Publicado: abril 18, 2025, 6:07 am
Ayer, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmaba de nuevo que España reconoce la soberanía del invasor Marruecos sobre el ocupado Sáhara Occidental. España, fundadora del Derecho internacional (Escuela de Salamanca), acepta un mundo sin reglas. Como Trump y los gobiernos autocráticos.
España abandonó la colonia el 28.02.1976 aceptando la invasión y ocupación por Marruecos, país al que el Dictamen de la Corte Internacional de Justicia de 1975 le negaba soberanía. A pesar de ese dictamen y de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, el dictador marroquí de entonces, el rey Hasan II, consiguió enredar con el censo electoral y la infiltración de marroquíes no saharauis para cambiar la composición poblacional y hacer imposible el referéndum.
Hasta Sánchez, los dos grandes partidos tuvieron políticas de no reconocimiento de la soberanía marroquí. Después se sumaron a la tesis blanda de la ONU que se resume en autonomía acordada con el Frente Polisario. No la autonomía unilateral ilegal que abraza Sánchez.
El plan marroquí de autonomía vacía es inaceptable tanto para los saharauis que viven en el Sáhara ocupado como para los que se refugian en el escaso territorio libre que conservan. Lo rechazan porque el rey de Marruecos conservará todas sus «prerrogativas constitucionales y religiosas» sin diluir un ápice sus poderes en el Sáhara.
En marzo de 2022 un comunicado en la web de la Casa Real marroquí y de su ministerio de Asuntos Exteriores daba a conocer parcialmente el contenido de una carta de Sánchez. El 18.03.2022, tras la presión interna, Moncloa publicaba un corto comunicado aceptando lo que decían ambas webs marroquíes.
La prensa del gobierno del Sánchez buscó adornar el cambio como un gran acuerdo permanente por el que Marruecos colaboraría para frenar la inmigración descontrolada y la apertura de las aduanas para mantener el intercambio de mercancías en Ceuta y Melilla.
La prueba de realismo pragmático mendicante de Sánchez: hoy, Ceuta y Melillas asfixiadas por el cierre indefinido de las aduanas. Entre 2023-2025 se ha disparado la inmigración ilegal marroquí y africana en general. Ya no invaden Ceuta o Melilla con miles de niños arrojados por Mohamed VI. Marruecos apunta a Canarias y a su desestabilización con la llegada descontrolada de la inmigración africana que arroja desde la costa occidental. El reconocimiento del Sáhara fue a cambio de entregar la última baza de España. No sabemos a cambio de qué para Sánchez.
Nunca hubo acuerdo entre iguales. Fue una imposición de Marruecos y un acto unilateral y personal de Sánchez al margen de las normas constitucionales y legales sobre política exterior. La Constitución reconoce al gobierno -no al presidente- la competencia de dirigir la política exterior (art. 97). El art. 98 precisa quien forma el gobierno: el Consejo de Ministros dirige y decide la política exterior (art. 5.1.c Ley 50/1997 y art. 6.1 Ley 2/2014). La Ley 2/2014 reconoce al presidente capacidad de dirigir (impulso y liderazgo) pero no de decidir los compromisos internacionales. La política exterior es una acción discrecional colegiada y no un poder absoluto individual. A Sánchez le basta con su voluntad, como en el absolutismo renacido de Trump.
Sabemos que el Consejo de Ministros nunca conoció ni autorizó la carta real marroquí aceptada por Sánchez como acto unilateral; sabemos que prescindió de las Cortes y de la oposición parlamentaria. Ni comentó con anteriores ex presidentes de gobierno. Sospechamos que no se notificó al Rey Felipe VI.
Solo hubo una mención en el Congreso el 8.6.2022: que «después de 47 años de ocupación marroquí» había que aceptar el ilícito. Doble rasero: Sánchez debería reconocer los territorios ocupados por Israel pues los ocupa ya durante casi 75 años. Sáhara y Gaza son dos varas de medir para el gobierno de Sánchez. ¿Por qué defender la noble causa palestina reconociendo a Palestina en 2024? Y Putin tendrá paciencia en Ucrania.
El Derecho internacional general en vigor no acepta el transcurso del tiempo para legalizar ilícitos: no es aceptable ni el principio de efectividad ni la prescripción adquisitiva y exige no reconocer el traspaso de soberanía en territorios invadidos (Resolución 2625/1970).
No sé si algún día sabremos qué oculta el acto unilateral, ilegal por partida doble (contrario al derecho español sobre sus poderes y al Derecho internacional que exige una autonomía acordada) y, además, secreto: no obligará a un posterior gobierno de España -como ya declaró Feijóo en el debate electoral cara a cara de 2023-.
Tampoco prevé derechos ni ventajas para los saharauis: condición que exige el Tribunal de Justica de la UE protegiéndoles de los anulados acuerdos entre la UE y Marruecos. Estableció que si no hay beneficios para los saharauis se debe obtener el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental (en varias sentencias de 2024, C-778/21 P y C-798/21 P y C-779/21 P y C-799/21 P). Y el etiquetado de sus productos debe «únicamente indicar el Sáhara Occidental como país de origen de esos productos, excluyendo cualquier referencia a Marruecos» (C-392/22). Bien claro.
España presume de juntar palabras al invocar «un mundo con reglas», pero cuando una regla molesta, como hace Trump y dictadores elegidos, Sánchez la descarta transgrediéndola de cualquier manera. He repetido que desde 1975 los diversos gobiernos de España viven bajo «el síndrome de Almanzor»: debo recordar que ni la ONU ni la Unidad Africana han aceptado sus pretensiones sobre Canarias, Ceuta, Melilla, Chafarinas y Peñones de Alhucemas y Vélez.
Fracasos exteriores múltiples de Sánchez: Trump no avisó en 2020 de su apoyo a un Sáhara marroquí. Marruecos nos zarandea y coacciona. Argelia tiende trampas y castiga sin aprovisionar gas barato. ¿Qué ha hecho Sánchez con la docena amplia de acuerdos políticos y algunos formales con Estados de África occidental para regular y controlar la inmigración desde 2006 mediante el enfoque integrado (desarrollo y vigilancia de fronteras)? ¿No hay explicaciones sobre el exitoso pasado del Plan África arruinado por Sánchez?
Cómo añoramos la España de Felipe González cuando éramos una potencia europea e hispanoamericana relevante, respetada muy por encima de sus capacidades reales económicas, territoriales o militares.
* Araceli Mangas Martín es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y ha sido catedrática de Derecho Internacional Público y RR.II. en las Universidades de Salamanca y Complutense.
