Publicado: abril 22, 2025, 2:07 pm
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha propuesto este martes tras la celebración del Consejo Fiscal el nombramiento de cuatro nuevos fiscales de Sala: Violencia contra la Mujer, Seguridad Vial, Delitos Económicos y Delitos contra la Administración Pública.
Las designaciones, que tendrán que ser efectuadas por el Consejo de Ministros, han sido acordadas por García Ortiz tras la celebración de un Consejo Fiscal tenso, donde la mayoría de vocales han rechazado participar en el debate y votación del fiscal de Sala de Delitos contra la Administración Pública. El fiscal general ha propuesto para esa plaza al fiscal Emilio Jesús Sánchez Ulled, quien en la actualidad se encuentra en servicios especiales ya que desde junio de 2017 es consejero de Justicia en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas.
Según informan fuentes fiscales a EL MUNDO, los seis vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) se han negado a votar y a deliberar sobre la designación de esa plaza al considerar que concurre causa de abstención del fiscal general para el nombramiento de la misma.
Los vocales de la AF entienden que al fiscal de Sala de Delitos contra la Administración Pública le corresponderá «la coordinación de la actuación del Ministerio Fiscal en relación con el específico proceso penal actualmente en trámite de instrucción ante la Sala Segunda contra la persona que ostenta el cargo de fiscal general del Estado, en su calidad de investigado por un delito contra la Administración Pública». Se da la circunstancia de que el delito de revelación de secretos por el que se encuentra imputado García Ortiz -por la presunta filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso– se engloba entre los denominados delitos contra la Administración.
A los consejeros de la AF, se ha sumado la vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), María Teresa Gálvez, rechazando así siete de los 12 miembros del Consejo Fiscal participar en el citado nombramiento. Por su parte, el fiscal general ha defendido que no concurre causa legal de abstención en este caso.
Fuentes fiscales consideran que, bajo esta nueva figura de fiscal de la máxima categoría, fiscal de Sala coordinador de los Delitos contra la Administración Pública, se pretende poner en marcha «una fiscalía paralela» para que desde la Fiscalía General se ejerza «un mayor control» sobre los casos de corrupción más sensibles, es decir, una fiscalía que compita con Anticorrupción y que sea controlada por el fiscal general desde Fortuny.
Desde el gabinete de prensa de García Ortiz se sostiene, en cambio, que con esta nueva fiscalía de Sala se reforzará «la lucha contra la corrupción de manera complementaria a la Fiscalía Anticorrupción» y se pone énfasis en que esta unidad «no tendrá competencia jurisdiccional».
Por otro lado, Álvaro García Ortiz ha propuesto al actual fiscal de sala delegado de delitos económicos, adscrito a la sección penal de la Fiscalía del TS, Fernando Rodríguez Rey, como titular de la plaza de nueva creación. La fiscal superior de Asturias y delegada de violencia de género en dicha comunidad autónoma, María Eugenia Prendes, ha sido propuesta como fiscal de sala de violencia contra la mujer. Era la única aspirante al cargo en sustitución de Teresa Peramato, actual jefa de la Sección Penal.
Por último, para cubrir la vacante que dejó el fiscal de sala coordinador de seguridad vial Luis del Río tras su fallecimiento el pasado enero, García Ortiz ha designado al hasta ahora fiscal adscrito al fiscal de sala coordinador de Seguridad Vial Mario Jesús Sanz Fernández-Vega.
