Publicado: abril 28, 2025, 4:07 am
El encargado de argumentar la necesidad de inyectar una ayuda pública de 475 millones de euros a Air Europa en las reuniones preparatorias del rescate fue el entonces secretario de Estado de Infraestructuras y actual presidente de Correos, Pedro Saura, según el acta confidencial a la que ha tenido acceso EL MUNDO. Así lo hizo en la sesión del 14 de septiembre de 2020 que fue preparatoria y a la que no asistió aún el jefe de la oficina económica de Moncloa, Manuel de la Rocha, que se reservó para las decisivas de octubre.
Según el acta del llamado Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, el entonces número dos de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes ejerció de ponente de la ayuda ante la entonces secretaria de Estado y actual vicepresidenta del Gobierno, Sara Aagesen, entre otros miembros del Consejo Gestor.
Calificó Air Europa de «compañía relevante en el sector del transporte aéreo español que, año tras año, ha venido ganando importancia y tamaño dentro del sector». En particular, dijo que la filial de Globalia, propiedad de la familia Hidalgo, «desempeña un papel clave en el hub de Madrid, especialmente en la consolidación de la oferta con Iberoamérica». A juicio de Saura, que apoyó con informes el rescate, «Air Europa complementa perfectamente el papel que juega Iberia, generando un volumen conjunto de operación que disuade a otros competidores y hace que España permanezca, año tras años, en una posición estratégica de liderazgo en el mercado con el subcontinente americano».
Saura negó que Air Europa estuviera en crisis antes de la pandemia -lo que habría invalidado poder acogerse a este fondo estatal-, porque «en los últimos años había registrado una evolución positiva en sus resultados económicos». El problema es que «la crisis por la Covid-19 le ha generado un problema agudo de liquidez», porque sorprendió a Air Europa «en un proceso de renovación de la flota para operar principalmente con una de las aeronaves de largo radio más modernas actualmente y eficientes del mercado: el Boeing 787«. Los propietarios de los aviones reclamaban pagos a Air Europa y, según argumentó Saura, eso «exige una disponibilidad de caja que es difícil conseguir en un entorno de ingresos reducidos como el actual, agravando así la situación de liquidez de la compañía».
En aquella época se preveía la integración de Air Europa en Iberia, pero Saura defendió la ayuda con independencia o no de que se produjera esa fusión, finalmente frustrada: «Ya sea incorporándose a la estructura de IAG [la matriz de Iberia] o bien jugando el papel actual, Air Europa es una pieza clave para complementar la operación de Iberia en el hub y robustecer la importancia internacional del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas«. Y advirtió del riesgo de dejar quebrar a Air Europa, porque «Iberia por sí sola no será capaz de asumir por completo en el medio/largo plazo el rol de Air Europa en los diferentes mercados».
En aquella época, la mayoría de gobiernos europeos inyectaban ayudas en las aerolíneas y, según declaró en el Senado el pasado noviembre el ex consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo, la ayuda del Gobierno a su aerolínea no fue generosa. «La operación con Sepi no fue un rescate, fue el peor préstamo, con las condiciones más estrictas y desfavorables de las concedidas en Europa», aseguró. Fuentes del Ministerio de Transportes de la época corroboran que las condiciones de tipos de interés fueron «duras» y que se obligó a la aerolínea a cambiar de consejero delegado. En el acta del 9 de diciembre aparece que el Consejo Gestor decidió que el consejero delegado de Air Europa pasara a ser entonces Valentín Lago, destituido a su vez posteriormente en 2022.
El Tribunal de Cuentas no cuestiona el rescate, aunque de su informe sí afloran singularidades de las que ya informó este diario el pasado 13 de octubre. Fue un rescate cinco veces más rápido que la media de todos los que se tramitaron y se trocearon los 475 millones en dos préstamos para que ninguno de ellos superara los 250 millones. De ese modo, el Gobierno se aseguraba el control de las ayudas, porque por encima de esa cifra correspondía a Bruselas.
