Publicado: abril 17, 2025, 10:07 am
La imagen de un cargo público sentado ante el juez no es una más. Suele adquirir especial trascendencia que quienes ocupan puestos de responsabilidad en la Administración se vean involucrados en asuntos de los tribunales, ya sea directa o indirectamente. Más aún si lo que se investiga en esas causas es materia sensible: malversación, tráfico de influencias, cohecho. Corrupción en último término. En los últimos meses, sin embargo, esa imagen se ha repetido más de lo habitual. La testifical del ministro Félix Bolaños, ayer, es la última de una serie de declaraciones de cargos públicos en los tribunales que suma ya 47 citaciones, entre imputados (21) y testigos (26). Todas ellas enmarcadas en las cuatro causas judiciales que, desde hace un año, envuelven al entorno del presidente del Gobierno.
El caso Koldo, en todas sus vertientes -una parte se investiga en la Audiencia Nacional y otra, dada la condición de aforado del ex ministro José Luis Ábalos, en el Supremo-, es la causa que a más cargos públicos ha hecho desfilar por los juzgados. Mantiene imputados a seis, tres de ellos en el Alto Tribunal: el propio Ábalos, su ex asesor Koldo García y la ex mujer de este, Patricia Úriz, que ejercía como secretaria del ministro. A ellos se suman otros tres cargos asociados a esa cartera que tuvieron que declarar como investigados en la Audiencia Nacional: el que fuera secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares; el ex subsecretario de Estado de Transportes, Jesús Manuel Gómez; y el ex jefe de personal de Adif, Michaux Miranda. Los tres fueron destituidos por el actual ministro, Óscar Puente.
En calidad de testigo fueron llamadas otras 14 personas que ocupan -u ocupaban- cargos de la Administración. Entre los nombres más destacados están el jefe de Gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero, Carlos Moreno; la ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera; la ex secretaria de Ábalos, Ana María Aranda; y el ex presidente de Puertos, Francisco Toledo. A ellos se suman tres altos cargos del Ministerio de Transportes, dos de Interior, tres más de Adif y otro par de Puertos.
Con el caso Koldo ya en el foco mediático saltaron las primeras informaciones sobre la causa hoy abierta a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Seis cargos públicos se han sentado ante el juez Juan Carlos Peinado en el marco de este caso. Como investigados lo han hecho Cristina Álvarez, asesora de Moncloa que ejercía las funciones de secretaria personal de Begoña Gómez -se analiza si pudo asistir a la esposa del presidente también en sus negocios privados-, y Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid. Y, como testigos, a la declaración de ayer del ministro Bolaños se suman las del ex vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno, Alfredo González -quien tramitó el nombramiento de la asesora de Gómez-, y las de dos altos cargos de la Complutense. Además, comparecieron en esta causa el propio Pedro Sánchez -testigo- y su esposa -investigada-. Solo Bolaños y el presidente pudieron declarar fuera de los juzgados, al desplazarse el juez Peinado hasta La Moncloa.
La causa por la que el Supremo mantiene imputado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es el tercero de los casos que han llevado a cargos de la Administración hasta los tribunales. En el marco de este procedimiento lo han hecho seis: dos investigados -el fiscal general y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez– y cuatro testigos. En calidad de esto último se han sentado ante el juez la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y dos cargos estrechamente vinculados con La Moncloa: la ex jefa de Gabinete del hoy ministro Óscar López, Pilar Sánchez Acera; y el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallès. Y, en esta causa, tuvo que testificar también el que fuera líder del PSOE madrileño, Juan Lobato.
El último de los casos judiciales que envuelven al entorno del presidente del Gobierno es el que afecta a su hermano, David Sánchez, imputado por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Son 15 los cargos y ex cargos públicos que han sido llamados por la jueza Beatriz Biedma en el marco de esta causa, 11 de ellos como investigados. Bajo esta condición, además de David Sánchez, han sido convocados a declarar otros nombres de relevancia, como el ex asesor del área de Presidencia de Moncloa, Luis Carrero, y el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo. A ellos se suman, también como investigados, otros socialistas que ocuparon puestos en la Diputación de Badajoz -por ejemplo, los ex delegados de Cultura Francisco Martos y Cristina Núñez– y el líder del PSOE en esa ciudad. Cuatro cargos públicos más -directores de los conservatorios de música implicados en el caso y otra persona de la Diputación- han declarado en calidad de testigo en esta causa.
Con todo ello, son 47 los cargos de las distintas administraciones llamados a declarar ante los jueces en las cuatro causas que apuntan al entorno de Sánchez. La mayoría de ellos vinculados al PSOE o al Gobierno. Además, otras causas, como el caso Tito Berni, dejan más nombres de socialistas ante los tribunales.
A quienes, en el último año, han hecho el paseíllo por los juzgados por los casos que rodean al presidente del Gobierno se suman los que han desfilado por la comisión de investigación del Senado que estudia el caso Koldo: los ministros Óscar Puente, Luis Planas, Ángel Víctor Torres y Fernando Grande-Marlaska; Koldo García, dirigentes de Adif, Puertos, Tragsa… Y otros que aún tienen pendiente esa cita.
