Publicado: abril 28, 2025, 8:07 am
El irlandés Michael McGrath (Cork, 1976) es el comisario de Democracia, Justicia y Estado de Derecho de la Unión Europea, y mañana se desplazará a Madrid para reunirse con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y con el responsable de Exteriores, José Manuel Albares. También verá con la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, y el vicepresidente, Dimitry Berberoff. «Estaré allí para debatir las prioridades de mi cartera con las autoridades nacionales», explica en la entrevista concedida a EL MUNDO, además de para interesarse sobre los próximos pasos en la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y marcar el camino que debe seguirse en ese proceso.
El comisario europeo de Justicia comienza dando «bienvenida al significativo progreso realizado por España en la renovación» del órgano de gobierno de los jueces, haciendo referencia al desbloqueo que PP y PSOE acordaron hace algo menos de un año precisamente en Bruselas, así como el cambio de modelo en la elección prometido a Europa. Pero la realidad es que la situación está de nuevo bloqueada, la Unión Europea lo sabe y por eso va a pedir explicaciones al Gobierno.
«Espero con interés los próximos pasos. Recomendamos proseguir el proceso para adaptar el procedimiento de nombramiento de sus miembros y teniendo en cuenta los estándares europeos sobre los Consejos de la judicatura», prosigue. Y lo que apuntan esos estándares es que esos procesos no deben estar politizados, que es justo lo que no ocurre en España.
«Una cuestión crítica gira en torno al sistema de selección del CGPJ y su percibida politización. Esta preocupación no es menor, ya que el CGPJ es responsable de algunas decisiones cruciales en el poder judicial, incluida la designación de jueces de alto rango», apunta en concreto sobre esta cuestión el Consejo de Europa, que hace apenas unos días publicó un informe sobre la situación del Consejo General del Poder Judicial.
Los próximos pasos
«Me reuní con el ministro Bolaños en febrero para evaluar los esfuerzos realizados. Ha sido un desarrollo muy positivo y, ahora que el Consejo ha presentado sus propuestas, en Madrid podré escuchar directamente del Gobierno cuáles serán los próximos pasos. Esta es una gran oportunidad para obtener valiosos conocimientos. Por nuestra parte, la Comisión continuará monitoreando los avances», retoma McGrath.
Junto con ese documento sobre el CGPJ, el Greco -el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa- desveló también que España no ha cumplido de «forma satisfactoria ninguna de las 19 recomendaciones». «España está haciendo esfuerzos para fortalecer su marco anticorrupción y lo reconozco. Se han implementado nuevas reglas relacionadas con los delitos de corrupción, y el Gobierno ha sometido un proyecto de ley al Parlamento para regular el lobby. Estos son pasos positivos, y me alegra ver que se están tomando acciones», responde McGrath, que es uno de los cinco liberales que integran la segunda Comisión de Ursula von der Leyen, al ser preguntado por esta cuestión.
«Sin embargo», prosigue, «algunas medidas importantes mencionadas en las recomendaciones del Informe sobre el Estado de Derecho de 2024 podrían mejorar aún más el marco de lucha contra la corrupción de España. Estas incluyen la adopción de una estrategia integral para prevenir y combatir la corrupción, así como el fortalecimiento de las normas sobre conflictos de interés y las declaraciones de bienes de las personas que ejercen funciones ejecutivas de alto nivel».
Bloqueo de 16 meses
McGrath rechaza referirse a situaciones concretas, como pueden ser el caso Koldo y sus ramificaciones, el del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o de su mujer, Begoña Gómez. Pero la publicación de este informe por parte de Greco fue muy significativa por el momento en el que se produjo y, también, porque el Gobierno lo bloqueó durante más de 16 meses para que no se conociese su contenido desoyendo completamente las peticiones por parte del Consejo de Europa.
Fue necesario que el propio presidente del organismo, David Meyer, reclamase al Ejecutivo que permitiese la publicación de este documento que pide, efectivamente, «reforzar el régimen actual aplicable a los asesores, sometiéndolos a requisitos de transparencia e integridad equivalentes a los aplicables a las personas con funciones ejecutivas de alto nivel»; y también «introducir normas sobre la forma en que las personas encargadas de funciones ejecutivas de alto nivel entablan contactos con grupos de presión y otras terceras partes que tratan de influir en la labor legislativa y de otro tipo del Gobierno».
«La Comisión está comprometida en ayudar a España en estos esfuerzos, y tomamos buena nota de los hallazgos del Consejo de Europa respecto al cumplimiento de sus recomendaciones. Las conclusiones del Grupo de Estados contra la Corrupción son algo que la Comisión tiene en cuenta en su evaluación. Estaremos atentos a los desarrollos y continuaremos trabajando con España para apoyar un mayor progreso en la prevención y lucha contra la corrupción», incide el comisario europeo de Democracia, Justicia y Estado de Derecho.
Y en cuanto a la Ley de Amnistía y la posición de la Comisión ante el hecho de que se propongan indultar delitos de malversación de dinero público, McGrath prefiere no responder. «Este asunto ha sido remitido al Tribunal Constitucional. Estoy seguro que entenderá que no puedo especular más sobre un tema que está actualmente ante la más alta autoridad judicial de España. Para mí, esto es una cuestión de respeto por la Constitución de este país», señala, aunque sí apunta que Bruselas, claro, está «siguiendo de cerca los desarrollos».
