
Es más, el Gobierno va a enviar personal de Interior, Defensa (CNI) y de Transformación Digital a las distintas instalaciones de los diversos operadores para «comprobar el buen funcionamiento» y que no haya ningún tipo de ataque. «Nuestra prioridad es querer tener toda la información», dicen en el Gobierno. Quieren sus propios informes y el acceso de primera mano a todo. Pero no sólo los relativos a lo sucedido en esos cinco segundos que propiciaron el apagón, sino también lo ocurrido antes y después, así como información de cómo se produjo la recuperación del sistema. Lo que persigue tener sobre la mesa, entre otras cosas, el Ejecutivo, es si las empresas notaron o percibieron algo anómalo antes, durante o después del apagón que deban compartir. Es un aviso, porque como informa hoy este diario, el sistema sufría «anomalías muy fuertes» media hora antes de las 12.33 horas, hora cero del apagón.
Por eso se traslada a las empresas para que faciliten todo lo que tengan de los 5 segundos en que España se fue a negro, pero también del antes y el después. Pasadas las 15.00 horas del martes, Sánchez da la orden de convocar a las eléctricas a La Moncloa. En la cita, donde llama la atención el rostro serio de los asistentes, pero de «clima constructivo» según el Gobierno, Sánchez les pide «colaboración y transparencia» para saber qué ha pasado.
Tras esa reunión, el Gobierno rebaja el tono con las eléctricas. Las sigue apuntando con el foco, como sospechosas, pero la predisposición de éstas alivia la tensión. «Va a haber total colaboración porque ellas son parte interesada», defienden en el Ejecutivo. Eso sí, insisten que éstas «tienen intereses, pero que el Gobierno «vela por el interés general».
Es un asunto delicado, porque aunque el sector ha mostrado disponibilidad, son empresas privadas y, como reconoce el Ejecutivo, «formalmente no tenemos acceso a los datos». Por eso lo piden, pero también se crea una comisión de investigación como medida de presión. Precisamente ayer se puso en marcha, presidida por la vicepresidenta Sara Aagesen. «Estamos en predisposición de hacer una auditoría completa sobre el incidente: dónde estábamos antes de que ocurriera, qué pasó durante y qué ocurrió después», es el mensaje que lanzan en este órgano.
La sombra de la sospecha se expande desde el Ejecutivo a los operadores privados, a los que Sánchez advierte de que exigirá responsabilidades, si procede. De momento no se las piden a Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica. De manera pública su labor se ensalza a la par que la de su equipo, pero no se le hace un respaldo explícito como en otros casos. Fuentes del Gobierno en privado sí trasladan ese apoyo, pese al malestar latente estos días.
